Gobierno reemplaza el Potenciar Trabajo por dos planes y eliminan la figura del intermediario
Tras haber detectado “ineficiencias”, el Ministerio de Capital Humano decidió reemplazar el Plan Potenciar Trabajo por dos nuevos programas. Se trata del “Programa Volver al Trabajo” (creado por decreto 565/23) y el «Programa de Acompañamiento Social».
El monto de compensación para el trabajador será el mismo que el Potenciar Trabajo, es decir $78.0000 y el programa comienza a funcionar lo antes posibles, revelaron fuentes oficiales.
Con el primero, el propósito es “promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular”. En tanto que el segundo se establece “con la mira puesta en los hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social”, según señala la cartera que conduce Sandra Pettovello.
Un aspecto innovador del “Volver al Trabajo” es que permite a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir ingresos mensuales de hasta $540.000 para aquellos que están formalmente empleados.
Se trata de un cambio significativo respecto del Potenciar Trabajo, que limitaba esta compatibilidad a un solo SMVM, “desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal”.
Los registros de Capital Humano arrojan que, de un total de 1.400.000 participantes del Potenciar, “apenas el 1,3% consiguió transitar hacia un empleo formal, un porcentaje que pone de manifiesto una marcada ineficacia en el cumplimiento de los objetivos de empleabilidad del programa”.
Sin intermediarios
Los beneficiarios de los nuevos programas «Volver al Trabajo» y «Programa de Acompañamiento Social» accederán a la ayuda de manera directa y sin la necesidad de realizar trámites adicionales. La segmentación en cada plan se realizará mediante una resolución que determinará la población objetivo de cada programa basándose en criterios de empleabilidad.
Para evitar la intermediación, Capital Humano tomó distintas medidas. Una es que “los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional”.
Asimismo, se dispuso la eliminación de planillas de asistencia. El Gobierno suprimió la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión, disminuyendo así su influencia y la posibilidad de control sobre los beneficiarios.
Triste récord
“Lejos de constituirse como un instrumento de inclusión efectiva, el Plan Potenciar ha evidenciado serias falencias estructurales que han limitado su alcance y efectividad”, sostiene un estudio del ministerio de Capital Humano.
Agrega que “las Unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan «gerentes de la pobreza», controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”.
La cartera sostiene que “esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de u$s34 millones”.
Y considera que este flujo monetario “se ha desviado de su propósito inicial, cuestionando la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos destinados al Plan Potenciar”.
Según la información oficial, la estabilidad en el número de beneficiarios demuestra la incapacidad del programa para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal.
Se señala que las únicas bajas registradas responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento, jubilación o superación de la edad límite, evidenciando una falta de progresión real y sostenida hacia la integración socio-económica de los participantes.
