La joven santiagueña que robó datos de cinco gobernadores fue acusada de contrabando, pero seguirá en libertad

Valentina Olguín, la joven santiagueña acusada de haber robado los datos fiscales de cinco gobernadores para contrabandear mercadería, fue procesada por el juez José Manuel Díaz Vélez. La cantante e influencer santiagueña fue acusada de contrabando simulado. El magistrado decidió que siguiera el proceso en libertad y además dictó un embargo por $5 millones en su contra, según confirmaron fuentes judiciales.

En noviembre pasado, el gobernador Osvaldo Jaldo descubrió que había recibido al menos tres notificaciones de que había realizado tres compras en una tienda de Miami, EE.UU. Después de realizar las averiguaciones correspondientes y confirmar que nadie de su entorno había utilizado su cupo de importación, realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía federal que conduce Agustín Chit.

“Mantuvimos el caso en reserva porque no queríamos entorpecer el trabajo que debía realizar la Justicia Federal. Entendíamos que si tomaba estado público podría generar inconvenientes”, explicó Jaldo.

Chit inició la pesquisa buscando los movimientos de la santiagueña. Así, con la colaboración de la Dirección General de Aduanas, se confirmó que la persona investigada había utilizado la identidad, el número de documento y la dirección del domicilio fiscal del gobernador Jaldo. Ella, haciéndose pasar por él, compraba la ropa que luego recibía en domicilios de Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. Con la colaboración del juez Díaz Vélez, Chit pudo avanzar rápidamente con la causa.

Pero al recibir los informes, descubrió que la sospechosa había hecho lo mismo con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).

Jaldo y Kicillof fueron los únicos que habían descubierto esa irregularidad por una sola razón: uno es contador público nacional, el otro economista y saben el significado de las notificaciones que recibieron de Aduana. El tucumano, se presentó en la Justicia Federal y, el bonaerense, en la ordinaria de su provincia. Los otros tres se enteraron por boca del fiscal Chit.

Al sumar las suficientes evidencias, Olguín fue citada a declaración indagatoria. En el interrogatorio, la sospechosa asistida por la abogada santiagueña Claudia Paz, no sólo habría confirmado ser la autora, sino que además explicó cómo podría haber conseguido los datos. De acuerdo a fuentes del juzgado que conduce Díaz Vélez habría señalado que consiguió esa información en Google.

También habría declarado que utilizó ese mecanismo después de haberse agotado el cupo personal, de sus familiares y amistades. Entonces se le ocurrió utilizar el “crédito” de los funcionarios. La versión no terminó de cerrar entre los investigadores. Los especialistas creen que podría haber elegido esta estrategia por una sola razón. A su entender una encomienda a nombre de un gobernador no pasaría el proceso de averiguaciones que puede durar varias semanas y jamás sería retenida, que puede suceder.

Díaz Vélez avaló la acusación de Chit y el caso seguirá avanzando, pero por la denuncia de Jaldo únicamente. El fiscal envió a sus pares de las jurisdicciones de los gobernadores afectados copias del expediente para que decidiera si abriría o no una pesquisa.

Claudia Paz, defensora de la acusada, tiene la posibilidad de apelar la resolución del magistrado. La profesional había anunciado que era su intención cerrar el expediente a través de una salida alternativa. La idea es que acceda a una probation y a cambio, hacer una reparación económica (sería realizar una donación al Hospital de Niños) y pedirle disculpas personalmente al gobernador tucumano.

La cantante fue acusada de haber cometido el delito de contrabando simulado. El inciso e del artículo 864 del Código Aduanero establece que una persona que “simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una destinación aduanera de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico” está cometiendo un delito. Contempla una pena de entre dos y ocho años de prisión, es decir, que puede ser de cumplimiento efectivo. En este caso, la sospechosa utilizaba datos de cinco gobernadores para importar ropa desde Miami, Estados Unidos que luego comercializaría al menos en Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires.

Vale la pena aclarar que fue acusada de ese delito porque sólo usó los datos fiscales de los mandatarios. Pagó las compras con su propio dinero, no con el de los funcionarios. Si hubiera utilizado esos patrimonios, la acusación sería mucho más grave./LaGaceta