Dos inspectores de Catastro fueron acusados de exigir el pago de $300.000 al encargado de una obra en construcción
A raíz de una denuncia por el cobro de dádivas que habrían efectuado dos inspectores de la Dirección de Catastro y Edificación de la municipalidad capitalina, el Ministerio Público Fiscal los imputó por el delito de concusión en perjuicio de la administración pública. En la audiencia, la fiscal Mariana Rivadeneira, a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Complejos, se refirió al hecho atribuido (ver abajo) y pidió medidas de coerción de menor intensidad por 180 días que comprenden: la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; la obligación de fijar y mantener domicilio (ambos en San Javier); la prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de ley; y la obligación de permanecer a disposición del tribunal y concurrir a todas las citaciones que se le formulen. Finalmente, todo lo expuesto fue autorizado por la jueza interviniente.
Fue a un bar y le pidieron dinero
El viernes 15 de marzo del corriente año, en horas de la mañana, los acusados, quienes se desempeñan como inspectores en la Dirección de Catastro y Edificación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, se hicieron presentes en un inmueble sito en calle Florida al 300 de esta ciudad capital donde se desarrolla una obra edilicia con la finalidad de notificar que la misma no contaba con los permisos municipales exigidos. Por lo tanto, uno de los albañiles le informó por teléfono al encargado de la obra de la presencia de los inspectores y le pasó el celular a uno de ellos quien explicó que los trabajos realizados en el inmueble estaban en falta y que no contaba con el permiso municipal. Luego, lo citó a una reunión en la estación de servicios ubicada en avenida Roca y 9 de Julio. Minutos después, el responsable de la construcción se dirigió al bar de esa estación donde lo esperaban los imputados, quienes le solicitaron para sí, el pago de $300.000 para evitar realizarle la multa por falta de permisos y para que pudieran continuar con la obra. Al tomar conocimiento de lo sucedido, el propietario del inmueble formuló la respectiva denuncia ante las autoridades policiales.
