Juicio a Cristina Kirchner: piden apartar y sancionar al fiscal Luciani por «adelantar opinión» en un libro

Los señalamientos por supuestas irregularidades en el accionar del fiscal Diego Luciani en el marco del juicio por la obra pública no terminan. Al pedido de recusación que formuló en pleno alegato la defensa de Cristina Kirchner se le sumó ayer la crítica externa del juez de la Corte santafesina Daniel Erbetta y ahora un pedido de sanción disciplinaria y apartamiento por «conducta grave».

La autora de este último planteo es la abogada penalista Valeria Carreras, quien ayer le envió al procurador Eduardo Casal un planteo para sancionar al fiscal que viene de pedir que se condene a la vicepresidenta a 12 años de prisión por presunta corrupción. También pidió su apartamiento.

En términos concretos, lo denunció porque supuestamente adelantó su opinión respecto del caso de la obra pública en un libro titulado Corrupción, Estado de Derecho y Derechos humanos.

Se trata de una publicación del año 2019 editada por Konrad Adenauer Stiftung donde en la página 69 «deja sentada su opinión formada y tomada respecto del caso Vialidad e incluso mencionado como elemento en su alegato», según la presentación de Carreras.

En el fragmento adjuntado en la presentación el fiscal citó la investigación del Diario La Nación que dio inicio a la Causa Cuadernos y consideró que fue la salida a la luz de un entramado de sobornos que «se encontraría presente en casi la totalidad de la obra pública».

Los fragmentos denunciados del libro
El primer fragmento señalado de Corrupción, Estado de Derecho y Derechos humanos es el siguiente: «(…) A partir de una investigación por parte de periodistas del diario La Nación, conocida públicamente como «Causa de los Cuadernos» -que derivó en una serie de allanamientos, detenciones, citaciones a prestar declaración de indagatoria, autos de procesamiento de ex altos mandatarios del Estado, y que provocó que algunos imputados se acogieran a la figura del arrepentido- salió a la luz un entramado de sobornos que se encontraría presente en casi la totalidad de la obra pública. Si bien en el imaginario colectivo siempre ha estado latente la sensación de que la relación funcionario-empresario es promiscua, en la actualidad los hechos han puesto en el centro de la escena esta realidad y han provocado preocupación y conmoción en la ciudadanía».

Además, Carreras adjuntó un segundo párrafo del capítulo escrito por Luciani en el que supuestamente adelantó su opinión sobre las supuestas irregularidades en la obra pública, actualmente bajo juicio en el Tribunal Oral Federal N°2.

Dice: «En nuestro país se viene observando un acontecimiento social inédito de rechazo y repulsa frente a todo acto de corrupción cometido por los funcionarios públicos y el sector privado. Esto último, debido a que se ha verificado que, en la enorme mayoría de los casos, detrás de un hecho de corrupción de un funcionario público aparecen involucradas personas del mundo empresarial, quienes en su círculo social gozan de un cierto prestigio. Así, el dinero que se desvía de los fondos públicos pasa a manos privadas como un modo de obtener impunidad. El abuso en el ejercicio de sus cargos por parte de los funcionarios para obtener ganancias a partir de las actividades con empresas privadas puede poner en riesgo el funcionamiento del Estado de derecho, tal como se ha detectado en Argentina con los presuntos sobornos en la cartelización de la obra pública».

Qué puede pasar con el planteo contra Luciani
El libro en el que Luciani escribió esos dos párrafos fue publicado en 2019, año en el que se inició el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros 12 acusados.

Ahora, el nuevo cuestionamiento llegó al despacho del procurador Casal que debe ponerlo a consideración del Tribunal de Disciplina del Ministerio Público. «El proceso es administrativo, pero si me quedara con eso no sería mucho. Por eso mañana voy a presentar una copia en la Comisión de Juicio Político del Congreso», adelantó Carreras a PERFIL.

Si llegara a prosperar el planteo, según la abogada «podría traer la nulidad de todo lo actuado por Luciani».

«Hay causales por las cuales se lo puede sancionar hasta el apartamiento. La ley las clasifica como graves y leves. Esta que señalo es grave porque se debería haber apartado de su intervención en el juicio y no lo hizo. Acá hay adelantamiento de opinión, él cita el caso Cuadernos e incorpora después prueba relacionada a eso», añadió Carreras sobre la actuación del fiscal.

Más allá de lo que pueda pasar con este planteo, la decisión de mantener o apartar a un fiscal es del Tribunal que lleva el juicio. Sin embargo, Casal deberá convocar a un consejo evaluador que estará formado por cinco fiscales generales de todo el país quienes deberían analizar el planteo y convocar a Luciani para que haga su descargo en un plazo de 10 días hábiles.

Una vez que esté la respuesta del fiscal, el consejo estaría en condiciones de definir si hay o no lugar al inicio de un sumario.

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