El Gobierno echó a otro docente por “tocamientos inapropiados” a alumnas de dos colegios de la Capital
El Gobierno de Tucumán dispuso la expulsión del sistema educativo provincial del docente Roque Raúl Moreno Palacio, quien había sido investigado a partir de denuncias por presuntos abusos sexuales contra alumnas de dos establecimientos escolares de la capital y posteriormente resultó absuelto en sede penal. El Poder Ejecutivo consideró, sin embargo, que el resultado de la causa judicial no impedía sancionarlo administrativamente por las conductas que fueron analizadas durante un sumario y confirmaron tocamientos indebidos contra menores.
La decisión quedó plasmada en el Decreto N° 1.787/5 (MEd), fechado el 4 de agosto y publicado este viernes 28 en el Boletín Oficial de Tucumán. La medida implica, además, que Moreno Palacio no podrá volver a ingresar a la docencia provincial como titular, interino ni suplente.
Este incidente se suma a una seguidilla de casos que en los últimos meses salieron a la luz de educadores que cometen abusos contra niños y adolescentes en el ámbito escolar en Tucumán, lo que genera preocupación entre las autoridades.
En esta oportunidad, las actuaciones administrativas tuvieron su origen en presentaciones realizadas por las autoridades de la Escuela Monseñor Blas Victorio Conrero y la Escuela Secundaria Juan Luis Nougués, quienes pusieron en conocimiento hechos de presunto abuso sexual que involucraban al docente en perjuicio de alumnas de esos establecimientos.
A raíz de esos antecedentes, en septiembre de 2024 se ordenó una investigación administrativa contra Moreno Palacio por una presunta violación de los deberes establecidos en el Estatuto del Docente. Durante el procedimiento, el acusado pudo prestar declaración, presentar su descargo y ofrecer pruebas.
En paralelo, Moreno Palacio había sido sometido a un proceso penal por abuso sexual agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación. Sin embargo, su defensa presentó un recurso de casación contra una resolución de la Sala IV de la Cámara Penal Conclusional y obtuvo un pronunciamiento favorable.
Como consecuencia de esa revisión, la sentencia fue revocada y la Justicia resolvió absolver al docente del delito de abuso sexual agravado.
La absolución penal y la investigación administrativa
Uno de los aspectos centrales del decreto es la distinción que realizó el Poder Ejecutivo entre el resultado del proceso penal y la responsabilidad administrativa del docente.
Según los fundamentos de la medida, Moreno Palacio fue finalmente absuelto en casación debido a que “no se había acreditado, con el grado de certeza exigido en materia penal, la intencionalidad sexual de su accionar”.
Sin embargo, el sumario administrativo arribó a una conclusión diferente respecto de las conductas atribuidas al docente.
El decreto sostiene que, a partir de las denuncias y los testimonios incorporados al expediente, la investigación concluyó que “no existe duda sobre la existencia de reiterados tocamientos inapropiados ocurridos en distintos establecimientos escolares” respecto de alumnas que se encontraban bajo su cuidado.
Para el Gobierno, esos hechos constituyeron una “falta administrativa de extrema gravedad”, debido a que afectaron la integridad de las estudiantes, lesionaron la confianza institucional y resultaron incompatibles con el ejercicio de la función docente.
El Ejecutivo remarcó, además, que quienes tienen a su cargo la educación de niños, niñas y adolescentes están sujetos a un estándar de conducta especialmente elevado, debido a la situación de vulnerabilidad de los estudiantes y al deber de protección que corresponde al Estado.
Por qué el Gobierno pudo sancionarlo pese a la absolución
El decreto dedica buena parte de sus fundamentos a justificar jurídicamente la posibilidad de aplicar la máxima sanción administrativa aun cuando el docente no hubiera recibido una condena penal.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo sostuvo que “la conclusión alcanzada en sede penal no impide arribar a una solución diversa en el ámbito disciplinario”, debido a la autonomía existente entre ambos regímenes de responsabilidad.
El Gobierno argumentó que una causa penal busca determinar si una conducta configura un delito y si corresponde imponer una pena, mientras que el régimen disciplinario tiene como finalidad garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública y preservar la ética, la legalidad y la confianza en quienes desempeñan funciones estatales.
Por esa razón, consideró que “la ausencia de condena en sede penal no obsta al ejercicio de la potestad disciplinaria por parte del Estado empleador”.
En el caso de Moreno Palacio, el Ejecutivo sostuvo que las conductas analizadas, aunque no hubieran derivado finalmente en una condena penal, representaron una grave violación de los deberes inherentes a la función docente teniendo en cuenta, particularmente, la relación asimétrica existente entre un educador y sus alumnos.
La investigación administrativa concluyó que el docente incumplió las obligaciones establecidas por el Estatuto del Docente, entre ellas la de desempeñar de manera “digna, eficaz y leal” las funciones inherentes al cargo y observar una conducta moral acorde con la actividad educativa.
Con esos fundamentos y luego de la intervención de Fiscalía de Estado, el gobernador dispuso cerrar la investigación administrativa, confirmar los cargos formulados contra Moreno Palacio y aplicarle la expulsión, máxima sanción contemplada por el Estatuto del Docente.
La decisión no se limita a terminar con su vínculo laboral actual. El decreto ordenó comunicar la sanción a las Juntas de Clasificación Docente y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada debido a que la falta atribuida le impide volver a ingresar a la docencia como titular, interino o suplente.
De esta manera, el Poder Ejecutivo provincial adoptó una resolución distinta de la alcanzada por la Justicia penal: aunque Moreno Palacio fue absuelto del delito por el que había sido acusado, el Gobierno consideró acreditadas faltas administrativas de suficiente gravedad como para disponer su expulsión definitiva del sistema educativo provincial.
No es un caso aislado
El caso de Moreno Palacio se suma a una serie de antecedentes recientes de docentes apartados definitivamente del sistema educativo tucumano por hechos vinculados con conductas de índole sexual hacia estudiantes.
Entre ellos figuran Rodolfo Antonio Uncos, docente de la Escuela Técnica N° 1 de Río Seco, expulsado luego de que un sumario acreditara comportamientos inapropiados hacia alumnas; José René Moyano, preceptor de un establecimiento de Lules que recibió una condena de tres años de prisión condicional en una causa por abuso sexual; Jorge David Perea, acusado de abuso sexual contra un alumno de una escuela de El Manantial; Juan Carlos Zerrizuela, sancionado tras comprobarse episodios de acoso sexual hacia cinco alumnas de un mismo curso; e Ignacio Eduardo Del Olmo, apartado por mantener conversaciones inapropiadas por WhatsApp con una estudiante menor de edad.
A esa lista se agregan Adrián Alberto Abregú y Miguel Ángel Carrizo, ambos separados definitivamente del sistema educativo luego de recibir condenas por abuso sexual contra alumnas.
