Capital Humano apeló la orden judicial de entregar los alimentos que dice guardar para emergencias

Capital Humano apeló la orden judicial de entregar los alimentos que dice guardar para emergencias
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El ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello apeló este lunes, la resolución del juez federal Sebastián Casanello que le había ordenado presentar un plan de distribución de alimentos de implementación inmediata. En discusión hay cinco mil toneladas de comida. Se había denunciado la existencia de dos depósitos con productos posiblemente perecederos bajo la acusación de una «parálisis en la distribución en medio de la emergencia alimentaria».

La medida que dispuso Casanello fue apelada por la Subsecretaria Legal del ministerio, Leila Gianni, quien consideró que se trataba de una decisión «contraria a distintos actos del Poder Ejecutivo, atinentes a la marcha o funcionamiento de la Administración Pública, y la implementación de políticas públicas las que resultan ajenas al control judicial».

En esta misma línea, Capital Humano sostuvo en la apelación -a la que accedió Clarín- que «las cuestiones políticas entran en el dominio de la ‘prudencia política’, pertenecen a las ramas legislativa y ejecutiva dentro del sistema argentino, no resultan judiciables».

La causa penal inició con la denuncia de Juan Grabois sobre la suspensión, por parte del Ministerio de Capital Humano de la Nación, de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país.

Casanello aceptó como parte querellante a la “Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros”, vinculada a Grabois y una de las que más fondos recibió del gobierno de Alberto Fernández en planes alimentarios. Señalaron que participan de la alimentación de más de 32.400 personas a lo largo y ancho del país.

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La Asociación Civil señaló la existencia de “casi cinco mil toneladas de alimentos sin entregar” en “dos centros operativos pertenecientes a la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano”: en el Centro Operativo Martelli “habría [una] friolera de 2.751.653 kg. de alimentos disponible para su entrega” y en el Centro Operativo Tucumán “habría 2.269.078 kg. de alimentos listos para su entrega”.

Después del planteo del juez, que este lunes impuso un plazo de 72 horas para que se presente un plan de distribución inmediata de los alimentos en cuestión, la subsecretaría Legal de Capital Humano presentó una apelación al fallo.

«De las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría. Esta yerba no sólo se adquirió a través de procesos poco transparentes, sino que se trata de un producto de mala calidad», indicó el ministerio que dirige Pettovello.

La fiscalía a cargo de Paloma Ochoa, había pedido que se dicte una medida cautelar innovativa” y que se ordene al Ministerio de Capital Humano “en el término de cinco días corridos, entregue los alimentos que hubiese demandado tanto la querella como así también todos aquellos actores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores -RENACOM-, desde diciembre de 2023 al presente”. Casanello rechazó ese pedido.

Al respecto, la apelación de Capital Humano señaló que la fiscalía Federal, «ha confundido diferentes gestiones, las decisiones de políticas públicas y su competencia».

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Ochoa había señalado en su dictamen que existiría el almacenamiento de “grandes cantidades de alimentos de fecha de caducidad y destino incierto”. Y por ese motivo pidió que se exija su distribución, ante el “temor fundado en que de no adoptarse las medidas correspondientes pueda producirse un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior vinculado con la “impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población”.

La cartera de Pettovello explicó que, si bien era de alta prioridad garantizar la distribución de alimentos, existen fuertes razones para mejorar el mecanismo de su entrega “tras haber verificado la existencia de diversas irregularidades en las formas de distribución hasta diciembre del año pasado”.

Capital Humano «es quien tiene la potestad para desarrollar las políticas de alimentos, establecer las prioridades y determinar cuándo deben ser distribuidos y bajo qué circunstancias en función de las Leyes y Convenios Vigentes».

Casanello había ordenado “comprobar de modo preciso y actualizado el material almacenado”, y por eso pidió a Capital Humano que detalle del stock actual de los alimentos guardados en los depósitos ubicados en Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería.»

También se pidieron los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación o documentación vinculada.

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Desde el área Legal de Capital Humano recordaron que a raíz de una auditoría impulsada por la actual gestión, se inició un expediente judicial -a cargo del fiscal federal Ramiro González y el juez Ariel Lijo- donde se investiga el envío de fondos y alimentos a «comedores fantasmas».

Se relevaron 1.201 comedores y merenderos anotados en el RENACOM. El 50% -según la auditoría-, no funcionaban como tales. «Dejando de lado las reales motivaciones que podrían tener los aquí denunciantes, resulta fundamental atender a la efectividad de la medida solicitada. Es el Poder Ejecutivo quien tiene a su cargo la determinación de este tipo de consideraciones a partir de sus órganos competentes», sostiene la apelación.

El magistrado señaló que la justicia no puede asumir un rol de administrador que es propio de otro poder del Estado. Por ese motivo dijo que no haría lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa que indicaba ordenar la entrega de los alimentos a todos los comedores registrados en el RENACOM.

Al fundamentar este criterio dijo que “corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, en este caso puntual, distribuir los alimentos almacenados. Identificados los recursos disponibles, es su obligación indeclinable hacer efectivo el derecho y garantizar el acceso inmediato a los alimentos sin ningún tipo de discriminación (cualquiera sea el motivo) y de modo transparente”.

Clarín

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