Ley de Bases: el Gobierno busca reemplazar la moratoria jubilatoria con un «plan social»
La Ley de Bases que comenzará a discutirse en el Congreso a partir de este lunes, con un debate que podría extenderse por más de dos días, incluye la derogación de la moratoria previsional y la creación, en su lugar, de un «plan social» destinado a aquellas personas que no cuenten con los años necesarios de aporte.
En su Título IX, el proyecto de ley, con dictamen de mayoría para debatirse en la cámara baja a partir de la próxima semana, deroga la Ley 27.705, que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, para reemplazarla con lo que denomina la Prestación de Retiro Proporcional.
Según especifica, quienes entren en este universo de personas cobrarán, a partir de esa edad, un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor, que representa el 80% de la jubilación mínima, actualmente establecida en $260.141,60, considerando el último bono anunciado, y excluye el derecho a recibir pensión por viudez.
En mayo los beneficiarios de la PUAM recibirán $222.113, divididos en $152.113 y $70.000, correspondientes al refuerzo anunciado por el Gobierno Nacional que se ubica por debajo de la línea de la pobreza, considerando los $250.286 que simbolizó la Canasta Básica Alimenticia en marzo, número que, aunque aún por divulgarse por parte del INDEC, es mayor para abril.
De aprobarse la Ley de Bases en Diputados y Senadores, esta medida alcanzará a quiénes «hubieran alcanzado los sesenta y cinco (65) años de edad y que no cumplan» con los 30 años de aportes obligatorios. Ese aspecto también resulta relevante: no solo se modifica el monto a percibir, sino también la edad, específicamente en el caso de las mujeres. Ahora, las personas deberán haber alcanzado los 65 años en lugar de los 60, como ocurre en la actualidad.
8 de cada 10 nuevas jubilaciones en 2023 se dieron por moratoria
Cabe remarcar que las moratorias previsionales, aunque con modificaciones en el medio, comenzaron a tener vigencia a finales del 2005, pese a que cobraron singular impulso en la última década como una herramienta que permitió que millones de personas sin posibilidades de jubilarse pudieran acceder a una pensión.
Esto se debió a que, en gran parte, los beneficiarios carecían de los requisitos legales necesarios para hacerlo, dado que o habían sido amas de casa y no se desempeñaron en el ámbito privado, una situación común hace no muchos años, o habían sido empleados en puestos de trabajo informales, donde sus empleadores, de manera ilegal, no cumplían con las obligaciones y responsabilidades patronales correspondientes.
Según un reciente informe del Instituto de Estudios Laborales y Sociales (IDELAS) de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), sobre un total de 7 millones de jubilados y pensionados, más de 4 millones se incorporaron «a través de regímenes especiales, casi en su mayoría en condición de jubilado por tareas domésticas o de adulto mayor sin sustento monetario».
Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de las 488.490 nuevas prestaciones sumadas en 2023, 396.330, el 81,1%, fueron para personas que no acumularon los 30 años de aportes que exige la ley para acceder al beneficio, por lo que debieron acceder a un plan de moratoria.
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