Malversación de fondos en la UNT: el ex Rector, Juan Cerisola, condenado a tres años y medio de prisión
A 457 días del inicio del juicio por defraudación contra el ex Rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, la Justicia Federal de la provincia puso fin al sainete judicial y condenó al ex funcionario a 3 años y 6 meses de prisión, al ser declarado autor responsable del delito de incumplimiento de funcionario público, y coautor del delito de defraudación contra la UNT, además de la inhalibilitación perpetura para desempeñarse como funcionario publico: Con esta sentencia, el Tribunal Oral Federal dejó impune el robo de la Ciudad Universitaria de los tucumanos.
Además de Cerisola, los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –titular de la Dirección de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino –Director de Inversiones y Contrataciones-, que eran juzgados como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art 174, inc 5, en función del art.173, inc 7 del CP), fueron condenados a 3 años y 2 meses de prisión, y 2 años de prisión en suspenso respectivamente, quedando ambos con una inhalibilitación perpetura para desempeñarse como funcinarios públicos.
Por último, Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-, que también se encontraban procesado por las colocaciones financieras realizadas del dinero YMAD, quedó absuelto por el beneficio de la duda, de acuerdo a lo leído por el tribunal este mediodia pasada las 13:30.
Por otro lado, el tribunal condeno a Cerisola y Cudmani al pago solidario de más de $39.000.000 por «los efectos del delito del daño causado a la UNT»; mientras que Venturino y Cudmani también deberán afrontar el pago de $766.000 por la obra 533.
La causa comenzó en el año 2010 y el pedido de elevación a juicio a cargo del fiscal Brito llegó recién en 2018. Tras años de dilaciones y postergaciones, el juicio se demoró todavía más por la renuncia del presidente del Tribunal Oral Federal, Carlos Enrique Jiménez Montilla y que finalmente terminó conformado por los jueces Dr. Abelardo Jorge Basbús, Ana Carina Farías (ambos del TOF de Santiago del Estero) y Dr. Enrique Lilljedahl (TOF de Catamarca).
En el juicio oral y público que llegó a su fin este martes, la Justicia Federal debía determinar la responsabilidad de Cerisola y sus exfuncionarios, como también de los ex Rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano por su rol en YMAD. A lo largo del proceso judicial, la causa que se fue dividiendo y estuvieron procesados más de 20 empresarios tucumanos por las obras del nuevo plan de obras de la UNT; además, el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez requirió también la indagatoria y detención de la ex vicerrectora María Luisa Rossi de Hernández y los históricos funcionarios José Hugo Saab y Augusto González Navarro (en ese momento y hoy aún secretario general y director de Asuntos Jurídicos de la UNT respectivamente), al considerar que “no fueron ajenos a las maniobras por las que resultaron procesados Cerisola, Cudmani, Venturino y Sacca”, pero el fiscal fue apartado de la causa por una presunta enemistad manifiesta denunciada por Brito.
La impunidad sobre el robo de la ciudad universitaria a Tucumán
La vigente Ley 14.771 de creación de YMAD ordena construir la Ciudad Universitaria de San Javier «conforme a los planos ya aprobados» con el 40% de las utilidades de la minera nacional. Su construcción fue falsificada en documentos y el campus (diseñado por Jorge Vivanco, Horacio Caminos y Eduardo Sacriste durante el rectorado de Horacio Descole) se declaró «terminado»; así los fondos para la UNT pasaban a ser de «libre disponibilidad» del Rectorado y se reducían a la mitad, mientras que el otro 20% se distribuía desde ese momento en el sistema universitario nacional, según el artículo 18 de la citada ley, promulgada en el Boletín Oficial el 9 de enero de 1959, durante la presidencia del radical Arturo Frondizi.
Sin embargo, la Ciudad Universitaria de San Javier fue «reemplazada» por una serie de obras menores y refacciones en las Facultades de la UNT, que devinieron en una denuncia del arquitecto Ramón Eudal –ya fallecido- en el año 2010 que devino en una investigación por los sobreprecios en esas obras y la malversación de los fondos en colocaciones financieras. La investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Brito, quien no hizo mucho énfasis en el presunto delito de fondo: la no-construcción de la Ciudad, una mega obra para la que Juan Domingo Perón ordenó expropiar 18.000 hectáreas en los cerros tucumanos y que llevó a Frondizi a resolver el litigio entre la UNT y Catamarca mediante la Ley de YMAD, que determinó el destino único de esos fondos, legados a la Universidad por Abel Peirano, el descubridor de la enorme mina de oro, cobre y plata.
En el pedido de elevación a juicio de la causa en el año 2018, Brito le dedicó un párrafo a este asunto. Allí se lee: “Ahora bien, merece especial análisis la conducta del ex Rector Juan Alberto Cerisola, al rubricar, como representante de la Universidad Nacional de Tucumán, el Convenio Nº 6 UNT – YMAD, de fecha 02/01/2008 en el que dio por satisfecha la obligación del YMAD de distribuir el porcentaje del 40% de sus utilidades, previsto en el art. 18, inc. «b» de la Ley 14.771, reduciendo el porcentaje al 20 % de manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir que no existe ningún antecedente y/o informe técnico que avalase tal decisión, advirtiendo además la llamativa fecha que se firmó».
En el Acta Nº498 del directorio de YMAD (27 de diciembre de 2007) consta que los radicales Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano -ya fallecido- (ambos ex rectores y en ese momento directores en representación de la UNT) promovieron y redactaron las condiciones del acta que firmó el 2 de enero de 2008 el por entonces Rector Cerisola con YMAD, declarando «satisfecho» el derecho de la Casa de Altos Estudios de recibir fondos para la Ciudad Universitaria como el final de la obligación de remitir el 40% de las utilidades de la empresa a la Universidad.
Así, desde ese momento, las regalías mineras para la UNT disminuyeron del 40% al 20% pero pasaron a ser de libre disponibilidad a favor del Rectorado, mientras que el 20% restante se repartía desde entonces entre las demás universidades nacionales.
En 1991, YMAD convocó a concurso público para la explotación de la mina de Bajo de la Alumbrera. En el ’93 Carlos Menem sancionó la Ley de Inversiones Mineras y en el ’94 se concesionó la mina a Minera Alumbrera Ltd, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre YMAD y Minera Alumbrera. La inversión inicial habría ascendido a por lo menos U$S1.200 millones, aunque se ha insinuado que fueron muchos más. Hacia el ’97 comenzó la extracción de oro y plata y se proyectaba que las utilidades llegarían a los socios de YMAD (Catamarca y la UNT) hacia el año 2012 o incluso para el 2014.
Sin embargo, en el año 2005 los directores de la UNT en YMAD Rodolfo Campero y Héctor Carlos Ostengo tomaron conocimiento de un cambio en la titularidad de acciones de Wheaton River Minerals Ltd, empresa integrante de Minera Alumbrera Ltd, por U$S 250 millones. Esta maniobra -que no habría sido informada- fue impugnada por la UNT, según reveló en diciembre de 2023 el abogado Carlos Benito Garzón, asesor de los directores de la UNT, en el diario La Gaceta. Campero presentó una nota ante Minera Alumbrera y obtuvo el adelanto de un millón de dólares que el entonces Rector Marigliano destinó al Museo de la UNT -que ya estaba en marcha- y no a la Ciudad Universitaria como ordenaba la ley 14.771.
«Ya redactada la impugnación a la restitución de capital, antes de firmarla Rodolfo Campero dijo que hablaría con las autoridades de la Minera y se llevó la nota de impugnación. No recuerdo el tiempo que llevó dicha “negociación”, pero a consecuencia de lo cual se llevaría a una sesión especial para tratar la desvinculación de la empresa en cuestión, pero Minera Alumbrera se comprometía a liquidar regalías a partir del año 2006 y no como estaba previsto para 2012 o 2014, según fuese el “rendimiento” de la explotación minera. En síntesis: se logró adelantar el pago de regalías mineras en seis años», escribió Garzón en La Gaceta.
Ese acuerdo se consagró en el contrato que firmó Marigliano con Julián Patricio Rooney -gerente Comercial, Legal y de Asuntos Corporativos y Vicepresidente de Minera Alumbrera- el 30 de noviembre de 2005, el primer millón de la minería que llegó a la UNT, destinado supuestamente a una obra que ya estaba proyectada y en curso. Rooney estuvo procesado y embargado por contaminación ambiental con metales pesados de la cuenca Salí-Dulce. En 2007, Marigliano fue candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, de la que era presidente en Tucumán. Ese primer millón no figuraría en los balances de la Universidad, pero sí aparece en los expedientes donde Campero y Marigliano reclamaban desde YMAD por el destino de los fondos a Cerisola años después.
En mayo de 2023, el diario eltucumano.com localizó los planos de la Ciudad Universitaria en la Planoteca de la secretaría de Planeamiento y Obras. Recordando que la Ley 14.771 ordena construir la Ciudad Universitaria “conforme a los planos ya aprobados”, se alertó a las autoridades universitarias y se pidió su resguardo a la Justicia Federal, en tanto podrían ser pruebas de un delito. De acuerdo a la Ley, la UNT debió –y debe- construir el campus de acuerdo a aquellos planos desde el momento en que recibió el dinero de YMAD. El Rectorado creó una comisión para estudiar los planos, y las autoridades sostienen que las más de 2.700 láminas que reposaban en cajas de aires acondicionados no son planos “aptos para construcción” o esgrimen que no serían “originales”, pero no lograron todavía explican por qué nunca los buscaron.
La actuación institucional de la Universidad está bajo la mira de la Justicia: desde el Consejo Superior apenas se habría pedido la anulación de las actas que firmaron Campero y Marigliano en YMAD y la que rubricó Cerisola, lo que podría complicar a ex rectores y consejeros, al no haber nunca denunciado el supuesto delito del que habrían tomado conocimiento. En 2019, la Universidad se constituyó en querellante –este medio no tiene conocimiento de las actuaciones de la querella, por ese entonces a cargo de Rodolfo Tercero Burgos, ex presidente de Canal 10 condenado por el abuso sexual- luego de que el Consejo Superior declaró «lescivo» el acto firmado por Cerisola «excediendo su competencia estatutaria, por estar basado en hechos inexistentes», en alusión al plan de obras que bautizó “Ciudad Universitaria del Siglo XXI” por el que luego reemplazó la Ciudad Universitaria.
Desde mayo de 2020, a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, aquel 40% de las regalías de YMAD que por ley deben destinarse a construir la Ciudad Universitaria se dividen entre un 20% para la UNT (que se presume es de libre disponibilidad del Rectorado) y un 20% se reserva en un plazo fijo «mientras dure la tramitación de la presente causa o hasta que el Honorable Consejo Superior (HCS) de la UNT se pronuncie de manera expresa sobre la construcción de la Ciudad Universitaria».
Así, podría interpretarse que la Universidad se vio durante años muy beneficiada por la no construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier, ya que al estar “satisfecha” en su necesidad de recibir los fondos para construirla, habría accedido desde 2008 y hasta la actualidad fondos de la minería de libre disponibilidad.
