El Gobierno oficializó la cesantía y exoneración de policías vinculados a la causa por instigación a la sedición
El Gobierno de Tucumán dispuso la cesantía y exoneración de seis efectivos del Departamento General de Policía, luego de la conclusión de un sumario administrativo iniciado a raíz de una causa judicial que investigó presuntos hechos de instigación a cometer sedición vinculados a reclamos de mejoras salariales para el personal de la fuerza. Se trata de la misma causa por la que fue condenado y enviado a prisión el abogado Gustavo Morales.
La medida fue formalizada a través del Decreto N° 554/7 del Ministerio de Seguridad, publicado este martes 31 de marzo en el Boletín Oficial, en el que se detallan las sanciones disciplinarias aplicadas a los uniformados involucrados.
De acuerdo el instrumento, que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, se resolvió cesantear a los sargentos David Víctor Graneros y Walter Federico Moreno, y al cabo Miguel Alejandro Gómez, “por haber participado en un acto de indisciplina colectivo vinculado a la organización de personal policial a través de un grupo de WhatsApp”, lo que fue considerado una “falta grave en el marco del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial”.
El decreto, detalla que Graneros reconoció haber creado el grupo de WhatsApp y haber incorporado allí a personal policial proveniente de otros espacios de comunicación, lo que facilitó su difusión. “El sargento Graneros reconoció haber creado el grupo de WhatsApp ‘sueldo 2024’ e incorporado allí al personal de otro grupo, además de proveer un link, lo que facilitó una mayor difusión y concentración de personal policial”, señala el texto oficial.
Por su parte, el sargento Moreno admitió haber participado activamente en el funcionamiento del grupo. Según consta en el decreto, “reconoció su participación activa proveyendo un CBU personal para juntar fondos a los fines de impulsar el cometido del grupo”.
En tanto, el cabo Gómez también reconoció su participación en el espacio digital y el aporte de fondos vinculados a las actividades allí organizadas.
Exonerados de la fuerza
Además, el decreto dispone la exoneración de los policías Luis Marcelo Rivadeo, Ramón Eduardo Cabrera y Diego Armando Ibarra, luego de que fueran condenados judicialmente por instigación a cometer sedición.
La sentencia fue dictada en septiembre de 2025 en el marco de un juicio abreviado, en el que la jueza interviniente aceptó el acuerdo alcanzado por las partes y condenó a los imputados como “coautores material y penalmente responsables del delito de instigación a cometer sedición” por hechos ocurridos entre el 29 de enero y el 25 de febrero de 2024.
La resolución judicial estableció para los condenados dos años de prisión de ejecución condicional, además de la imposición de reglas de conducta y el pago de costas procesales.
En ese contexto, el decreto provincial remarca que las probanzas reunidas acreditan la existencia de una condena firme por un delito doloso, lo que encuadra en las previsiones del régimen disciplinario policial. En particular, la normativa establece la exoneración cuando existe condena judicial por delitos graves o infamantes.
La decisión del Poder Ejecutivo también alcanza al ex Personal Transitorio Policial Sergio Javier Ponce, quien había sido desvinculado de la fuerza en marzo de 2024. El decreto ordena dejar constancia en su legajo que, de haber continuado en funciones, le habría correspondido la sanción de exoneración, medida que además le impide volver a ingresar a las fuerzas de seguridad o acceder a cargos públicos.
En los considerandos de la norma se destaca que el sumario administrativo fue llevado adelante respetando las garantías del debido proceso. En ese sentido, el decreto sostiene que “en su instrucción se observaron las reglas que hacen al debido proceso legal y garantía de defensa del inculpado”, tras analizar declaraciones, antecedentes y pruebas reunidas durante la investigación.
Finalmente, la resolución también instruye al Departamento General de Policía a continuar el seguimiento de las causas penales vinculadas al caso, con el objetivo de poder concluir los sumarios administrativos pendientes de otros efectivos mencionados en la investigación.
De acuerdo con lo consignado en el sumario administrativo, las actuaciones se originaron a partir de una investigación de la Dirección General de Asuntos Internos Policiales vinculada con la causa penal iniciada el 25 de febrero de 2024, caratulada “Moreno Walter Federico, Córdoba Carlos Alberto, Chebib Adrián Juan, Coria Héctor Eduardo y otros s/ instigación pública a cometer delitos determinados”.
El origen del caso
El origen del conflicto estuvo vinculado a publicaciones en TikTok y YouTube realizadas por el abogado Gustavo Morales (foto inferior), quien ya fue condenado en este mismo expediente a tres años de prisión condicional e inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos.
A partir de estos mensajes, se creó un grupo de WhatsApp llamado “Sueldo Policial 2024”, que llegó a reunir más de mil integrantes, desde donde se alentaba a profundizar las medidas de protesta.
En el marco de esa investigación se incorporaron diversas medidas de prueba, entre ellas informes de la División Delitos Telemáticos y Económicos, allanamientos, secuestros, detenciones y declaraciones administrativas de los involucrados./TDN
