Tolerancia cero contra las amenazas de tiroteo: Jaldo autorizó aprehensiones y expulsiones de estudiantes
El Gobierno de Tucumán endureció las medidas preventivas y las consecuencias contra quienes sean hallados responsables, como respuesta a las amenazas de tiroteos que aparecieron pintadas en los baños de colegios de la provincia.
El gobernador Osvaldo Jaldo instruyó al Ministerio de Seguridad y a la Policía a intensificar las acciones preventivas, de disuasión e intervención, dentro o fuera de los establecimientos educativos, así como la expulsión y aprehensión de los alumnos que participen de los actos de inconductas, con traslado al Instituto Padre Brochero, de Benjamín Paz. Además, estableció que los padres y tutores serán responsables de las conductas de los menores, y advirtió que los establecimientos educativos pueden perder los subsidios del Estado si no se hacen cargo del cuidado de los estudiantes.
La determinación fue tomada este miércoles por Jaldo, mediante el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad que conduce Eugenio Agüero Gamboa. En el instrumento se citó a los Decretos N° 1290/1, de fecha 9 de mayo de 2024 y Decreto N° 1533/1, de fecha 27 de mayo del mismo año, por los cuales se dispusieron medidas de prevención, disuasión e intervención por peleas callejeras de estudiantes. Se mencionó que mediante estos decretos se logró preservar y resguardar la seguridad pública, así como evitar muertes o lesiones de participantes y otras personas.
«Enérgicas medidas»
En el decreto se consignó que los hechos recientes muestran situaciones de similares características, sumadas a amenazas de bomba y de tiroteos que provocaron estado de alerta en diversas instituciones educativas de la Provincia. “Corresponde adoptar enérgicas medidas sancionatorias sobre tales”, se señaló.
En ese sentido, el mandatario ratificó la instrucción que se impartió en 2024 a Seguridad y a la Policía para adoptar las medidas preventivas de seguridad que fueren necesarias. “Tomar intervención y trasladar a quienes pongan en peligro el orden público o ante situaciones de desorden o amenazas, actos de vandalismo u otro tipo de afectaciones al normal desarrollo de las actividades educativas dentro y fuera del establecimiento”, se precisó en el primer artículo.
A su vez, en el decreto se plasmó que las autoridades y directivos de los establecimientos educativos -de gestión pública o privada- serán responsables de la preservación y cuidado de sus alumnos. “En caso de incumplimiento, perderán los subsidios o aportes que reciban del Estado provincial”, advirtió. También se instruyó al Ministerio de Educación a adoptar las medidas correctivas necesarias, “incluida la expulsión del sistema educativo durante el corriente año”, contra los alumnos que pongan el peligro el normal desarrollo escolar.
El gobernador dejó en claro que no tendrá tolerancia ante las amenazas de tiroteos. Señaló que los padres y tutores serán responsables ante la Justicia por las conductas de los menores a su cargo. A su vez, dispuso que de los menores que la Justicia halle como autores o partícipes sean trasladados al Instituto Padre Brochero, en la cárcel de Benjamín Paz.
La normativa ya se encuentra en vigencia y se espera que su aplicación tenga impacto inmediato ante los casos que se conocieron este miércoles en los colegios Guillermina y San Francisco./LaGaceta
