Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo
La Legislatura dio otro paso en la lucha contra el narcomenudeo, política que es estandarte de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. Se aprobó en la sesión de ayer una modificación a la Ley de Protección de Testigos (7.860), para crear en dicha norma un régimen especial de protección integral de testigos en causas vinculadas a la venta de drogas en menor escala. Se busca de este modo garantizar la seguridad, el anonimato y la integridad física, psicológica y social de personas que colaboren en causas judiciales de estos delitos, así como de sus familiares.
La iniciativa impulsada por el legislador Carlos Najar sobresalió entre la docena de temas que se trataron en la sesión de ayer, que fue presidida por el presidente subrogante, Sergio Mansilla. La propuesta del presidente de la comisión de Seguridad y Justicia se presentó también con las firmas de sus pares del comité: Gerónimo Vargas Aignasse, Ricardo Bussi, José Cano, Matías Figueroa y Maia Martínez.
El talitense expuso en el recinto que se trata de una herramienta extra para tener la contundencia necesaria de modo que, quienes delinquen, puedan ser condenados. “Busca blindar al sistema”, remarcó.
Entre las modificaciones sancionadas está la incorporación de un artículo 11 en la norma, en el que se detalla que estarán comprendidas en el régimen: las personas que hayan testificado o denunciado hechos vinculados al narcomenudeo, conforme a las leyes 23.737 (nacional) y 9.188 (provincial); los denunciantes de redes locales de comercialización; y los familiares convivientes o directos del testigo principal.
A su vez, con el dictamen sancionado se incluye un artículo 12 que reza que el juez competente podría disponer de medidas como: omisión de datos personales en toda documentación pública o judicial; declaración mediante videoconferencia con distorsión de imagen y voz; exclusión de público en audiencias; prohibición expresa de difusión de la identidad del testigo; medidas de resguardo físico, custodia, relocalización y subsidios; y asistencia médica, psicológica, legal y social integral.
El parlamentario Vargas Aginasse, por su parte, remarcó que la nueva herramienta para el Poder Judicial va en la misma dirección que se inició en el 2020 con el nuevo Código Procesal Penal (8.933), para cerrar la puerta giratoria. Remarcó que cada quiosco de droga es una célula delictiva instalada en un barrio popular del conurbano de la ciudad, y que se va extendiendo cada vez más en el Tucumán profundo. “Dar esta herramienta que permita fundamentalmente a familiares de adictos de este flagelo poder avanzar con denuncias desde la cobertura anónima es un gran paso y una gran herramienta”, expuso.
Jaldo vetó la ley que promovía los autos eléctricos
El gobernador Osvaldo Jaldo vetó en forma total el proyecto de ley sancionado por la Legislatura en la sesión anterior, que establecía un régimen de exención y reducción progresiva del Impuesto a los Automotores y Rodados para vehículos eléctricos e híbridos. El objetivo de la norma, que fue impulsada por la radical Silvia Elías de Pérez, era fomentar la producción, comercialización y uso de estas unidades en toda la provincia.
Mediante el Decreto N° 2815/13 (MEyP), que también firmó el ministro Daniel Abad (Economía y Producción), se fundamentó en la incompatibilidad de la iniciativa con la estrategia provincial de transición energética. Según lo expuesto, Tucumán ha definido una política pública clara orientada a los biocombustibles, en particular al bioetanol producido a partir de la caña de azúcar.
La parlamentaria opositora se expresó en desacuerdo con la determinación que tomó el Poder Ejecutivo y lo dejó saber en el debate de ayer, al respaldar una iniciativa para promover el turismo sostenible y sustentable en la provincia (impulsada por Francisco Serra), con el fin de desarrollar las economías regionales garantizando el equilibrio con los recursos naturales. Al hacer uso de la palabra, reprochó que el Gobernador haya vetado la ley para promover el uso de autos no contaminantes y que, anteriormente, haya hecho algo similar con un proyecto para una ley de guardaparques.
La propuesta vetada establecía una exención total del impuesto a la patente durante los dos primeros años desde la inscripción del vehículo eléctrico o híbrido, con un aumento paulatino lo años siguientes.
