Primer golpe al Gobierno en una sesión caliente: la oposición rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad
Con el apoyo de antiguos aliados de La Libertad Avanza (LLA), la oposición en Diputados logró insistir con dos tercios la ley de emergencia en discapacidad que vetó Javier Milei, una norma que cosechó un fuerte respaldo social con marchas y movilizaciones en distintos puntos del país y, este mismo miércoles, en las inmediaciones del Congreso.
El recinto debatía, a continuación, la insistencia al aumento jubilatorio del 7,2% que eleva el bono de $70.000 a $110.000 y fija actualizaciones por inflación. Se trata de una ofensiva opositora que, hasta el momento, dejaba inertes a los diputados libertarios y a sus aliados de Pro, entre otros pocos que respaldaron a Milei.
Los 172 que votaron a favor de la emergencia en discapacidad se conformaron a partir de los bloques críticos, impulsores de la ley, pero también con los “heridos” que dejó el oficialismo en el cierre de listas nacionales. Hubo 73 rechazos y dos abstenciones, de las legisladoras bonaerenses de Pro María Eugenia Vidal y Gabriela Besana.
Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, de LLA, apoyaron la insistencia. También Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID), cinco diputados de Pro -Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González, Ana Clara Romero y Karina Bachey- y diez de la UCR: Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Fabio Quetglas, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Roxana Reyes, Roberto Sánchez, Martín Tetaz y Natalia Sarapura. Se trata, en su mayoría, de dirigentes que -pese a que lo intentaron- no conciliaron un acuerdo electoral con los libertarios.
La decena de ausentes -que facilitaron a la oposición la obtención de los dos tercios-, ls integraron tres libertarios: Gerardo González (Formosa), Florencia Klipauka (Misiones) y Alberto Arancibia (San Juan) que no pudieron meter la cuchara en el armado de las listas en sus provincias. Se les sumaron Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas -ambas de Pro-, tres legisladores de UP, Atilio Benedetti (UCR) y Manuel Aguirre (Democracia).
Se trata de un nuevo revés para la administración libertaria, que ve desafiado como nunca el corazón de su política económica, el superávit fiscal, uno de sus emblemas para enfrentar la campaña electoral, que ya está en marcha. Con este golpe, el Presidente ve resquebrajarse el escudo legislativo que había mostrado bajo la consigna de “los 87 héroes”.
Ahora la pulseada se traslada al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso que en la Cámara baja.
La ley, sancionada a principios de julio, actualiza los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Además, dispone que las pensiones por invalidez laboral ya vigentes se transformen automáticamente en esta nueva pensión por discapacidad, con el acceso garantizado a un programa de atención médica. También apunta a regularizar las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores.
El Gobierno objetó el costo fiscal de la medida. En el decreto de veto calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Según sus argumentos, el grueso del gasto proviene de la ampliación del universo de beneficiarios de la pensión, que alcanzaría a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), unas 1,5 millones de potenciales titulares.
Solo las nuevas pensiones demandarían en 2025 más de $2,1 billones (0,26% del PBI) y casi $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A ello se sumaría la incorporación de los beneficiarios al Programa Incluir Salud, con un costo adicional de $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026, más una compensación de $278.323 millones por la actualización de aranceles en el primer año.
Los números, sin embargo, no coinciden con los de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que calculó un impacto más acotado, de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). Según la OPC, si se aplicara únicamente la emergencia en discapacidad, sin los ajustes en la movilidad jubilatoria ni el pago de bonos adicionales, el costo se reduciría a un rango de entre 0,26% y 0,46% del PBI.
