Dictan prisión preventiva para los dos detenidos por la venta de drogas sintéticas

El caso de la venta de éxtasis y otros estupefacientes sintéticos descubierto el sábado en la capital tucumana, tuvo su punto de partida en un accidente de tránsito ocurrido hace casi dos meses en la ciudad de Yerba Buena.

El 10 de abril, Enrique Sánchez Loria (36) protagonizó un siniestro vial en la avenida Aconquija, de Yerba Buena. Ese fue el principio del fin. Al asistirlo, los policías que intervinieron encontraron en su mochila cinco tubos con una sustancia que podría tratarse de droga sintética. Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas confirmó la sospecha y, a partir de ese momento, se inició una causa judicial.

La policía comenzó a seguir los pasos de Sánchez Loria, montó tareas de vigilancia mediante las cuales comprobaron que el sospechoso entregaba personalmente la sustancia que comercializaba, ya fuera en la vía pública o en el interior del edificio ubicado en Jujuy al 200.

“Los investigadores también entrevistaron a varios de sus vecinos. Ellos, en un primer momento, no querían hablar porque lo consideraban una persona peligrosa”, sostuvo la auxiliar fiscal Elina González durante la audiencia de formulación de cargos realizada ayer.

“También confirmaron que tenía como clientes a personas de alto poder adquisitivo, vinculadas al ambiente de las fiestas electrónicas”, agregó la representante del Ministerio Público

Allanamiento
Los investigadores presentaron los resultados de sus tareas al fiscal José Sanjuán, que solicitó autorización para allanar el departamento del sospechoso. El pedido fue aceptado por la jueza Ana María Iácono y la medida se concretó el pasado sábado.

Cuando los policías estaban por ingresar al inmueble, se toparon con un supuesto cliente del acusado. El hombre entró al edificio, realizó una transacción y luego salió. Al demorarlo, los efectivos descubrieron que llevaba una sustancia que tenía consignado el nombre de otra persona, la dirección donde supuestamente debía entregarla y la suma de $34.000, que podría corresponder a su valor. Por esa razón, los investigadores sospechan que Nicolás Avellaneda, quien dijo trabajar en una empresa de seguridad privada, habría tenido algún grado de participación en la operatoria.

Al ingresar al departamento, los efectivos encontraron, entre otras sustancias, 458 pastillas de éxtasis, más de 600 tubos Eppendorf (recipientes utilizados para dosificar drogas sintéticas), cinco frascos de ketamina líquida y 29 troqueles de LSD, conocidos popularmente como “pepas”. La auxiliar González valuó la droga secuestrada en al menos $60 millones. Además, destacó que también se incautaron $5 millones, U$S700 y cuatro reales.

Sánchez Loria, señalado como líder de la organización, tenía en su poder varias bolsas con distintas cantidades de éxtasis. Los envoltorios presentaban rótulos con el nombre del supuesto comprador y su dirección o número de celular, por lo que los investigadores sospechan que las entregas se realizaban a través de un cadete o que los clientes retiraban la sustancia directamente en el domicilio.

Vale la pena aclarar que por las lesiones que sufrió en el percance, no habría podido mantener el sistema de reparto.

La resolución
La audiencia tuvo un inicio inesperado. Los defensores Jorge Montalván Rentería (asistió a Sánchez Loria) y Maximiliano Mavsovich (representó a Avellaneda) plantearon que la investigación se había iniciado de manera ilegal. Ambos argumentaron que, tras el accidente, los policías abrieron la mochila del principal acusado sin autorización, vulnerando sus derechos constitucionales. Solicitaron la exclusión de esa prueba, en un intento por cuestionar el origen de la causa.

“Soy solamente un consumidor. No tengo nada que ver con la venta de estas sustancias”, sostuvo Avellaneda. Por su parte, Sánchez Loria no declaró sobre la acusación, aunque sí afirmó que su consorte de causa no tenía ninguna vinculación con los hechos. “A mí me abrieron la mochila sin mi autorización”, remarcó en más de una oportunidad.

González solicitó que se les dictara prisión preventiva por cuatro meses a ambos acusados. Los defensores se opusieron. Montalván Rentería sostuvo que, en caso de que se aceptara el pedido, a su defendido se le concediera el arresto domiciliario, teniendo en cuenta que es el responsable del cuidado de sus dos hijos menores de edad de lunes a viernes.

El juez Guillermo Taylor rechazó el planteo de exclusión probatoria y aceptó dictar medidas cautelares para ambos imputados. Sin embargo, dispuso que Avellaneda permanezca detenido durante 15 días y Sánchez Loria durante 120. / La Gaceta