Diputados le dio media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años
El oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios.
El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general. Incluso sumó a los diputados de Elijo Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil. Pero cuando llegó el momento de la votación de los artículos en particular, los diputados del Frente Renovador tomaron distancia y validaron la baja de la edad de punibilidad. Según dejaron trascender, buscaron “respetar la posición histórica del espacio”, que en 2015 presentó un proyecto de Código Penal que ya fijaba el límite en los 14 años.
El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
Según detallaron, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.
Al inicio del debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni brinda respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.
El debate fue seguido con atención desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, como Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas en Santa Fe. También estuvieron presentes Viviam Perrone, Isabel Yaconis de ‘Madres del Dolor’, Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia (abuela de Uma Aguilera), la familia Sperani de Córdoba (padres de Joaquín Sperani), Laura Fernández de USINA de Justicia (madre de Lara Fernández), Guillermo Bargna (padre de Soledad Bargna) y Marcos Rodríguez (padre de Kim).
En la última versión del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo especialmente destinado a los aportes presupuestarios para la implementación del nuevo régimen penal: en total serán $23.739.155.303, que se repartirán $3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. El agregado se hizo luego de que los gobernadores amenazaran con no acompañar la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.
“La baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad”, protestó Miguel Ángel Pichetto.
Desde las provincias plantean que los mayores costos del nuevo régimen no están representados en los gastos en infraestructura sino en los gastos corrientes que significa tener personal especializado y equimos multidisciplinarios que pueda contener a los menores que delinquen.
Minutos antes de votar, la libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la redacción de algunos artículos fue ajustada para que “no se preste a confusión” la prohibición total de que los menores sean detenidos en el mismo lugar que presos mayores de edad.
El proyecto recibió 149 votos a favor, por lo que el oficialismo se muestra confiando en que podrá aprobar definitivamente la iniciativa en el Senado antes de que terminen las sesiones extraordinarias./Infobae
