Detectaron 253 edificios sin final de obra y más de 1.000 multas: analizan endurecer las sanciones
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y la Municipalidad avanzaron este miércoles en una agenda de trabajo conjunta para abordar la situación de los edificios que se encuentran habitados sin contar con certificado de final de obra.
Durante una reunión de las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento con funcionarios del Departamento Ejecutivo, se acordó profundizar el relevamiento de los inmuebles, identificar los distintos niveles de riesgo y analizar la elaboración de una ordenanza que permita regularizar las construcciones que reúnan condiciones de seguridad, además de fortalecer las herramientas sancionatorias frente a los incumplimientos.
Se trata de una respuesta institucional frente a la tragedia del edificio de calle Monteagudo 120, donde murió el médico Jonathan Stisman tras una explosión seguida de incendio en su departamento.
Según los datos presentados por la Dirección de Catastro municipal, San Miguel de Tucumán cuenta con aproximadamente 1.450 edificaciones de vivienda colectiva, de las cuales 253 no tienen certificado de final de obra, entre los que se incluye al inmueble ubicado frente a la sede del Concejo Deliberante. La información expuesta durante el encuentro también reveló la existencia de 1.084 multas vinculadas a esos edificios, lo que puso nuevamente en discusión la efectividad de las sanciones aplicadas a las empresas constructoras.
La reunión fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y se realizó en el Salón de Usos Múltiples del quinto piso del edificio legislativo, con la participación de concejales de distintos bloques y funcionarios municipales.
La convocatoria surgió de una resolución aprobada por unanimidad en la última sesión del cuerpo, impulsada por el concejal Gustavo Cobos, mediante la cual se solicitó al Ejecutivo información sobre los edificios de la capital que presentan irregularidades.
El objetivo será unificar los datos disponibles, establecer criterios para diferenciar las infracciones administrativas de las situaciones que representan riesgos estructurales y evaluar nuevas herramientas normativas para avanzar en soluciones que prioricen la seguridad de los vecinos.
Regularizar sin comprometer la seguridad de los vecinos
Al finalizar el encuentro, Fernando Juri explicó que el trabajo conjunto permitirá determinar cuáles de los edificios observados pueden adecuarse a las exigencias vigentes y cuáles requieren evaluaciones técnicas más profundas. «En virtud de una resolución que emitió el Concejo en su última sesión se invitó a funcionarios municipales para informar la situación de los edificios de la ciudad que se encuentran habitados sin final de obra, para dilucidar cuáles se encuentran en peligro y cuáles pueden subsanarse con distintos instrumentos para garantizar la seguridad de la ciudadanía», señaló.
El presidente del cuerpo legislativo remarcó que no todas las irregularidades tienen la misma gravedad. Mientras algunas construcciones presentan incumplimientos administrativos o diferencias respecto de los planos aprobados, otras podrían registrar deficiencias que comprometan la seguridad de sus ocupantes. «Una cosa es la falta de extintores de incendio o que le falte una cochera y otra es la falta de salidas de emergencia o la construcción de más pisos sin los cimientos aptos. Analizamos caso por caso», explicó.
En ese sentido, advirtió que no podrán contemplarse excepciones cuando existan riesgos para la integridad física de las personas. «Si se construye un edificio en vez de cuatro pisos, uno de ocho sin cimientos en condiciones y están en peligro la seguridad de los vecinos, no podremos avanzar hasta que no se cuente con el informe de profesionales pertinentes», sostuvo.
Juri también buscó llevar tranquilidad a las familias que habitan inmuebles sin final de obra y aclaró que la intención de las autoridades no es avanzar con desalojos generalizados. «La última opción será lógicamente el desalojo de alguna unidad porque no queremos llevar preocupación a personas que vivan en edificio sin final de obra», manifestó.
Finalmente, ratificó que el Concejo acompañará las medidas necesarias para fortalecer los controles y las sanciones cuando las herramientas actuales resulten insuficientes. «Estamos trabajando en conjunto fundamentalmente para resguardar la seguridad de las personas y, si la Municipalidad lo requiere, se intensificará el accionar punitorio», afirmó.
El Municipio informó que existen 1.084 multas
El funcionario municipal Luis Lobo Chaklián, del área de Obras Públicas, destacó la importancia de que el Ejecutivo y el Concejo Deliberante compartan información y trabajen de manera coordinada para resolver una problemática que se arrastra desde hace años. «Este es un momento trascendental porque los cambios en las mentalidades de la dirigencia política van por el camino correcto. No se puede construir —políticamente— con bases que no son sólidas», expresó.
El funcionario consideró que el encuentro permitió superar las diferencias políticas para concentrarse en las necesidades de la ciudad y avanzar en soluciones vinculadas también con la actualización del Código de Planeamiento Urbano. «Me parece fundamental porque aquí no estamos buscando un elemento de crítica, sino cómo desarrollar la ciudad de ahora en adelante, particularmente en sintonía con el trabajo para actualizar el Código de Planeamiento Urbano», señaló.
Durante su exposición, aportó otros datos sobre las características urbanísticas de San Miguel de Tucumán.
Según explicó, existen alrededor de 1.500 edificios y construcciones de vivienda colectiva, de los cuales aproximadamente 1.100 se concentran en el área central.
También indicó que ese sector reúne cerca de 50.000 padrones de vivienda, sobre un total aproximado de 173.000 padrones en toda la ciudad, lo que refleja la magnitud de las tareas de fiscalización que deben desarrollar las dependencias municipales.
Lobo Chaklián señaló que, mediante el proceso de digitalización que lleva adelante Catastro, se identificaron 253 edificios sin final de obra, con incumplimientos de distinta naturaleza. «En un trabajo de digitalización que lleva adelante Catastro llegamos a la cifra de que la ciudad cuenta con más de 1.400 construcciones de vivienda colectiva y que de ese número 253 no cuentan con un final de obra», precisó.
El funcionario agregó que el relevamiento permitió identificar un número considerable de sanciones vinculadas a esas construcciones. «De estos edificios tenemos 1.084 multas. Estamos abordando esta situación para que las normas se cumplan», afirmó.
El dato abrió el debate sobre la necesidad de revisar la eficacia de las herramientas de control y establecer mecanismos que permitan evitar la reiteración de incumplimientos.
Controles sobre boliches y edificios con riesgo
Durante la reunión, los representantes del Ejecutivo también expusieron los resultados de otros relevamientos realizados por la Municipalidad desde el inicio de la gestión de la intendenta Rossana Chahla.
Según informaron, se habían identificado 52 locales bailables que funcionaban sin autorización, cuya situación pudo ser regularizada mediante las intervenciones municipales.
Además, las áreas técnicas detectaron 245 fachadas en mal estado y 17 edificios con peligro de derrumbe, sobre los cuales se desarrollaron actuaciones destinadas a atender los riesgos identificados.
Estos antecedentes fueron presentados como parte de las tareas de fiscalización que llevan adelante Catastro, Defensa Civil y otras dependencias municipales, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cumplimiento de las normas de seguridad.
En ese marco, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, explicó que los controles sobre edificios se intensificaron recientemente, aunque aclaró que el Municipio ya venía desarrollando relevamientos en locales bailables e instituciones educativas. «Si bien ahora intensificamos los controles en cuanto a lo que es edificios, ya veníamos trabajando en forma mancomunada con Catastro», sostuvo.
También consideró que el encuentro abrió una oportunidad para consolidar una agenda de colaboración institucional y avanzar en eventuales modificaciones normativas. «Esto puede llegar a dejar un precedente histórico muy bueno para poder compartir y trabajar en forma mancomunada con el Ejecutivo», destacó.
