El Gobierno prepara un decreto que elimina programas sociales y modifica la Ley de Turismo
El Gobierno de Javier Milei se encuentra ultimando detalles de un decreto que pretenden eliminar programas sociales, obras públicas y las capacitaciones que dependen de la Subsecretaría de Turismo. La intención del Ejecutivo es realizar una serie de modificaciones en la Ley Nacional de Turismo (25.997).
En la actualidad, la cartera que encabeza Daniel Scioli tiene la obligación de elaborar un Plan de Turismo Social y promover “la prestación de servicios accesibles a la población privilegiando a los sectores vulnerables, mediante la operación de las unidades turísticas de su dependencia y ejerciendo el control de gestión y calidad de los servicios”.
Para el 2025, la Subsecretaría cuenta con un presupuesto de 65.909 millones de pesos, de los cuales 7.475 millones son destinados para el desarrollo del Plan Federal del Turismo Social. Entre ellos tienen a cargo los complejos turísticos de Chapadmalal (provincia de Buenos Aires) y de las sierras de Embalse (Córdoba).
Entre los gastos contemplados, el programa destina 1896 millones para el pago de salarios de contratados y de 1672 para la planta permanente. Luego están 126 millones para oficinas y muebles, para energía eléctrica, gas, telefonía, agua y cloacas unos 378 millones, vigilancia 43 millones y otros servicios 253 millones de pesos.
Otros de los puntos que pretende agregar el Ejecutivo en el decreto es la eliminación del plan de inversión de obras para fines turísticos y transferirá el rol de fomento y de investigación a las provincias.
Se trata de los artículos 7 y 8 de la Ley de Turismo, que marca que el área debe “disponer la realización de emprendimientos de interés turístico, prestando apoyo económico para la ejecución de obras de carácter público, equipamiento e infraestructura turística”.
También avanzar con la disolución del Observatorio de Turismo Social, que fue impulsado en el marco de la creación del Plan Nacional de Fortalecimiento del Turismo Social a través de la resolución 642/2021. A esto se suma la derogación de las facultades de Turismo para instalar oficinas en el exterior, que pasaría a manos de Canillería.
Por último, se recortarán también las capacitaciones para privados que promueven las dependencias de Turismo. Otro de los cambios que prepara el oficialismo es la derogación del diseño y de la concesión de créditos de Turismo.
Abarca los artículos 8, 33 y 35 de la ley, que fija que la subsecretaría debe “gestionar y conceder créditos para la construcción, ampliación o refacción de infraestructura turística”.
