Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa y a otras cuatro personas
El juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó el procesamiento de seis personas -entre funcionarios municipales, ex autoridades y empresarios- en el marco de la causa que investiga la existencia de una presunta organización criminal que habría operado desde la estructura misma de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi. La resolución marca uno de los fallos más significativos en materia de crimen organizado en el sur tucumano y tiene como punto de partida un audio que se viralizó por redes sociales y que expuso una trama que mezcla política, dinero público y narcotráfico. Entre los procesados figuran el ex intendente Luis Campos y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa.
“Nos encontramos frente a hechos de especial trascendencia institucional, que exceden el mero ámbito municipal y afectan la administración pública en su conjunto”, sostuvo el magistrado en su fallo. “La magnitud de los hechos ventilados y la posición jerárquica de los imputados imponen al Estado una respuesta judicial inmediata, proporcional y ejemplificadora”, agregó.
Además Díaz Vélez ordenó: “Trábese embargo sobre bienes suficientes de propiedad de José Albano Loru, Pablo Exequiel Barrionuevo, Sandra Beatriz Figueroa y Luis Armando Campos, en la suma de pesos doscientos cincuenta millones ($250.000.000) por cada uno. En lo que respecta a Roque Cayetano Giménez y José del Carmen Roldán, en la suma de pesos doscientos millones ($200.000.000) por cada uno, a fin de garantizar responsabilidades civiles y costas procesales derivadas de la presente causa”.
La investigación comenzó cuando personal de la División Informática Forense de la Policía de Tucumán detectó la circulación de un mensaje de voz entre dos hombres. Según las pericias, las voces correspondían a Luis Armando Campos -entonces intendente municipal- y Roque Cayetano Giménez -empresario local-. En esa conversación se hacía referencia a supuestos hechos delictivos graves: narcotráfico, comercialización de menores, injerencias sobre la policía y uso de fondos municipales.
“La conversación reveló la existencia de vínculos directos entre funcionarios y actores privados en torno a prácticas delictivas de extrema gravedad”, escribió Díaz Vélez en la resolución. “La investigación permitió corroborar un funcionamiento paralelo al institucional, donde las decisiones públicas se entrelazaban con intereses particulares y delictivos”, agregó.
Además Díaz Vélez ordenó: “Trábese embargo sobre bienes suficientes de propiedad de José Albano Loru, Pablo Exequiel Barrionuevo, Sandra Beatriz Figueroa y Luis Armando Campos, en la suma de pesos doscientos cincuenta millones ($250.000.000) por cada uno. En lo que respecta a Roque Cayetano Giménez y José del Carmen Roldán, en la suma de pesos doscientos millones ($200.000.000) por cada uno, a fin de garantizar responsabilidades civiles y costas procesales derivadas de la presente causa”.
La investigación comenzó cuando personal de la División Informática Forense de la Policía de Tucumán detectó la circulación de un mensaje de voz entre dos hombres. Según las pericias, las voces correspondían a Luis Armando Campos -entonces intendente municipal- y Roque Cayetano Giménez -empresario local-. En esa conversación se hacía referencia a supuestos hechos delictivos graves: narcotráfico, comercialización de menores, injerencias sobre la policía y uso de fondos municipales.
“La conversación reveló la existencia de vínculos directos entre funcionarios y actores privados en torno a prácticas delictivas de extrema gravedad”, escribió Díaz Vélez en la resolución. “La investigación permitió corroborar un funcionamiento paralelo al institucional, donde las decisiones públicas se entrelazaban con intereses particulares y delictivos”, agregó.
El audio se viralizó rápidamente en grupos de mensajería y portales, generando una crisis institucional que derivó en la intervención del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Alberdi por decreto del Poder Ejecutivo provincial a cargo de Osvaldo Jaldo.
La resolución alcanza a seis personas: Luis Campos (ex intendente), Roque Cayetano Giménez (empresario), Sandra Beatriz Figueroa (ex jefa municipal), José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda), José Albano Loru (ex concejal) y Pablo Exequiel Barrionuevo: procesado por asociación ilícita.
De este grupo, Giménez permanece detenido con prisión preventiva, mientras que Loru, Barrionuevo y Roldán enfrentan medidas de coerción personal.
“Existen elementos suficientes para sostener que Giménez y Campos integraron un esquema criminal que utilizó la estructura institucional para fines ilícitos”, remarcó el juez.
El audio expuso no sólo un presunto delito penal, sino también una estructura de poder político local. Giménez, un contratista municipal convertido en empresario, mantenía contratos directos con la intendencia para la ejecución de obras públicas. Campos, intendente desde 2003 en distintos períodos, era señalado por la oposición local por manejar el municipio como un “feudo familiar”. Su esposa, Sandra Figueroa, lo sucedió entre 2015 y 2023, manteniendo a Roldán como secretario de Hacienda.
El audio se viralizó rápidamente en grupos de mensajería y portales, generando una crisis institucional que derivó en la intervención del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Alberdi por decreto del Poder Ejecutivo provincial a cargo de Osvaldo Jaldo.
La resolución alcanza a seis personas: Luis Campos (ex intendente), Roque Cayetano Giménez (empresario), Sandra Beatriz Figueroa (ex jefa municipal), José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda), José Albano Loru (ex concejal) y Pablo Exequiel Barrionuevo: procesado por asociación ilícita.
De este grupo, Giménez permanece detenido con prisión preventiva, mientras que Loru, Barrionuevo y Roldán enfrentan medidas de coerción personal.
“Existen elementos suficientes para sostener que Giménez y Campos integraron un esquema criminal que utilizó la estructura institucional para fines ilícitos”, remarcó el juez.
El audio expuso no sólo un presunto delito penal, sino también una estructura de poder político local. Giménez, un contratista municipal convertido en empresario, mantenía contratos directos con la intendencia para la ejecución de obras públicas. Campos, intendente desde 2003 en distintos períodos, era señalado por la oposición local por manejar el municipio como un “feudo familiar”. Su esposa, Sandra Figueroa, lo sucedió entre 2015 y 2023, manteniendo a Roldán como secretario de Hacienda.
“Los hechos aquí ventilados demuestran una connivencia sistemática entre funcionarios públicos y particulares con acceso privilegiado a la estructura estatal”, expresó Díaz Vélez.
La oposición venía reclamando desde 2024 informes sobre los contratos de obra adjudicados a Giménez. Esos pedidos no fueron respondidos, lo que derivó en presentaciones judiciales por mora. La crisis institucional escaló con la difusión del audio: en uno de los pasajes, Giménez le dice a Campos: “Luis, vos sos el intendente”, reclamándole “manejo de la policía” y “dejarlo gobernar”. “El uso de la estructura administrativa municipal como vehículo para el lavado de activos constituye una afrenta directa al principio republicano de transparencia”, dijo Díaz Vélez. “Resulta evidente que los imputados se valieron de la investidura pública para dar apariencia de legalidad a operaciones de origen ilícito”, insistió.
La investigación comenzó en el fuero provincial, pero el 4 de julio el Colegio de Jueces Penales de Concepción declaró su incompetencia y derivó el expediente a la justicia federal. El 1 de agosto, el Juzgado Federal N° 2 asumió formalmente la causa. “La trama aquí descripta no puede ser analizada como un hecho aislado: se trata de un entramado con proyección y recursos que exceden la órbita municipal”, señaló el juez Díaz Vélez.
El caso fue calificado como de “asuntos complejos”, con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Gendarmería Nacional y la fiscalía federal. “El municipio de Juan Bautista Alberdi se vio transformado en un escenario donde el poder político, económico y criminal confluyeron en una misma red de intereses”, aseguró el juez federal. Y añadió: “Las pruebas reunidas demuestran un patrón de connivencia sistemática entre funcionarios públicos y particulares, orientado al enriquecimiento ilegítimo.”
Los investigadores, bajo la supervisión del fiscal Rafael Vehils Ruiz, detectaron que Giménez, a través de Giménez Consulting Group SAS, recibía contrataciones directas por sumas millonarias. En los allanamientos se secuestraron cheques, balances contables, vehículos, teléfonos celulares, DVR, efectivo en pesos y dólares, y documentación que vincula a los imputados con operaciones irregulares.
“Se acreditaron mecanismos de blanqueo de fondos públicos a través de la contratación directa de obras y servicios inexistentes o sobrevaluados”, sostiene el fallo.
Campos y Figueroa, además, registraban un patrimonio vehicular incompatible con sus ingresos declarados. Las pericias patrimoniales y migratorias fueron incorporadas como prueba central.
De acuerdo con la investigación, la organización no sólo manejaba fondos municipales, sino que ejercía influencia sobre la policía local y permitía la venta de estupefacientes en la zona. En el audio, se mencionan apodos y nombres de personas vinculadas con estas actividades, como José Roldán -entonces secretario de Hacienda-, a quien Giménez alude como “quien maneja la venta de menores”. “Las referencias al control sobre fuerzas de seguridad y sobre la vida y la muerte de habitantes del municipio grafican el grado de deterioro institucional existente”, escribió Díaz Vélez. “No se trata de meros hechos de corrupción administrativa, sino de un esquema delictivo complejo que afectó la seguridad, la paz social y la administración pública”, remarcó. Y luego afirmó: “La difusión del audio no fue un hecho fortuito sino la manifestación visible de una estructura preexistente, articulada y con roles definidos.”
El avance de la causa incluye medidas sobre bienes patrimoniales de los imputados y pedidos de colaboración internacional.
La gravedad de los hechos motivó la intervención de la Municipalidad de Alberdi. El interventor designado, Guillermo Norry, recibió la instrucción de preservar documentación y garantizar la prestación de servicios básicos.
“El Estado no puede permanecer indiferente frente a estructuras de poder locales cooptadas por intereses delictivos”, advirtió Díaz Vélez. “El Estado debe garantizar que el ejercicio del poder no se convierta en una herramienta de intimidación ni en refugio de la criminalidad. Corresponde remarcar que las conductas atribuidas a Campos y Giménez no sólo lesionan el bien jurídico protegido por la Ley 23.737, sino que comprometen la credibilidad institucional. Los hechos aquí investigados muestran la infiltración del delito en el aparato estatal, fenómeno que debe ser combatido con decisión desde el fuero federal. El manejo irregular de fondos públicos y la ausencia de controles internos fueron condiciones que posibilitaron la expansión de estas maniobras ilícitas”, dijo el juez en uno de los párrafos.
La Legislatura provincial ratificó la medida por unanimidad, en medio de una fuerte polémica en el sur tucumano. “Las evidencias secuestradas -celulares, documentación contable, soportes digitales- permiten reconstruir el circuito delictivo que involucraba a funcionarios y contratistas. El juzgado no puede permanecer indiferente ante la utilización del poder municipal como plataforma de delitos federales. La gravedad de los hechos amerita una respuesta procesal contundente que preserve el interés público y la confianza ciudadana en la justicia”, advirtió.
En su momento, el caso generó un sismo político en la provincia. La oposición provincial exigió “responsabilidades institucionales y penales” mientras que el oficialismo respaldó la intervención. Dirigentes locales señalaron que los audios y las contrataciones irregulares eran “un secreto a voces” en Alberdi.
La resolución judicial sienta un precedente para futuras investigaciones sobre redes de poder municipal vinculadas al narcotráfico. La instrucción continúa abierta y no se descarta que en las próximas semanas haya más imputaciones.
“Las instituciones republicanas deben ser resguardadas de estructuras que, desde adentro, las utilizan para fines criminales”, concluyó el juez federal.
Quiénes son los procesados y qué delitos se les atribuyen
La resolución alcanza a seis personas:
– Luis Armando Campos (ex intendente): procesado por intimidación pública, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.
– Roque Cayetano Giménez (empresario): procesado con prisión preventiva por intimidación pública, instigación a cometer delitos, lavado de activos y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737).
– Sandra Beatriz Figueroa (ex jefa municipal y esposa de Campos): procesada por lavado de activos y asociación ilícita.
– José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda): procesado por asociación ilícita y lavado de activos.
– José Albano Loru (ex concejal): procesado por asociación ilícita.
– Pablo Exequiel Barrionuevo: procesado por asociación ilícita.
Claves del caso Alberdi
- Origen: audio viral entre el ex intendente Luis Campos y el empresario Roque Giménez.
- Imputados: Campos (intimidación pública, lavado y encubrimiento agravado); Giménez (narcotráfico, lavado y atentado al orden público, con prisión preventiva); Figueroa (lavado); Roldán (lavado y asociación ilícita); Loru y Barrionuevo (asociación ilícita).
- Delitos: narcotráfico, lavado de activos, asociación ilícita, encubrimiento agravado, intimidación pública, incumplimiento de deberes.
- Medidas: allanamientos, secuestro de bienes, intervención del municipio.
- Competencia federal: la causa pasó del fuero provincial al federal por su complejidad y alcance.
- Próximos pasos: ampliación de indagatorias, pericias patrimoniales y eventuales nuevas imputaciones. /LaGaceta
