El gremio Universitario no docente anunció tres paros de 24 horas en reclamo de mejoras salariales

El gremio Universitario no docente anunció tres paros de 24 horas en reclamo de mejoras salariales
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La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) activó un nuevo plan de lucha que incluye tres paros, comenzando este martes 3, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre ante la falta de acuerdo paritario con el Gobierno Nacional.

La contundente medida de fuerza fue oficializada tras la reunión del Consejo Directivo de FATUN, donde se resolvió un cese total de tareas del personal no docente en todo el país. La dirigencia sindical remarcó la necesidad de «continuar con un plan de lucha hasta que el Gobierno Nacional entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación», visibilizando el malestar acumulado en el sector educativo.

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El Gobierno de Milei logró que la Justicia revise su apelación por el financiamiento universitario y los salarios docentes

El eje central del reclamo exige de manera «urgente» a la gestión del presidente Javier Milei la inmediata recomposición salarial, la actualización del presupuesto destinado a la investigación y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la Federación enfatizaron la postura del colectivo al manifestar: «Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública».

La medida extrema responde a la parálisis en las negociaciones paritarias y al desacato del Poder Ejecutivo respecto a la norma aprobada y ratificada por dos tercios del Congreso. Pese a que la Justicia declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 que frenaba su aplicación y ordenó la actualización salarial junto al refuerzo de becas, el Gobierno insiste con recursos de apelación bajo el argumento del impacto fiscal negativo.

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Conflicto judicial y la postura del Gobierno ante la Ley de Financiamiento

La gestión del presidente Javier Milei sostiene una postura de incumplimiento frente a la Ley de Financiamiento Universitario, fundamentando su posición en la falta de previsión presupuestaria y en el impacto fiscal negativo que generaría su implementación.

Tras ser aprobada en el Congreso y posteriormente ratificada por dos tercios de ambas cámaras para anular el veto presidencial inicial, el Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025. Sin embargo, supeditó su aplicación efectiva a que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento y asigne formalmente las partidas correspondientes dentro del Presupuesto.

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En la instancia judicial, el Fuero Contencioso Administrativo declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frenaba la norma y ordenó su acatamiento inmediato para avanzar con la actualización salarial del personal docente y no docente, así como con el refuerzo de las becas estudiantiles. A pesar de los fallos desfavorables emitidos por la Justicia, el Gobierno Nacional interpuso recursos de apelación para evitar la aplicación efectiva de la ley.

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