Procedimiento en Manantial Sur: encuentran gran cantidad de mercadería destinada a ayuda social
Un operativo policial derivado de una denuncia por violencia de género en la capital tucumana terminó revelando presuntas irregularidades vinculadas al manejo de mercadería destinada a programas de asistencia social y podría ser la punta del ovillo. Ahora deberá explicarle a la Justicia por qué tenía en su poder fardos de alimentos con los sellos del ministerio de Desarrollo Social.
El domingo pasado, la Policía acudió al domicilio de O.J.C, de 30 años, quien denunció haber sido agredida física y sexualmente por su pareja, J.A.L.C., de 39 años. Tras recibir la demanda, se dio intervención a la Fiscalía de Violencia de Género, que ordenó medidas judiciales.
Al día siguiente, bajo orden del juez Lucas Alfredo Taboada, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del acusado, ubicado en el Barrio 2.500 viviendas, en Manantial Sur. La medida tenía como objetivo detener al denunciado y secuestrar elementos específicos relacionados con la investigación, como un teléfono celular y un vehículo.
Sin embargo, durante el procedimiento, los oficiales encontraron gran cantidad de mercadería almacenada en la propiedad, que incluía fardos de fideos, arroz, yerba, puré de tomate y cajas de leche en polvo etiquetadas con la leyenda “Prohibida su venta”.
En el lugar también se hallaron cuadernos con anotaciones que sugerían la venta de los productos a negocios locales. Ante este descubrimiento, la Fiscalía de Violencia de Género derivó la causa a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que dispuso el secuestro de toda la mercadería y documentación relacionada para investigar su procedencia y posible comercialización ilegal.
Luego del operativo se reforzaron las medidas judiciales contra L.C. por violencia de género y se abrió una nueva línea de investigación sobre delitos económicos y posibles irregularidades en la distribución de la mercadería destinada a la ayuda social.
El primer expediente que llegó este año a la Justicia se originó en enero pasado, a partir de una denuncia formulada por el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, que advirtió sobre desvíos en lotes de alimentos destinados a cooperativas de trabajo, comedores y merenderos comunitarios.
Por el escándalo, se llevaron adelante allanamientos y arrestos. Y si bien no hay personas privadas de la libertad por este proceso, la Justicia tiene bajo la lupa a seis sospechosos: los Juárez y Sánchez (defendidos por Gustavo Morales), Marcos Eduardo Soria (representado por Patricio Char), Lucas Matías Orrillo (patrocinado por Marcela Ledesma e Iván Escobedo) y Rosa Margarita Ibáñez (por Agustina Recalde).
LaGaceta
