El Gobierno de Venezuela libera a 99 presos políticos en plena escalada de tensión con Estados Unidos
Un total de 99 personas detenidas en el contexto de las protestas por las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela han sido puestas en libertad en la madrugada de este jueves, día de Navidad, “como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el dialogo y la justicia”, según informó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram. Unas horas antes, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad había cifrado en 71 los liberados.
En plena escalada de tensión con Estados Unidos, esta es la liberación de presos políticos más grande que hace el régimen de Nicolás Maduro en varios meses. La última medida de gracia contra activistas opositores que hizo Maduro tuvo lugar el pasado 13 de agosto, cuando 13 presos políticos salieron de prisión con medidas judiciales sustitutivas.
El colectivo de madres, antes de la información oficial del servicio penitenciario, detalló en una nota de prensa que han sido excarcelados 65 hombres recluidos en el penal conocido como Tocorón, en el Estado Aragua (norte), así como tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y tres adolescentes en La Guaira (norte). El comité celebró las excarcelaciones aunque consideró que es un logro “insuficiente”, por lo que exigió “la libertad plena” de todos los detenidos tras las elecciones de julio del año pasado a través de una amnistía general.
Las excarcelaciones de este jueves también fueron confirmadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de los detenidos. En un largo mensaje, el colectivo publicó los nombres de nueve de los liberados, ninguno de ellos dirigentes o activistas conocidos. “Cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza. Exigimos libertad para todos los que aún siguen detenidos por razones políticas en Venezuela. Seguimos por todos”, dice el mensaje de la ONG.
A primera hora de la tarde no se había informado todavía sobre el resto de los excarcelados. Sí trascendió que la mayoría habían sido arrestados por participar en las protestas que tuvieron lugar en Venezuela en agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales en las que Maduro proclamó su victoria y la oposición y organismos internacionales denunciaron fraude y proclamaron el triunfo de Edmundo González como presidente. González vive hoy exiliado en España y la principal líder opositora Venezolana, María Corina Machado, abandonó recientemente su refugio en Caracas para recibir en Oslo, Noruega, el Nobel de la Paz 2025.
En el contexto de las protestas contra el fraude electoral de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas —la mayoría de ellas ya excarceladas— y acusadas de “terroristas”, según la Fiscalía, pero varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos. El Ejecutivo de Maduro asegura, por su parte, que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón reconoce el impacto positivo de la medida, pero la describe así: “Es claramente insuficiente si se compara con las 1.085 [personas] privadas de libertad por motivos políticos que constan en nuestros registros”. La asociación civil añade que “la liberación parcial de personas detenidas arbitrariamente no corrige la ilegalidad de fondo”. “Más de mil personas siguen en prisión de manera injustificada.”
Durante estas semanas, la policía política del país ha endurecido sus procedimientos contra la disidencia, llevando a la cárcel a más opositores conforme aumenta el asedio estadounidense a las costas venezolanas. Los últimos arrestados han sido el politólogo Nicmer Evans; los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo; y el activista político Melquíades Pulido.
La semana pasada, en un caso que produjo un enorme impacto público, el adolescente Gabriel Rodríguez, estudiante y menor de edad, fue condenado a 10 años de prisión bajo el cargo de “terrorismo” por su participación en las protestas populares de agosto del año pasado. La ONG Foro Penal calcula, por su parte, que en el país hay poco más de 800 prisioneros políticos.
“La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”, subrayó el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios. En octubre pasado, las madres de los detenidos indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo, por lo que pidieron entonces la revisión de los casos de sus hijos./ElPaís
