Defensa de la Soberanía: el oficialismo avanzó en Diputados y prepara el proyecto para llevarlo al recinto el 21 de octubre
El oficialismo logró avanzar con el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional durante un concurrido plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que contó con la participación de especialistas e invitados propuestos por la oposición. Los libertarios buscan cerrar la discusión el miércoles 14 y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, junto con un amplio temario.
El debate seguirá este miércoles a las 11 con la exposición de María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. La iniciativa del Gobierno cuenta con 133 artículos y, además de endurecer las sanciones económicas y penales contra quienes exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina, rediseña áreas vinculadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad.
Durante la reunión, la oposición planteó dividir el proyecto y avanzar en un primer capítulo referido a las sanciones para las empresas que exploren y exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Los invitados propuestos por las bancadas opositoras cuestionaron la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre quienes expusieron estuvieron Jerónimo Guerrero Iraóla, del CECIM; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Luciano Anzelini; Sergio Eissa; Raúl Gustavo Ferreyra; David Angueira; Daniel Filmus; Mariana Altieri; Guillermo Carmona; Pablo Testori Schroeder; Fernando Morales y Víctor Sierra.
Los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez y Agustina Propato reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente, y de la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro.
Para el exministro Daniel Filmus, el proyecto establece “protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales”. Según Filmus, esas disposiciones “ofrecen al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN”.
Qué plantea el proyecto de soberanía
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente contra quienes desarrollen actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
Según explicó la Casa Rosada al presentar el proyecto, la propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos; generar incentivos para que esas actividades cesen; y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que no se limita a los hidrocarburos y alcanza también otros recursos naturales renovables y no renovables.
El proyecto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
Además, propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo encabezado por el Presidente, para coordinar políticas de defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.
Un momento de tensión durante el plenario
La reunión tuvo un momento de tensión cuando el diputado libertario Beltrán Benedit reivindicó su visita a los genocidas detenidos en la cárcel de Ezeiza en 2024. “Hemos callado durante mucho tiempo”, dijo el entrerriano, y fue cuestionado por Germán Martínez y otros diputados de Unión por la Patria.
Carlos Zapata intervino rápidamente para terminar la exposición de Benedit y dio por finalizado el encuentro.
El 11 de julio de 2024, un grupo de diputados de La Libertad Avanza había visitado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a los genocidas Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglialminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros.
En la previa de la reunión de las tres comisiones, la diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres, acompañada por Carlos Gutiérrez, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo, José Núñez, Pablo Farías y Juan Brügge, presentó un proyecto de resolución para exhortar a los integrantes de la Cámara baja a mantener un trato respetuoso y acorde con la investidura parlamentaria.
Los legisladores argumentaron que “el Parlamento es un ámbito naturalmente atravesado por el pluralismo y el disenso, pero precisamente por eso requiere reglas de convivencia que permitan desarrollar las discusiones dentro de un marco de respeto institucional”
En el mismo sentido, sostuvieron que la firmeza en la defensa de las posiciones políticas no es incompatible con un intercambio respetuoso centrado en ideas y argumentos.
Por su parte, Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó una iniciativa para sancionar con la suspensión de la dieta a los legisladores que insulten dentro del Congreso. “La crítica política es parte esencial del debate democrático, pero lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, explicó la legisladora mendocina.
