Javier Milei aseguró que si el Congreso reforma la ley de DNU también la vetará
El presidente Javier Milei aseguró este viernes que si el Congreso logra reformar la ley de DNU con el fin de limitar la capacidad de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, la vetará. De esta manera, el líder libertario utilizará la misma estrategia que con la reforma jubilatoria y la ley de Financiamiento Universitario.
Milei brindó un discurso frente a empresarios en Mar del Plata. A la salida de dicho evento, el Presidente confirmó su decisión en caso de que el proyecto de ley avance en ambas cámaras legislativas: «Si sale la reforma del DNU, se veta», afirmó a C5N.
La decisión de Javier Milei sobre el proyecto que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia
La discusión sobre esta herramienta de gestión llegó al Congreso luego de que el primer mandatario emitiera 39 DNUs en los primeros 10 meses de su Gobierno. Los mismos afectaron a una amplió número de regulaciones desde la ley de alquileres hasta la declaración de Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización.
En este marco, la oposición busca limitar esta herramienta del Presidente para, a su vez, limitar el poder de Milei sobre el Congreso. Al ser consultado por el proyecto de ley, el Presidente aseguró que, de salir, «se veta» la reforma del DNU. «Lo que están tratando de hacer es un golpe de Estado».
«Están queriendo cambiar las reglas de juego a mitad de camino. ¿A vos te parece normal eso?» respondió el Presidente. Además, al ser consultado sobre su relación con el expresidente Mauricio Macri, Milei insistió que mantienen un diálogo «muy profundo».
Diputados buscan reformar la ley de DNU
Uno de los principales puntos que la oposición cuestiona es que para derogar un DNU se necesita la aprobación de Diputados y Senadores. Además, entre los 16 proyectos que se impulsan – con la convocatoria a politólogos y juristas para volver más eficaz la reforma -, se propone la ampliación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (que revisa los DNU); que el Poder Legislativo tenga un tiempo límite para ratificar los decretos y no para revocarlos; y esclarecer la definición de necesidad y urgencia, entre distintas propuestas que tienen las múltiples redacciones.
Según un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Javier Milei es el cuarto presidente con mayor cantidad de DNUs en sus primeros nueve meses de gestión, detrás de Eduardo Duhalde (78), Alberto Fernández (60) y Néstor Kirchner (51). Asimismo, fue el primer presidente al que ambas cámaras del Congreso de la Nación le derogaron un DNU: el 656/24, de fondos reservados para el Servicio de Inteligencia.
«Es inadmisible que tenga más valor un decreto que una ley, porque pedimos que hayan dos cámaras para sancionar una ley y con la firma del Poder Ejecutivo ya tenemos una ley funcionando con la misma jerarquía», denunció el diputado Oscar Agost Carreño quien observó que «si el Presidente tiene la potestad del veto parcial, cómo puede ser que el Congreso no tenga en espejo una facultad similar». «Adelantémonos a un posible fallo de la Corte por falta de resolución de la política», agregó Juan Manuel López.
Los DNUs de Javier Milei
Entre los 39 DNUs emitidos por Milei, el que más debate generó fue el 70/2023, presentado en cadena nacional tan solo diez días después de haber asumido la presidencia. En su contenido, se incluía una enorme cantidad de regulaciones que iban desde la derogación de la ley de alquileres, la liberación de precios de medicamentos, modificaciones al régimen de tarjetas de crédito, una reforma laboral, transformaciones a la ley de tierras, entre otros cambios que luego fueron incluidos en el debate de la ley Bases.
Luego de aprobada esta ley, el Presidente decretó medidas que no pudo conseguir por vía parlamentaria, como el libre canje de deuda o la privatización de Aerolíneas Argentinas. Previamente, ya había establecido el sistema jubilatorio por DNU.
A pesar de la aprobación de la mayoría de los DNU, existen dos decretos que atravesaron fuertes controversias. El primero fue el 656/24, que le otorgó $100.000 millones de fondos extras y reservados para el Servicio de Inteligencia, que había sido reformado semanas antes. Otro fue el de la limitación a los pedidos de acceso a la información pública, cuya principal autoridad del propio Poder Ejecutivo expresó su completo desacuerdo y aseguró no haber sido consultada.
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