Crimen del peluquero: prisión preventiva por 180 días para los dos hermanos acusados del homicidio

Este martes se realizó la audiencia de formulación de cargos contra Carlos Rodrigo y Milton Damián Banegas, quienes fueron imputados por los delitos de homicidio criminis causae en concurso ideal con robo simple, en calidad de coautores.

A solicitud de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal, que conduce Ignacio López Bustos, se acusó este martes a los presuntos autores del crimen de Esvin García Neira, de 55 años, ocurrido la semana pasada en su local de calle Independencia al 100, en plena zona céntrica del municipio de Banda del Río Salí.
Durante la audiencia multipropósito, el Fiscal se refirió al control de la legalidad de la aprehensión, la formulación de cargos y las medidas de coerción. En el primer punto, López Bustos indicó que los hermanos Carlos Rodrigo y Milton Damián Banegas (de 26 y 27 años respectivamente) fueron detenidos en el día de ayer, a las 01:20 horas, por la División de Homicidios, luego de ser alertados por un llamado al 911 cuando los mismos se encontraban junto a otras personas ingiriendo bebidas en el barrio Crucero Belgrano en intersección de calles Melián de Leguizamo y Buenos Aires. Luego de relatar el hecho atribuido (ver abajo), el Fiscal los imputó por los delitos de homicidio criminis causae en concurso ideal con robo simple, en calidad de coautores.
Sobre las características del hecho, el representante del MPF dijo: “Se trata de una víctima que se encontraba indefensa y en desigualdad de acuerdo a las personas que lo atacaron y de la edad. Son jóvenes agrediendo a una persona mayor con una violencia inusitada. Fue atacado sin razón alguna, por la espalda, y realizando un robo. La pena en expectativa es de prisión perpetua”.

Medidas de coerción

Para finalizar y como tercer punto, el investigador pidió las medidas de coerción de máxima intensidad (prisión preventiva) por el término de seis meses, que vencerán el 2 de febrero de 2023, fundamentados en el riesgo de fuga (falta de arraigo) y entorpecimiento de la investigación. «El hecho se cometió el día 26 de julio y se encontraban prófugos de la justicia hasta el 1 de agosto cuando se los pudo detener a través de una orden de detención dictada por el juez competente. Si bien manifiestan que residen en el barrio Crucero Belgrano, lo cierto es que entraron por el techo de su domicilio escondiéndose de su grupo familiar”, afirmó López Bustos quien mencionó la existencia de conflictos previos con la ley en relación a sus familiares. “Con fecha del 6 de julio hay una orden de exclusión del hogar por parte de ambos en ese domicilio. Allanamiento que dio negativo para hacer cumplir esa medida porque no se hallaban en ese inmueble en el marco de una causa por violencia de género. Y luego de esta audiencia serán notificados de esa orden de exclusión por lo que el domicilio que aportan queda endeble de acuerdo a esta circunstancia y extremo”, precisó el titular de la Unidad Fiscal de Homicidios I.
Para argumentar el plazo, de 180 días, el Fiscal aludió a las medidas pendientes, es decir, las muestras recogidas en el lugar del hecho por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (química legal, informe final de autopsia y ADN) y las declaraciones testimoniales (para constatar los llamados al 911).
La jueza validó el requerimiento del MPF y dispuso se arbitren los medios necesarios para garantizar la salud de los imputados (quienes padecen problemas de consumo) desde su actual lugar detención en la División de Homicidios hacia el servicio penitenciario provincial, previos trámites de asistencia.

Las evidencias

Entre el material reunido, López Bustos se refirió al informe preliminar de autopsia que establece que la víctima fallece a causa de asfixia por estrangulación. Además, del relevamiento de las cámaras de seguridad por parte de la División de Homicidios, tanto de las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo de Banda de Río Salí como de otros lugares cercanos en las que se puede observar a los imputados salir del local con una bolsa de residuos (con elementos en su interior) y la vestimenta que utilizaban. También se puede constatar cuando suben a un colectivo para dirigirse hacia San Miguel de Tucumán. En tanto, otras dos cámaras divisan cuando estos sujetos, siendo las 19:41 horas, ingresan a una peluquería ubicada en avenida Democracia al 400 con la bolsa de consorcio (con intenciones de vender los elementos robados). De las averiguaciones de la División de Homicidios se consta dos llamados al 911, en los que se informó del ingreso de los individuos por el techo de la vivienda donde dicen residir, en el barrio Crucero Belgrano. A su vez, los informes de la empresa que regula el funcionamiento de la Tarjeta Ciudadana y Metropolitana que establece la hora que fueron utilizadas y el nombre del titular de las mismas.

El hecho

El 26 de julio de este año, siendo las 15:40 horas, en circunstancias que la víctima se encontraba descansando, viendo televisión en la peluquería ubicada en avenida Independencia al 100 de Banda del Río Salí, ingresaron al local los acusados quienes con la intención de facilitar el robo de la peluquería, aprovechando la superioridad numérica y física en relación a la víctima, iniciaron un forcejeo para luego atarlo de pies y manos contra la espalda, con la intención de causarle la muerte. Para favorecer su cometido e impunidad, lo estrangularon con una toalla atada al cuello hasta quitarle la vida, falleciendo por asfixia por estrangulación mecánica. Previo a retirarse del lugar, extrajeron dos secadores, una patillera, una máquina para cortar pelo, una riñonera y un celular. Posteriormente, subieron el volumen del televisor al máximo, salieron del local y cerraron con un candado la puerta de ingreso dejando abierto el portón de chapa, posterior a esa puerta y retirándose a las 15:50 horas, cargando una bolsa de consorcio de color negra con los elementos robados hacia el cardinal norte por avenida Independencia. La víctima fue encontrada el día después, el 27 de julio, a las 09:20 horas, por un oficial previo pedido de ayuda por parte de un sobrino.

Fuente: MPF