Imputan a dos secretarias en la causa contra el comisario que hacía trabajar a presos en El Cadillal
Dos mujeres policías (de 30 y de 53 años), quienes se desempeñaban como secretarias del ex jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Javier Beltrán, fueron imputadas por el delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública, en calidad de autoras, por el hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2025. Se trata de la causa penal en que se investiga a los miembros de la fuerza por haber empleado bienes estatales y haber usado a cuatro penados para realizar trabajos de albañilería en la casa de El Cadillal del ex jefe de la URN. El escandaloso caso salió a la luz el 11 de noviembre de 2025 a raíz de una denuncia anónima que recibió el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.
Por instrucciones de la titular de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, Mariana Rivadeneira, el auxiliar de fiscal, Federico Lizárraga, expuso el delito endilgado y las evidencias. En cuanto a las medidas, se pidió para ambas las de menor intensidad por el término de tres meses que fueron autorizadas por el juez interviniente. “Habiendo tomado conocimiento del inicio de la investigación por el delito de peculado en contra de sus superiores (Gustavo Javier Beltrán y Sergio Marcelo Juárez), anticipándose a la llegada del Ministerio Fiscal a la Unidad Regional Norte (URN), se presentaron en la oficina del primer y segundo jefe respectivamente y retiraron objetos de su interior que podrían haber sido de interés para la investigación”, indicó Lizárraga sobre la acusación en contra de la cabo y de la sargento ayudante. Además de Beltrán y Juárez permanecen presos Edim Roberto Ale Nasser y Fabiana Elizabet Villagrán, jefe de infantería y jefa de personal de la URN, respectivamente.
En tanto, otros tres empleados policiales se encuentran con medidas de menor intensidad, a los que se sumarán las nuevas imputadas.
La acusación
Según la acusación, desde agosto de 2025 hasta el pasado 11 de noviembre, Beltrán, sin solicitar autorización ni efectuar comunicación alguna a la autoridad judicial competente, dispuso el traslado de los detenidos José Daniel Sarapura, Lorenzo Miguel Romano, Juan José Santillán y Miguel Adolfo Navarro , quienes estaban alojados en las comisarías de Chuscha y de Choromoro, hacia la dependencia de la Unidad Regional Norte, ubicada entre calles 9 de Julio y Monteagudo de Tafí Viejo, sin registrar dicho movimiento en los libros de la dependencia, para hacerlos trabajar en tareas de albañilería, pintura y herrería en la propiedad. Los cuatro, junto con los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, habrían sido trasladados en móviles policiales hacia El Cadillal.
A comienzos de marzo fueron procesados los comisarios Ale Nasser y Villagrán. Según el auxiliar de fiscal Lizárraga, Ale Nasser “acondicionó las instalaciones de Infantería Norte, lugar que no se encontraba habilitado para el arresto de detenidos. Para ello proveyó de personal policial para la custodia permanente de los detenidos en el salón de Infantería URN, para que pudieran recibir la visita de sus familiares; como así también móviles y efectivos policiales a su cargo para los traslados de los presos, herramientas y materiales al inmueble del comisario Beltrán, ubicado en El Cadillal”.
Con respecto a Villagrán, informó que la comisaria se habría encargado de organizar y coordinar la salida de Tiseira y Trejo junto a Sarapura, Romano, Santillán y Navarro, a la casa de Beltrán en El Cadillal. “También se encargaba de transmitir las indicaciones de Beltrán y de registrar falsamente todo movimiento del personal policial como misión de servicio. Además les indicaba a los detenidos qué trabajos debían realizar”.
El representante del MPF acusó a Ale Nasser de ser partícipe necesario del delito de peculado de uso y de servicio, y de ser autor de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración pública. A Villagrán la imputó como partícipe necesario del delito de peculado de uso y de servicio y como autora de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de falsificación de instrumento público, en perjuicio de la administración pública./LaGaceta
