Discapacidad: suben hasta 35% las prestaciones y restituyen las pensiones suspendidas
La Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS) anunció un aumento de entre 29% y 35% en los valores del nomenclador nacional que regula las prestaciones a personas con discapacidad. El ajuste, que se aplicará entre octubre y diciembre, busca garantizar la continuidad de los servicios y acompañar la evolución de los costos del sector.
La medida fue aprobada tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas, integrada por ANDIS, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Según informaron fuentes oficiales, la decisión se concretó mediante una resolución administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que otorgó una partida presupuestaria adicional para financiar los incrementos.
El nuevo esquema de actualización contempla diferentes porcentajes según el tipo de prestación, con subas que alcanzarán hasta el 35% acumulado hacia fin de año. Los beneficiados incluyen instituciones y profesionales que brindan servicios de internación, transporte, apoyo educativo, rehabilitación y atención médica.
Reacción del sector y contexto del reclamo
El incremento llega tras meses de reclamos de prestadores y organizaciones que denunciaban la falta de actualización de los aranceles, cuyo último ajuste había sido de apenas 0,5% en diciembre de 2024. Esa demora generó cortes de servicios, cierres de centros de atención y atrasos en los pagos.
Diversas agrupaciones, entre ellas el Foro Permanente de Discapacidad, se manifestaron frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir un aumento mayor y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé un ajuste del 70%.
Desde el Gobierno señalaron que la medida busca «otorgar previsibilidad al sistema y reconocer el trabajo de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días».
La Justicia ordenó restituir pensiones
En paralelo, el Juzgado Federal N°2 de Catamarca dictó una medida cautelar de alcance nacional que obliga a la ANDIS a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas y a pagar los montos retroactivos. El fallo ordena además abstenerse de realizar nuevas bajas o auditorías en el marco del Decreto 843/2024, que había elevado al 66% el umbral de incapacidad laboral para acceder al beneficio.
La resolución judicial responde a una acción de amparo impulsada por el Defensor del Pueblo de Catamarca y organizaciones como APYFaDiM, la Asociación Azul, el CELS, ACIJ y la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata.
De acuerdo con datos oficiales, la ANDIS envió 997.654 cartas documento a beneficiarios, pero más de la mitad —504.802— no fueron entregadas. Antes del fallo, se habían suspendido 111.463 pensiones.
Regularización administrativa y cumplimiento legal
La ANDIS también rectificó la Resolución 12.621/2025 para garantizar la correcta publicación en el Boletín Oficial de las normas relacionadas con las pensiones no contributivas. El interventor del organismo, Alejandro Vilches, firmó la disposición que subsana la omisión formal y refuerza los mecanismos de transparencia.
Con la restitución de las pensiones y la suba del nomenclador, el Gobierno intenta recomponer un sistema que atraviesa tensiones financieras y judiciales. Las nuevas disposiciones buscan asegurar la continuidad de los servicios y el cumplimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad en todo el país.
