Milei oficializó enviará al Congreso un proyecto que endurece las sanciones por la explotación petrolera
Javier Milei firmó este jueves los decretos y las primeras sanciones que anunció en la cadena nacional por Malvinas y el Gobierno prevé enviar la próxima semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las medidas se publicaron este viernes en el Boletín Oficial.
La única pieza del paquete que todavía necesita algunos días de trabajo es el proyecto de ley. En la Casa Rosada prevén girarlo al Congreso durante la próxima semana y descartan dividir sus principales capítulos en iniciativas diferentes. El endurecimiento del régimen de sanciones y la creación del nuevo esquema de Seguridad Nacional formarán parte del mismo expediente.
El Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento más rápido para investigar y eventualmente sancionar a personas o empresas que realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Los organismos públicos deberán informar posibles infracciones en un plazo de cinco días hábiles y, una vez abierto un sumario, los investigados tendrán diez días para presentar su descargo.
La norma también incorporó nuevos controles para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y obtener permisos, concesiones o habilitaciones petroleras. Las empresas deberán presentar declaraciones juradas en las que aseguren que ellas y sus socios no realizan ni realizarán las actividades prohibidas por la legislación argentina, mientras que Cancillería deberá intervenir antes de aprobar determinadas solicitudes.
Además, el Decreto 867/2026 modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 con el objetivo de reforzar partidas destinadas a gastos salariales, inteligencia, Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
El Gobierno sostuvo que la adecuación era necesaria para garantizar el funcionamiento de distintas áreas del Estado y evitar que peligrara la prestación de servicios esenciales. En el caso de Defensa, la norma apunta a financiar la incorporación, modernización y recuperación de equipamiento para las Fuerzas Armadas.
La medida fue dictada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
El Ejecutivo argumentó que la situación requería una respuesta inmediata y que no era posible seguir el trámite legislativo ordinario. Además, estableció que los organismos que hayan cambiado su naturaleza jurídica durante 2026 seguirán utilizando transitoriamente los créditos de sus jurisdicciones de origen y dispuso enviar el decreto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.
El DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa tiene dos destinos prioritarios: avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de telecomunicaciones. El Ejecutivo busca convertir el complejo austral en un polo logístico de referencia para el Atlántico Sur y ampliar la capacidad de proyección hacia la Antártida.
El proyecto de ley llegará después y concentrará la parte más estructural del paquete. La Casa Rosada propone modificar la Ley 26.659 para endurecer sanciones y penas, extenderlas a proveedores de compañías involucradas en operaciones no autorizadas e impedir que los infractores contraten tanto con el sector público como con empresas privadas en la Argentina.
La iniciativa incorporará además la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda y extenderá el régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten recursos naturales argentinos. Es la vía legislativa con la que el Gobierno pretende ampliar el alcance de las herramientas actuales y no limitar la respuesta al proyecto petrolero Sea Lion.
El mismo texto creará un Consejo de Seguridad Nacional que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía y tendrá a su cargo la definición de una política transversal para todo el Estado. También establecerá un marco para la protección de infraestructura crítica y para la vigilancia aeroespacial y marítima.
Milei pedirá además que el Congreso le otorgue a ese organismo facultades para aplicar herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales y privados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional. La definición amplía el enfoque de la medida: el Gobierno vincula Malvinas con la protección de recursos estratégicos, el Atlántico Sur, la Antártida, las comunicaciones y la capacidad de Defensa.
El cronograma ya quedó así dividido en dos tiempos: los decretos y las sanciones se publicaron este viernes en el Boletín Oficial y el proyecto integral llegará al Congreso en los próximos días. En el Ejecutivo esperan aprovechar el consenso político que genera el reclamo por Malvinas para acelerar su tratamiento y convertir el paquete anunciado por Milei en medidas operativas antes de que avance la explotación petrolera que el Gobierno denuncia en la Cuenca Malvinas Norte./TN
