ADEPA criticó el fallo que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei: “Afecta la libertad de expresión”
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo a la decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, grabados presuntamente en la Casa Rosada. La entidad consideró que se trata de una medida que “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.
“La reciente sentencia (…) es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, afirmó ADEPA en un comunicado publicado hoy. La organización remarcó que se opone de forma sistemática a toda decisión de funcionarios públicos que impida la difusión de información, “en especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional”.
El pronunciamiento se conoció luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por el Gobierno, que denunció una presunta “operación de inteligencia ilegal” orientada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la filtración y publicación de audios obtenidos de forma clandestina. El fallo ordenó “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.
“La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, escribió en redes sociales el vocero presidencial, Manuel Adorni, al difundir el fallo.
En su comunicado, ADEPA advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al respecto: con la única excepción de contenidos que afecten a niños o adolescentes, “cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”.
La entidad señaló también que “la publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores”, es decir, que si existiera alguna irregularidad legal en la obtención del material, el Estado tiene derecho a investigar y sancionar esos delitos.
Pero subrayó que eso no puede justificar la censura previa: “El gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto”, señaló el comunicado.
La denuncia judicial, presentada por el Ministerio de Seguridad y radicada en el Juzgado Federal N.º 12, apunta también contra el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes se señala como posibles integrantes de una red que, según el Ejecutivo, busca alterar la campaña electoral y “generar violencia contra funcionarios del oficialismo”. Además, se menciona la posibilidad de que los audios hayan sido manipulados digitalmente con fines políticos.
Para ADEPA, sin embargo, este tipo de medidas atentan contra principios constitucionales. “Las prohibiciones preventivas (…) son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional”, sostuvo la entidad, y agregó que “afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden —o no— influir en la formación de la opinión pública”./TN
