Tras la reunión de su mesa chica, la CGT anticipó que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral
La mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este miércoles y definió que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral. También confirmaron que harán una movilización el lunes a los Tribunales de Plaza Lavalle.
“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial respecto de lo que creemos inconstitucional dentro de este proyecto de ley”, detalló Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la central obrera, al salir de la reunión.
“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial respecto de lo que creemos inconstitucional dentro de este proyecto de ley”, detalló Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la central obrera, al salir de la reunión.
Con ese escenario, en el que la vía parlamentaria aparece cerrada, la conducción sindical decidió que no convocará a un nuevo paro general, como pedían los gremios combativos. La evaluación interna es que una huelga en la antesala de una votación que dan por encaminada tendría bajo impacto en la votación del Senado y alto costo político.
La discusión pasará entonces por la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley en caso de que sea sancionada. Será el principal instrumento para cuestionar artículos que, según sostienen, vulneran derechos consagrados en la Constitución.
El dato político es que tampoco habrá una huelga impulsada por los sectores más duros. Los gremios combativos optaron por organizar una movilización al Congreso este viernes, día de la sesión en el Senado, sin paro nacional, lo que expone una diferencia táctica, pero evita una ruptura formal con la CGT.
Sola también remarcó que “desde mayo del año pasado se ha duplicado la inflación” y anticipó que en las paritarias que comenzarán a partir de marzo habrá “espacio de negociación y de lucha”.
La vía judicial como estrategia central
En la CGT sostienen que la reforma vulnera principios constitucionales básicos en materia laboral. Entre los ejes que analizan los equipos jurídicos sindicales —que trabajan hace semanas sobre el texto— para la presentación judicial figuran el principio de protección del trabajador consagrado en el artículo 14 bis y la no regresividad de los derechos sociales.
“Tiene varios puntos que afectan derechos individuales y derechos colectivos, que alteran la representación gremial, pero también los derechos individuales”, detalló Sola.
También explicó que desde la central obrera hicieron “el esfuerzo necesario” para que no se avanzara con la sanción de la ley, con reuniones con gobernadores, diputados y senadores, pero reconoció que “no ha alcanzado” y cuestionó que “las coincidencias que algunos de ellos tuvieron no se han mantenido en el debate y han votado a favor de esta ley”, en un reclamo directo a los senadores y diputados peronistas que habilitaron el quórum y luego acompañaron el proyecto libertario.
“Nos queda llevar la petición al Poder Judicial para que vea la inconstitucionalidad de la ley”, insistió. Sin embargo, advirtió que no terminarán sus reclamos en la presentación judicial, sino que el “plan de acción va a seguir”, a medida que se implemente la reforma laboral y que se sostenga la “gran caída de puestos de trabajo” y el “cierre de pymes”.
La central obrera apunta especialmente a los cambios vinculados con el derecho de huelga, la ampliación del período de prueba y la posibilidad de modificar esquemas indemnizatorios a través de convenios colectivos. También cuestiona la redefinición de conceptos salariales que podrían impactar en el cálculo de indemnizaciones.
El planteo se preparará para ser presentado ante con la intención de que se declare la inconstitucionalidad de la ley. En la conducción cegetista admiten que la Corte Suprema podría no frenar la norma en bloque y que muchos planteos deberán resolverse caso por caso. Aun así, consideran que la judicialización es el único camino con chances de impacto institucional una vez agotada la instancia legislativa.
Sin paro y con movilización de los gremios combativos
La decisión de no convocar a un nuevo paro general se tomó porque en la mesa chica de la CGT coinciden en que el último cese de actividades dejó una señal política y que repetir la medida no modificaría el resultado legislativo.
En cambio, los gremios alineados en el espacio más combativo, agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que en las últimas semanas presionaron por una postura más dura, resolvieron avanzar con una movilización al Congreso. La protesta no incluirá huelga, aunque algunos sindicatos podrían adoptar medidas propias, como ya lo anunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La postura de la CGT busca evitar una nueva exposición de diferencias internas entre el sector dialoguista y el ala dura del sindicalismo y pretende ordenar la estrategia en torno de la judicialización y preservar margen de acción para el escenario posterior a la eventual sanción de la ley.
Además, algunos dirigentes sindicales anticiparon que, si la ley es aprobada, buscarán exponer a los senadores que acompañen la iniciativa, en especial a aquellos vinculados al peronismo. Consideran que la reforma implicará un retroceso en derechos laborales y que el costo deberá asumirse en el plano político.
