La Justicia le concedió la prisión domiciliaria a José Alperovich
El exgobernador y exsenador nacional, José Alperovich, comenzará a cumplir arresto domiciliario luego de haber pasado un año detenido en el penal federal de Ezeiza. La medida fue autorizada por el juez Juan Ramos Padilla, el mismo magistrado que lo condenó a 16 años de prisión por delitos sexuales.
La resolución, firmada días después de cumplirse un año de su detención, establece que el encierro domiciliario se cumplirá en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero, una de las propiedades del condenado y, según consta en el expediente, también uno de los lugares donde habrían ocurrido los primeros episodios de abuso denunciados.
Para acceder a este régimen más flexible, Alperovich debió cumplir una serie de requisitos: se le impuso el uso de una tobillera electrónica, el pago de una caución real por 400 millones de pesos y una serie de restricciones judiciales.
No podrá tener contacto, ni directo ni indirecto, con la denunciante ni con su entorno, y tampoco podrá realizar declaraciones públicas que la aludan o busquen desacreditarla.
“La prisión domiciliaria no es un beneficio excepcional ni un acto de clemencia, sino una herramienta legal que se aplica bajo condiciones muy específicas”, señaló Ramos Padilla en los fundamentos de su decisión. Además, fue enfático al recordar: “Espero que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad”.
Durante el proceso, la defensa del exmandatario solicitó en dos oportunidades morigerar su detención, pero ambos pedidos fueron rechazados por el tribunal y luego ratificados por la Cámara de Casación Penal.
El fallo que lo condenó el año pasado lo halló culpable de nueve hechos de abuso sexual, seis con acceso carnal y tres en grado de tentativa, todos cometidos en un contexto de subordinación y abuso de poder, tanto político como familiar.
Mientras la causa avanza hacia la revisión en instancias superiores, Alperovich permanecerá bajo vigilancia electrónica, con controles periódicos y bajo supervisión judicial constante.
El caso sigue siendo seguido de cerca por organismos de derechos humanos y colectivos feministas, quienes destacaron la solidez del fallo condenatorio y advirtieron sobre la necesidad de garantizar que se cumplan todas las restricciones impuestas.
