Diputados puso fecha para discutir el financiamiento universitario y el Gobierno aún no tiene los votos para blindar el veto
Apenas minutos después de terminada la Marcha Federal Universitaria, Javier Milei ratificó el veto a la ley de financiamiento que fortalece partidas para el funcionamiento educativo y los salarios docentes. En Diputados ya anticipaban la medida y se preparan para una sesión el miércoles 9 de octubre a las 11 horas. La oposición comenzó el proceso de captación de votos y tienen mayor optimismo de desarticular al grupo de “87 héroes” que celebró en Olivos el rechazo a la reforma jubilatoria.
La noticia de la sesión -que unificó pedidos de cinco bloques distintos- se oficializó pasado el mediodía del jueves luego de que ingresara el veto al Congreso. Casa Rosada hace números: en caso de que la totalidad de los 257 diputados estén presentes, se necesitan 172 votos (dos tercios) para revertir el veto presidencial, por lo que con 86 voluntades se aseguran que eso no ocurra. Sin embargo, desde el oficialismo y la oposición dan por descontado que habrá ausencias de los que buscan evitar confrontar con Nación y con las comunidades universitarias de sus distritos. Como referencia, en la sesión del 15 de agosto hubo 35 ausentes, provenientes de todos los partidos.
La aspiración de los que quieren revertir el veto es captar la mayor cantidad de esos votos. Hay dos posturas que los entusiasman, principalmente porque llegan desde el PRO: la de Álvaro González, cercano a Larreta, y la de Héctor Baldassi, el exárbitro que publicó en sus redes sociales su respaldo a la marcha universitaria. El silencio de Mauricio Macri y la tensión que tiene su partido con La Libertad Avanza en los parlamentos de ciudad y provincia de Buenos Aires pueden profundizar las deserciones amarillas.
“Cada diputado es dueño de su voto”, señaló Manuel Adorni en su conferencia de prensa matutina: presentar un escenario abierto es toda una gestualidad para el portavoz que instaló los comunicados terminados en «Fin». La oposición observa también la posibilidad de un cambio de postura de la exlibertaria Lourdes Arrieta, junto a una nueva ausencia de los dos aliados del espacio sanjuanino Producción y Trabajo.
Además habría otra posición de los cinco radicales que negociaron con Casa Rosada sus votos para ratificar el veto a jubilaciones e intentar torcer la postura del mendocino Lisandro Nieri, quien se abstuvo en agosto. Como referencia, se conoció que desde el entorno más cercano del misionero Martín Arjol -que además es profesor universitario- encabezaron la marcha en Posadas. El bloque pretende que al menos se ausenten, con distinto grado de animosidad. Desde el rincón más opositor de la UCR, el bonaerense Pablo Juliano lo expresó con vehemencia: “Los que votan en contra de la ley de financiamiento universitario dejan de ser radicales».
Las miradas también apuntan hacia el bloque de Innovación Federal, que respaldó en agosto la ley de financiamiento universitario pero se abstuvo por unanimidad cuando se vetaron jubilaciones. Los tres representantes salteños ya adelantaron que acompañarán a la oposición, mientras que continúa la incertidumbre en Río Negro y Misiones, donde buscan maniobrar entre las negociaciones por obras públicas (que se intensificaron al día siguiente de haberse presentado el proyecto del Presupuesto 2025) y la influencia que tienen las universidades en sus territorios. Otra insinuación es la del neuquino Osvaldo Llancáfilo, que responde al MPN pero se encuentra vinculado a este espacio de provincialistas, quien ya anunció que buscará revertir el veto.
En caso de que la Cámara de Diputados ratifique el incremento presupuestario la semana que viene, el Senado tendría el camino allanado para provocarle un fuerte impacto al Gobierno, más político que de orden fiscal. Allí necesitan 48 votos y ya tienen garantizados 47 entre los bloques de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical, que sostienen fluidez con autoridades universitarias. El apoyo restante podría provenir de cuatro bloques distintos, pero ni siquiera haría falta: Guadalupe Tagliaferri (PRO) anticipó que acompaña la mejora en el financiamiento universitario.
Ley de Financiamiento Universitario y Presupuesto 2025
La ley de Financiamiento Universitario aprobada por ambas cámaras buscaba garantizar un fortalecimiento de las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento y salarios de profesores, a partir de una recomposición que reconoce la inflación medida por el INDEC desde diciembre del 2023 hasta el mismo de este año.
La estimación inicial de la Oficina de Presupuesto del Congreso era que implicaba un impacto fiscal de $735.598 millones, equivalente al 0,14% del PBI. En caso de que en los gremios y dirigentes universitarios acuerden una paritaria con el Ejecutivo, un proceso que viene dilatándose desde el cambio de gestión, la ley estipula no aplicarse.
La sanción dejará de estar vigente para el Ejercicio Fiscal del 2025, en donde comenzará a regir lo dispuesto en el proyecto de Presupuesto. Precisamente, uno de los debates más conflictivos se dará en torno al financiamiento educativo, principalmente por el artículo 27 del proyecto presupuestario que elimina el porcentaje mínimo de inversión que le corresponde a Sistema Nacional de Ciencia, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional.
En el artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2025 se abre otra controversia: se fija una suma en torno a los $3,8 billones para financiar «gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales». La respuesta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llegó menos de 48 horas después, exigiendo casi el doble: $7,2 billones. «Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios», indicó en un comunicado Víctor Moriñigo, presidente del organismo, y apuntó que «no hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación».
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