El Gobierno nacional fue a la Corte para intentar reflotar el suspendido capítulo laboral del DNU
El Gobierno nacional redobló la apuesta contra la Confederación General del Trabajo (CGT) y busca reflotar el suspendido capítulo laboral del DNU de desregulación económica, suspendido por la Justicia. Tras una serie de intentos fallidos, ahora se presentó con un planteo ante la Corte Suprema para que valide los cambios dispuestos por el presidente Javier Milei en acuerdo de ministros.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por el abogado y ex cortesano Rodolfo Barra. El recurso de cerca de 40 páginas presentado en las últimas horas contiene una critica a la Justicia laboral, que suspendió el capítulo laboral y a la CGT, que promovió la acción judicial en contra de esas medidas que flexibilizan aspectos clave de las relaciones laborales.
En su presentación, los abogados de la Procuración argumentaron que «no surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora».
También señalaron que «tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar».
Los detalles del escrito
Con el escrito, el Gobierno reafirmó la legalidad respecto del DNU 70/2023 que generó un aluvión de quejas en la Justicia de diversa índole, en sintonía con la diversidad de temas en los que introduce modificaciones. En ese marco, en el escrito, los abogados de la Procuración señalaron que se trata de un instrumento que no está sujeto a revisión de la Justicia, sino que el Poder que debe revisarlo debe ser el Legislativo. Paradójicamente, en el Senado hay quejas de la oposición porque el oficialismo no habilita su tratamiento.
«Si fuera voluntad del Congreso de la Nación dejar sin efecto o modificar lo establecido en el Decreto 70/23 lo podrían hacer sin ningún impedimento porque, actualmente, el trámite del DNU se encuentra en su ámbito para su tratamiento», dice el escrito, según consignó NA.
A lo largo del documento presentado ante la Corte Suprema hay críticas a la Justicia laboral y a la CGT, que promovió la acción.
Pero para el Gobierno también resulta de importancia reafirmar sus facultades de dictar ese tipo de herramientas. Es decir, volvieron a justificar el dictado de una medida de ese estilo ante un escenario de necesidades y urgencias. «La imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual es de valoración estrictamente política», agregaron.
«El Presidente fue elegido por la mayoría del pueblo argentino para ejercer como Jefe Supremo de la Nación y Jefe del Estado. (…) Coartar sus atribuciones, tratando de imponerle un modelo de gestión, no es solo ir en contra de la voluntad popular, sino que, también, va en contra de la validez del texto constitucional y los principios que surgen del mismo», dice otro de los párrafos.
Las quejas del Gobierno contra la Justicia y la CGT
La Cámara Nacional del Trabajo había declarado la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral contenido en el Título IV del DNU 70/2023, a raíz de una presentación realizada por la CGT, argumentando que las reformas en materia laboral incluidas en el DNU eran contrarias al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
«Corresponde señalar que el Tribunal a quo (Cámara del Trabajo) toma un elevado e injustificado piso de ponderación respecto a la necesidad y urgencia que habilita al PEN a emitir un DNU. Tenga presente que la norma emitida y el proyecto de ley enviado pretenden modificar el marco regulatorio actual y el rol que debe tener el Estado», argumentaron.
Y añadieron: «A modo de ejemplo, por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa».
Con esta movida, el Gobierno también pone a la Corte Suprema en el escenario de resolución de la controversia desatada alrededor del DNU. Vale recordar que ya hay pendiente de resolución una acción de amparo presentada por la provincia de La Rioja en contra del mismo DNU. Los supremos no tienen tiempos establecidos para tomar una decisión sobre el tema.
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