Contrabando: la joven santiagueña que usó los datos de cinco gobernadores quiere disculparse
“Valentina Olguín sólo cometió un error. Está dispuesta a reparar el daño y a pedirle disculpas personalmente al gobernador Osvaldo Jaldo por lo que hizo”, aseguró Claudia Paz, la abogada defensora de la joven cantante e influencer santiagueña que utilizó los datos personales de cinco gobernadores para contrabandear ropa de Miami y que, según la investigación judicial, podría haber vendido.
En noviembre, Jaldo descubrió que alguien había utilizado su nombre para realizar compras en el exterior. Después de realizar las averiguaciones correspondientes y confirmar que nadie de su entorno había utilizado su cupo de importación, realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía federal que conduce Agustín Chit.
El fiscal inició la pesquisa buscando los movimientos de la santiagueña. Así, con la colaboración de la Dirección General de Aduanas, se confirmó que la persona investigada había utilizado la identidad, el número de documento y la dirección del domicilio fiscal del gobernador de Tucumán. Ella, haciéndose pasar por él, compraba la ropa que luego recibía en domicilios de Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. Con la colaboración del juez federal José Manuel Díaz Vélez pudo avanzar rápidamente con la causa.
Pero al recibir los informes, descubrió que la sospechosa había hecho lo mismo con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan) -no Claudio Poggi (San Luis) como se había informado en un principio- también fueron damnificados por la influencer santiagueña.
Jaldo y Kicillof fueron los únicos que habían descubierto esa irregularidad por una sola razón: uno es contador público nacional, el otro economista y saben lo que significa recibir una notificación de Aduana. El tucumano, se presentó en la Justicia Federal y, el bonaerense, en la ordinaria de su provincia. Los otros tres se enteraron por boca del fiscal Chit. Todos los funcionarios ratificaron las denuncias a través de videoconferencias o videollamadas.
En noviembre, con la autorización de Díaz Vélez, Chit realizó un allanamiento en un departamento donde reside la joven cuando viaja a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) donde encontró pruebas que la complicaron procesalmente.
Olguín utilizaba los datos personales (CUIL y domicilio fiscal) de los funcionarios para poder importar las prendas que recibía en diferentes domicilios. Quedó totalmente descartado que haya pagado las prendas con los fondos de los gobernadores damnificados. Por esa razón fue acusada de contrabando simulado y ya fue indagada. Ahora el juez Díaz Vélez deberá resolver su situación procesal.
“Lo más importante que se debe aclarar es que en un primer momento fue imputada por contrabando agravado, pero después por contrabando simulado, que es un delito menos gravoso”, explicó la defensora de la cantante. Paz insistió en que su defendida no comercializaba la ropa que traía desde Miami, sino que la utilizaba para sus shows o los videos que grababa para subirlos a las redes sociales. “No hay pruebas de que las haya comercializado”, indicó.
Según la defensa, Olguín, desde el año 2021 traía ropa de una reconocida marca de Miami, Estados Unidos. “Ella había firmado una especie de canje. Recibía las prendas y luego difundía la marca como influencer”, señaló. “Con el correr del tiempo, las condiciones para importar la mercadería se fueron complicando. Agotó su capacidad legal para hacerlo, después las de sus familiares y, por último, el de sus amistades. Entonces no se le ocurrió mejor idea que buscar los nombres de personas conocidas, como fueron los cinco gobernadores”, contó la profesional.
La maniobra, calificada como “audaz” por los investigadores, fue analizada por un operador local. A su entender, Olguín habría recurrido a los nombres de los funcionarios para que el personal de Aduana no la retuviera. “No creo que ningún empleado haya intentado analizar o detener una encomienda que venía a nombre de Kicillof, por decir un ejemplo”, comentó.
“Eso es falso y debe considerarse como una especulación. Ella no usó el nombre de los gobernadores, sino el CUIT”, respondió Paz.
“Es nuestra intención solicitar que el caso se cierre a través de una probation. Además, quiere hacer una reparación por el daño causado haciendo una donación al Hospital de Niño. También, que creo que es lo más importante, pedir públicamente disculpas al gobernador Jaldo”, anticipó Paz.
El también llamado suspensión de juicio a prueba es un mecanismo legal que permite a una persona que ha sido acusada de un delito, evitar el juicio y la pena de prisión, siempre y cuando cumpla con determinadas condiciones y reglas de conducta durante un período. Para acceder a este sistema, la persona no debe tener antecedentes. “Ella está dispuesta a hacer todo lo que le pidan. Es el Ministerio Público el que debe poner las condiciones, que la víctima o el damnificado acepten y, por último, el juez debe aceptar el acuerdo”, sintetizó Paz.
La profesional confirmó además que sólo fue indagada en Tucumán y que no tiene novedades de lo que ocurrirá con las causas que el fiscal Chit remitió a sus pares de Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos y La Pampa, puesto que él solo atenderá la denuncia realizada por Jaldo. “Por el momento no tenemos novedades de lo que sucederá en las otras jurisdicciones. Por el momento sólo puedo decir que Valentina está destrozada y muy angustiada por el error que cometió. Lo que más le interesa es viajar a Tucumán a pedirle disculpas al gobernador”, finalizó.
La Gaceta
