La CGT descarta paros o marchas por Cristina antes de una eventual condena
La CGT limitará su apoyo a Cristina de Kirchner al terreno discursivo y sólo analizará pasar a la acción gremial en caso de una eventual condena. Tras el comunicado del lunes que objetó la consideración de “asociación ilícita” de la gestión de la expresidenta por parte del fiscal federal Diego Luciani, la central obrera dejó pasar un pedido aislado de motorizar un paro nacional que circuló en el chat interno del Consejo Directivo. Es que la figura de la vicepresidenta concita más desconfianza que adhesiones en la estructura interna de la organización y su preeminencia política en el Frente de Todos divide aguas en la dirigencia.
El texto que difundió el lunes el órgano de conducción de la CGT, elaborado por el equipo de abogados, giró en torno de la calificación de asociación ilícita y de la aparente carencia de pruebas materiales en contra de Cristina pero omite otros señalamientos habituales en el kirchnerismo como la referencia al “lawfare” o el alineamiento del equipo de fiscales con medios masivos de comunicación, entre otros. Es que su publicación debió atravesar varios filtros y estuvo motorizada, sobre todo, por el aluvión de expresiones en un sentido similar emanadas el mismo día desde todas las expresiones del peronismo: gobernadores, intendentes, legisladores, movimientos sociales y otras centrales obreras como las dos versiones de la CTA.
El comunicado debía contener a espacios alineados a Cristina de Kirchner, como la Corriente Federal de Sergio Palazzo, o cercanos a su entorno, como el de Pablo Moyano y su Frente Sindical por el Modelo Nacional, con otros más neutrales, como los “independientes” de buen diálogo con todos los gobiernos, o quienes siempre renegaron de su figura, como los “gordos” de los grandes gremios de servicios. Y hasta el sector de Luis Barrionuevo, que tiene a Carlos Acuña como uno de los tres secretarios generales, que fue históricamente refractario al kirchnerismo.
“Los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento. No hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito”, señala el texto. Y concluye: “el show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la expresidenta y de todo el peronismo. Esperamos que se haga justicia y los jueces desestimen la antojadiza acusación”.
El mismo lunes el chat del Consejo Directivo, que reúne a un centenar de integrantes (desde que a fines del año pasado se incorporó el cupo femenino), recibió una propuesta para lanzar un paro nacional en defensa de Cristina de Kirchner. Lo hizo Víctor Santa María, secretario general del sindicato de encargados de edificios (Suterh) y referente del PJ porteño. El planteo partía de un llamado a la autodefensa: “vienen por nosotros”, escribió el dirigente. La propuesta concitó apenas un par de “emojis” aprobatorios pero no derivó en un debate más amplio. No obstante en el sector de los “gordos” dijeron que frente a una eventual condena no debería descartarse una acción gremial más concreta por parte de la CGT y recordaron que hasta hace una semana parecía impensado un comunicado como el que se dio a conocer el lunes.
La referencia de Santa María no fue azarosa. La Unidad de Información Financiera (UIF) lo denunció durante el gobierno de Mauricio Macri por supuesta maniobras de lavado de dinero mediante cuentas bancarias en Suiza. El dirigente respondió entonces que se trataba de una campaña en su contra de aquella administración por las publicaciones del diario Página 12, propiedad de su sindicato.
El dirigente forma parte de un grupo amplio de sindicalistas apuntados durante toda la gestión de Cambiemos como Hugo y Pablo Moyano (Camioneros), Roberto Baradel (docentes bonaerenses, Suteba) y Héctor Ponce (lecheros, Atilra), entre otros, y de organizaciones gremiales intervenidas, como Canillitas, Seguridad (Upsra), Marítimos (SOMU) y Apdfa (personal jerárquico de ferrocarriles). En ese sector crece la sospecha de que la denominada “mesa judicial” macrista, que tuvo un capítulo dedicado exclusivamente a estimular causas contra dirigentes, se mantuvo activa pese al cambio de gobierno y prepara nuevas denuncias.
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