Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña tras el escándalo de Ueno Bank que lo había dejado acorralado
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves por la noche que enfrentará el juicio político en su contra y ejercerá su derecho a la defensa, en un giro inesperado después de haber presentado su renuncia horas antes, acorralado por el escándalo financiero desatado por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus fondos.
“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, afirmó el mandatario en un nuevo mensaje difundido en X, que marcó un giro en su postura frente al proceso de destitución.
“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, agregó.
Peña también aseguró que colaborará con las investigaciones para esclarecer las irregularidades financieras que desataron la crisis, aunque evitó admitir responsabilidades. “Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, sostuvo.
En otro tramo de su publicación, pidió que la disputa sobre su futuro no demore la devolución de los depósitos a los millones de clientes afectados por la intervención de Ueno Bank.
“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, advirtió.
Finalmente, reclamó calma y aseguró que respetará el desenlace institucional. “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución”, concluyó.
Una sesión sin quorum
El mensaje se conoció después de una jornada de máxima tensión en el Congreso paraguayo y poco antes de una nueva sesión extraordinaria del Senado, convocada para las 19.45, en la que se debatirá el juicio político contra el mandatario.
Horas antes, una sesión conjunta de diputados y senadores, convocada para decidir si aceptaba la renuncia presidencial, debió levantarse por falta de quorum cuando ganaba terreno la postura de rechazarla.
La interrupción postergó una definición clave y favoreció momentáneamente a los sectores que buscaban aceptar la dimisión y evitar que el proceso de juicio político avanzara hasta una eventual destitución.
Por el momento, Peña continúa siendo presidente de Paraguay, ya que su renuncia no fue aceptada formalmente por el Congreso y tampoco se concretó su destitución. Según el artículo 202 de la Constitución, corresponde al Poder Legislativo aceptar o rechazar la dimisión del mandatario. Hasta que se resuelva su salida, conserva sus atribuciones como jefe de Estado.
Horas antes, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad, con 78 votos, la acusación para someterlo a juicio político, pese a que Peña ya había anunciado su intención de abandonar el cargo.
El ministro del Interior, Enrique Riera, presentó formalmente su renuncia ante el Congreso mientras los legisladores continuaban el debate.
Al mismo tiempo, Diputados desestimó el pedido de juicio político contra el vicepresidente, Pedro Alliana, lo que despejó el camino para que asuma la presidencia una vez formalizada la salida de Peña. El mandato constitucional concluye en agosto de 2028.
La controversia gira en torno a dos mecanismos con consecuencias diferentes. Mientras el artículo 202 regula la aceptación de la renuncia, el artículo 225 establece el procedimiento de juicio político, que requiere una acusación de Diputados y una decisión del Senado.
La oposición sostiene que aceptar la dimisión permitiría a Peña acceder a la condición de senador vitalicio, lo que, según sus legisladores, podría complicar eventuales investigaciones judiciales. Por eso, denunció un posible pacto de impunidad y reclamó que el proceso avance hasta la destitución.
El oficialismo, en cambio, había defendido la aceptación de la renuncia como una salida institucional para acelerar la sucesión presidencial.
La crisis también provocó una profunda fractura en el Partido Colorado. Horacio Cartes, presidente de la agrupación y antiguo padrino político de Peña, retiró su respaldo al mandatario y apoyó públicamente el juicio político.
“No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, afirmó Cartes en un comunicado.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado inició una investigación penal contra Peña por posibles responsabilidades en las irregularidades de Ueno Bank. La denuncia fue derivada a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La crisis de Ueno Bank
El escándalo estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había experimentado un crecimiento acelerado desde su transformación en banco, a fines de 2023.
La decisión implicó la suspensión de sus operaciones, el cierre de sucursales y el bloqueo de retiros, transferencias y depósitos, lo que provocó una suerte de corralito financiero y una ola de protestas en Asunción.
La entidad tenía más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya, y administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales aproximadamente 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las jubilaciones y la cobertura sanitaria.
El BCP justificó su intervención al detectar que el índice de solvencia del banco había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. También identificó préstamos a empresas vinculadas con el mismo grupo económico que superaban los límites permitidos, lo que habría comprometido su estabilidad patrimonial.
El caso adquirió rápidamente una dimensión política por los vínculos de Peña con Ueno Holding, perteneciente al Grupo Vázquez, del que fue accionista hasta marzo de 2025. Además, el mandatario había designado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno, quien renunció esta semana en medio de la controversia.
La oposición acusó al presidente de haber antepuesto intereses privados al bienestar público. El libelo acusatorio, presentado por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo, planteó posibles conflictos de intereses y cuestionó su actuación frente a las irregularidades financieras. Se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas en las instancias correspondientes.
“Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”, afirmó la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, una de las impulsoras del juicio político. Según sostuvo, Peña había perdido la credibilidad necesaria para gobernar y causado un grave daño a la confianza pública en el sistema financiero.
El gobierno intentó contener el impacto de la crisis. El mandatario canceló un viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, promovió cambios en la conducción del Banco Central y respaldó una ley destinada a acelerar la devolución de los depósitos.
El BCP anunció que los ahorristas recibirían un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, unos 1700 dólares, y recordó que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad, equivalentes a unos 38.000 dólares. Los montos superiores deberán recuperarse durante el proceso de resolución.
En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades y ocho directivos y ejecutivos del banco fueron detenidos, entre ellos responsables del Grupo Vázquez.
La crisis también se trasladó a las calles. Durante dos noches consecutivas, cientos de manifestantes reclamaron la devolución de sus ahorros y exigieron responsabilidades políticas al grito de “Devuelvan nuestra plata” y “Juicio a Santi Peña”.
Las protestas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, balines y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.
