Amenazas de bomba: cambios en el protocolo y movilización de policías para evitar que se suspendan las clases en las escuelas
Primero fue la acción y después la prevención. Luego de que se les dictara la prisión a cuatro personas y embargos por $3 millones a cada una, por la tarde se realizó una serie de allanamientos donde secuestraron dispositivos electrónicos para profundizar la pesquisa por las causas de amenazas con bomba. Mientras tanto, en una reunión que se desarrolló en el Ministerio Público Fiscal, se terminó modificando el protocolo de actuación cada vez que se presenta un nuevo caso de este tipo.
A partir de las 17, más de 50 efectivos comenzaron a congregarse en la zona de la plaza Urquiza, cuya fisonomía se vio alterada por el movimiento de efectivos y de peritos. Dirigidos por el jefe de Policía, Julio Fernández, los uniformados y los especialistas del ECIF realizaron en total seis allanamientos. Las medidas se concretaron en el marco de las intimidaciones que sufrieron el colegio San Francisco y la Enet 3.
Los allanamientos se concretaron en el barrio San Gabriel, Lomas de Tafí, Bolívar al 1.500, Alsina 2.600, en el Instituto Puente y en Corrientes al 600. Los investigadores secuestraron celulares, notebooks, tablets y computadoras.
“Estamos trabajando a la par del Ministerio Público Fiscal para dar con los autores de este delito. Estimamos que en las próximas horas se llevarán a cabo nuevos procedimientos”, indicó el titular de la fuerza.
“Las investigaciones son realizadas por personal especializado en tecnología, con todos los recursos con los que contamos en la Policía. Todo esto no podría realizarse sin la colaboración del Ministerio Público Fiscal, con quienes venimos trabajando conjuntamente”, concluyó el jefe de Policía.
Un encuentro
Ayer por la mañana, impulsado por el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, en la sede del MPF se desarrolló una reunión encabezada por el secretario judicial Tomás Robert, donde estuvieron presentes representantes de la Policía y los Ministerios de Seguridad y de Educación. Lo primero que acordaron es modificar el protocolo de actuación que fue creado en 2005 y que no había tenido ninguna modificación.
En el encuentro, según confirmaron varios de los asistentes, se dieron a conocer algunos detalles de la situación. Por ejemplo, informaron que desde abril hasta el miércoles, se habían registrado 56 amenazas de bombas en los establecimientos educativos de toda la provincia y hubo 32 repeticiones. También detallaron que cuatro empresas privadas recibieron este tipo de intimidaciones.
El encuentro sirvió para redactar un nuevo protocolo que ya se puso en marcha anoche y que se extenderá al menos por 60 días. Este nuevo lineamiento tiene el objetivo de evitar la suspensión del dictado de clases a través de numerosas medidas. El 7 de septiembre habrá una nueva reunión para evaluar los resultados conseguidos y discutir si es necesario extenderlo por más tiempo.
Otra reunión
Después de que se acordara el nuevo protocolo, hubo una reunión entre funcionarios de la fuerza y de la Dirección de Seguridad Escolar, que depende del Ministerio de Educación. “Este encuentro se realizó para coordinar acciones. Buscamos darles mayor protección a los establecimientos educativos y a su comunidad”, explicó el titular de Distrito Urbano, Cristian Peralta.
La titular de Seguridad Escolar, Patricia Pampone, indicó: “Venimos trabajando articuladamente para atender ciertas situaciones en donde se haya alterado el buen funcionamiento de un establecimiento educativo. En este caso, hemos podido coordinar acciones precisas con respecto a las distintas amenazas de bomba que han sufrido las escuelas de la provincia”.
Cómo se actuará a partir de ahora
Los establecimientos que reciban amenazas entre las 23 y las 6 serán inspeccionados antes del horario de inicio de clases.
Se designará un efectivo policial en los locales escolares de la capital para que observe si hubo alguna irregularidad.
En caso de que se reciba una amenaza, los especialistas averiguarán si hubo alguna novedad con el encargado de custodiar el establecimiento.
Si no hubo ninguna situación extraña, la inspección se desarrollará sin que los alumnos sean obligados a evacuar el establecimiento.
Las autoridades del establecimiento deberán informar a la división Delitos Telemáticos de la novedad y en el acto comenzará la investigación.
En las escuelas que no cuenten con custodia policial sí se realizará una evacuación para que se desarrolle la investigación.
El nuevo protocolo tendrá vigencia por 60 días. En una semana habrá una nueva reunión para evaluar los resultados de su implementación.
LaGaceta
