Caso Érika: la defensa de Justina Gordillo pidió el cese de la prisión preventiva

Un nuevo capítulo en la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez se desarrolló ayer. Los abogados defensores de Justina Gordillo solicitaron que su clienta continúe el proceso penal en libertad o bajo arresto domiciliario, argumentando que los riesgos procesales han disminuido. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella se opusieron rotundamente al pedido, advirtiendo que las evidencias recolectadas en los últimos días complican la situación de la imputada.

El juez interviniente, Bernardo L’Erario Babot, dispuso un cuarto intermedio y resolverá los planteos durante la jornada de hoy a las 10:30.

Gordillo se encuentra privada de su libertad desde el 3 de enero, cuando el juez Babot hizo lugar al pedido de tres meses de preventiva formulado por el fiscal Pedro Gallo. Desde entonces, sus abogados, Florencia Abdala y Camilo Atim, han agotado los recursos para revocar la medida de coerción. El pasado 10 de febrero, la jueza del Tribunal de Impugnación, María Jimena Suárez, ya había rechazado un planteo similar.

Los argumentos de la defensa para el pedido de morigeración
Ayer, frente al juez Babot, la defensa intentó nuevamente morigerar la medida basándose en los avances de la investigación. En primer lugar, abordaron la pista del Chevrolet Corsa. La jueza Suárez había sugerido que podría haber personas no identificadas involucradas, basándose en un video donde un individuo bajaba de un auto cerca de la casa de Felipe “El Militar” Sosa la noche del crimen, vehículo en el que se sospechaba podría haber viajado Gordillo. La defensa aclaró que se identificó a esa persona: era una joven visitando a su primo, vecino de Sosa. “Por ende, lo que se observa en las filmaciones no es a ningún coautor ni a ningún coimputado prófugo”, afirmó Atim.

En cuanto a la línea temporal, la defensa negó que Gordillo estuviera con la víctima antes del hecho. Según informes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), Érika tomó un Uber desde su domicilio a las 3:37 y llegó a lo de Sosa a las 3:50. “Justina nunca estuvo con la víctima. Ella se fue a las 00:08 del domicilio de Sosa (…). Es decir que la víctima llegó casi tres horas después de la partida de Gordillo”, detalló Abdala.

También se refirieron al traslado del cuerpo, descartando que Justina haya permanecido con los restos de la víctima. El análisis del ECIF sobre las líneas telefónicas que impactaron en el basural donde se halló a Érika concluyó que el teléfono vinculado a Sosa estuvo allí el 7 de enero a las 11:41, horario en el que Gordillo cumplía funciones en el Poder Judicial.

Sobre este punto, la defensa apuntó hacia el rol de Navarro Flores. Argumentaron que un análisis telefónico sugiere que él y Sosa compartieron espacio en el domicilio de este último la mañana del 7 de enero. “Hay un indicio serio de que quien estuvo en la casa del imputado por lo menos dos horas antes del traslado del cuerpo al basural fue Navarro y no Gordillo”, agregó Abdala.

Finalmente, destacaron la falta de ADN y la colaboración de la imputada. Señalaron que no se detectó el perfil genético de Gordillo en las pruebas y alegaron que su declaración facilitó las detenciones de Navarro y de Jorge “Chicho” Díaz. “No hay ningún motivo razonable que lleve a suponer que (…) pueda producirse un acto de entorpecimiento”, concluyó Atim.

La rotunda oposición de la Fiscalía y la querella
El fiscal Gallo y el querellante Carlos Garmendia exigieron que se mantenga la prisión preventiva. El titular de la Fiscalía de Homicidios I reconoció que la pista del auto Corsa fue descartada, pero enfatizó que la investigación es dinámica y aún restan pruebas por producir. “Nos sorprende que la defensa haga este planteo en este momento. Cualquiera pensaría que estamos ante una causa paralizada o debilitada, cuando es todo lo contrario. La investigación tuvo avances significativos en los últimos días”, advirtió Gallo.

Para fundamentar su postura, la parte acusadora expuso nuevas evidencias, comenzando por una serie de chats comprometedores. El peritaje al celular de Gordillo reveló conversaciones que contradicen su declaración original, en la que negaba conocer a Érika. Los mensajes sugieren que la imputada conocía a la víctima —a quien se refería como “Anto”— y que habría participado en charlas sobre servicios y encuentros sexuales. Además, subrayaron las comunicaciones con Sosa: el día del hecho se registraron 28 llamadas telefónicas entre ellos, incluyendo siete por WhatsApp entre las 7:32 y las 9:07.

El fiscal Gallo fue categórico al calificar como falso testimonio la declaración de la imputada. Aclaró que no se utilizó para sustentar la acusación contra Díaz y Navarro, y aseguró que su único objetivo fue “proteger a Sosa”. Garmendia apoyó esta postura de forma contundente: “Gordillo tuvo la oportunidad de decir la verdad y la desaprovechó. Al mentir, lo que pretende es desviar la investigación hacia otro lugar. Y ella lo hizo”.

Nuevo reclamo: cuestionan las condiciones de detención de Felipe “El Militar” Sosa
En un planteo paralelo, Marcelo Cosiansi, abogado defensor de Felipe “El Militar” Sosa, criticó duramente las condiciones en las que su cliente se encuentra alojado en el penal de Benjamín Paz. Mediante un escrito difundido a la prensa, el profesional denunció que el imputado permanece aislado desde el 19 de enero (hace más de seis semanas), pasando la mayor parte del tiempo solo para comer o usar el baño, y saliendo al patio apenas entre 15 y 20 minutos diarios bajo custodia. Esto ocurre, según detalló, a pesar de que existen recomendaciones médicas que aconsejan poner fin a dicho régimen. A raíz de esta situación, adelantó que Sosa no declarará hasta que se normalicen sus condiciones de salud y detención.

Por otro lado, Cosiansi solicitó acceso a las fotografías de la autopsia de la víctima para realizar una pericia independiente. Argumentó que existen diferencias entre las hipótesis fiscales sobre el mecanismo de muerte de la joven, por lo que resulta vital contar con todo el material probatorio. “¿Cómo puede una defensa ejercer su tarea si no puede acceder a la evidencia más importante? ¿Cómo puede hacerse una meta-pericia seria sin el material completo?”, cuestionó.

“Felipe Sosa no mató a Érika”, aseguró el letrado. “La muerte de Érika fue una tragedia que debe investigarse con rigor científico. Lo que ocurrió después —miedo, confusión, decisiones erráticas— no reemplaza a la prueba médica sobre cómo ocurrió realmente el fallecimiento”.

Para finalizar, Cosiansi fue tajante: “Esto no es pedir privilegios. Esto es pedir reglas. Reglas mínimas. Reglas básicas. Reglas humanas. Cuando las reglas dejan de aplicarse en un caso, empiezan a debilitarse para todos”.