Citan a indagatoria a Eduardo Belliboni en la causa por irregularidades con los planes sociales

La Justicia citó a indagatoria al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en la causa por irregularidades con los planes sociales. La medida la dispuso el juez federal, Sebastián Casanello, que ordenó que la citación del dirigente sea el próximo 25 de junio, por presuntas irregularidades en fondos que manejaban del plan Potenciar Trabajo. Belliboni además está acusado de extorsionar a beneficiarios de la asistencia estatal.

Casanello mencionó que la causa “se inició a través de las voces de quienes denunciaron” a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad “haber sido obligados a movilizarse a cambio de o para mantener un plan social”. Dijo que “todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Potenciar Trabajo indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión”.

El juez explicó que “el rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica” y que “el beneficio directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”.

Indicó que “por esta tarea, la organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados” y que “los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”.

Las acusaciones de la Justicia a dirigentes sociales en la causa por irregularidades con los planes
Casanello consideró en su resolución “acreditado que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del programa Potenciar Trabajo”.

• “Ello resulta de la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ‘Ediciones e Impresiones Rumbos SRL’ y ‘Coxtex SA’-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.
• “Dicha maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal. Esas exigencias eran transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad. Su particular posición me convence, al menos de momento, de dejarlos fuera de esta convocatoria”.
• Además de Belliboni el juez citó a indatagoria a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches (11 de junio), Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper (12 de junio), Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli (13 de junio), Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez (18 de junio), Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma (19 de junio), María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz (25 de junio).

TN