El Gobierno evalúa los pasos legales para frenar la ejecución del fallo de la Justicia de EE.UU. por la expropiación de Aerolíneas
El Gobierno analiza distintas alternativas judiciales después de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmara la sentencia contra la Argentina en el caso por la expropiación de Aerolíneas y Austral.
En Nación evalúan pedir una revisión ante la propia Cámara, recurrir a la Corte Suprema estadounidense y solicitar la suspensión de la ejecución mientras se tramitan esos planteos.
La causa enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, la firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo iniciado por sociedades españolas del Grupo Marsans. El monto reconocido por la Justicia estadounidense asciende a US$390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, más intereses posteriores a la sentencia.
La Procuración del Tesoro quedó a cargo de analizar los próximos pasos. En la estrategia legal argentina evalúan pedir una nueva revisión ante los mismos jueces que fallaron contra el país, solicitar que el caso sea revisado por una integración más amplia de la Cámara de Apelaciones o avanzar directamente con un planteo ante la Corte Suprema de Estados Unidos. “Estamos analizando eso”, expresan en Nación sobre las alternativas que siguen abiertas.
La primera opción apunta a que el mismo tribunal revise su decisión. La segunda busca que el fallo sea evaluado por más jueces de la Cámara de Apelaciones. Son recursos excepcionales, pero forman parte de las herramientas que la Argentina tiene sobre la mesa antes de definir si lleva el caso al máximo tribunal estadounidense.
El Ejecutivo también analiza solicitar una suspensión de los efectos del fallo y de las medidas de ejecución mientras se resuelven esos planteos. En términos prácticos, se trata de intentar frenar el avance del cobro y evitar que Titan pueda avanzar rápidamente con medidas sobre activos argentinos en Estados Unidos. “Todo. No descartamos nada”, resumen en despachos oficiales.
El caso tiene origen en el arbitraje que en 2009 iniciaron Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. y Autobuses Urbanos del Sur S.A. contra la República Argentina ante el CIADI. Las sociedades, pertenecientes al Grupo Marsans, reclamaron por la expropiación de sus participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral, realizada por el Estado mediante la Ley 26.466 de 2008.
En 2017, un tribunal arbitral del CIADI condenó a la Argentina a pagar aproximadamente US$321 millones, más intereses y costas. El país pidió la anulación del laudo, pero en 2019 un comité ad hoc del CIADI rechazó esa solicitud y dejó firme la condena.
Como los laudos del CIADI no se ejecutan automáticamente, Titan inició en 2021 una petición de reconocimiento y ejecución ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. En 2024, ese tribunal rechazó el argumento argentino de aplicar un plazo de prescripción de tres años y resolvió que correspondía un plazo de doce años.
La Argentina apeló en 2025 e insistió con el plazo de prescripción de tres años. La Corte de Apelaciones confirmó ahora el criterio de primera instancia y sostuvo que el plazo aplicable es de doce años, lo que mantiene en pie el reconocimiento del laudo y el monto fijado contra el Estado argentino.
En Balcarce 50 buscan ganar tiempo y reducir el impacto financiero y judicial del fallo. La prioridad es evitar que la confirmación de la Cámara deje al Estado argentino en una posición más vulnerable frente a intentos de embargo o de reconocimiento de la sentencia en otras jurisdicciones de Estados Unidos.
El Gobierno remarca que el fallo no afecta a Aerolíneas Argentinas como empresa, sino al Estado nacional. La condena deriva de la expropiación ejecutada durante el kirchnerismo y forma parte del lote de juicios internacionales que la actual administración exhibe como parte de la “herencia” recibida.
En ese sentido, en la defensa argentina sostienen que la causa se inscribe en el “costo institucional de decisiones estatistas de las últimas décadas”. En documentos oficiales remarcan que el Gobierno recibió en diciembre de 2023 más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos.
La Casa Rosada también sigue con atención el impacto del fallo sobre otros expedientes. Uno de los casos que puede reactivarse es el de Webuild, vinculado al reclamo de la constructora italiana por el congelamiento de tarifas en el puente Rosario-Victoria. En Nación entienden que la resolución sobre Aerolíneas puede acelerar movimientos de otros acreedores con laudos pendientes contra la Argentina.
El Gobierno no descarta tampoco explorar canales de negociación con Titan, aunque en los despachos oficiales evitan presentar esa posibilidad como un camino abierto. En Nación prefieren mantener todas las alternativas sobre la mesa y sostienen que la prioridad es defender una posición de fuerza en el expediente. “Veremos. Queremos ganar siempre”, expresan en la defensa argentina.
El escenario más inmediato pasa por resolver si la Argentina pedirá una revisión en la propia Cámara de Apelaciones o si prepara directamente el camino hacia la Corte Suprema. Cualquiera de las opciones puede combinarse con pedidos de suspensión para demorar la ejecución mientras se tramitan los recursos.
