Escándalo: Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en El cadillal

“Ya está en marcha una investigación administrativa para reunir pruebas y entregársela a la Justicia. Aquí hay una serie de irregularidades y los que la cometieron deberán responder penalmente”, aseguró Joaquín Girvau, jefe de Policía. Esa fueron las palabras que utilizó después de que se ordenara la aprehensión de uno de los integrantes de la cúpula de la fuerza que fue acusado de utilizar a efectivos policiales y a presos para realizar trabajos de albañilería en una casa de El Cadillal.

Este caso, que ya tuvo repercusión a nivel nacional, sacudió el mundo azul. Tan fuerte fue el golpe por el escándalo que hasta se suspendió un acto que se iba a desarrollar en la Jefatura de Policía. “Ha comenzado la depuración”, fue otro de los datos que aportó Girvau.

Esta historia comenzó a escribirse con unos llamados que recibió el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. Desconocidos le informaron que Gustavo Beltrán podría estar utilizando a detenidos y efectivos para realizar tareas en una casa que sería de su propiedad. El funcionario le informó la situación al gobernador Osvaldo Jaldo. Ante la gravedad del asunto, de manera sorpresiva, decidieron recurrir a la fiscala de Estado Gilda Pedicone para esclarecer el caso.

Ayer por la mañana, personal de la fiscalía se presentó en el lugar. Allí confirmaron la versión. En una vivienda de Villa del Parque había dos policías y dos presos trabajando. Al lugar asistió un escribano del Gobierno y labró un acta notarial sobre lo que habían descubierto.

Luego de haber realizado este acto, dieron aviso a las autoridades correspondientes. Al lugar llegaron el ministro de Seguridad y Girvau. Siguieron de cerca las actuaciones. El escándalo ya había estallado.

Mientras se realizaban las medidas de rigor, en Casa de Gobierno se redactaba un decreto. Con la firma de Jaldo y Agüero Gamboa, se decidió dar de baja a Beltrán y a su segundo, el comisario Sergio Juárez. Ambos estaban al frente de la Unidad Regional Norte desde que Girvau fue nombrado titular de la fuerza. Se trata de una de las jurisdicciones más importantes de la provincia. Abarca Trancas, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena.

Ambos comisarios fueron dados de baja, no puesto a disponibilidad o pasado a retiro. La diferencia es importante, porque no sólo se trata de una especie de castigo ejemplar, sino que por un tiempo no podrán jubilarse.

Más allá de la cuestión administrativa, la fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la aprehensión de Beltrán. El comisario, cuando se inició el procedimiento, fue convocado al D1, que es la oficina de recursos humanos de la Policía. Estuvo ahí durante varias horas hasta que la representante del Ministerio Público dispuso su aprehensión. Juárez también fue aprehendido. Pero su caso es diferente. No sólo porque se presentó espontáneamente y entregó su celular, sino porque a él le podrían endilgar no haber informado las irregularidades que habría cometido su superior.

En la incipiente pesquisa, la fiscala Rivadeneira se habría encontrado con estos indicios:

1- Eran al menos cuatro los detenidos que realizaron trabajos en la vivienda que sería de Beltrán de manera periódica, porque hasta el momento no se determinaron con exactitud los días que concurrían al lugar. Aún no se conocieron las razones por las que ayer sólo había dos trabajando.

2- Los detenidos, siempre según fuentes judiciales, eran trasladados en un móvil de la fuerza hasta ese lugar. Los efectivos que los llevaban también habrían realizado tareas en el lugar, pese a que deberían haber estado de servicio en la calle o desarrollando tareas administrativas.

3- Los hombres utilizados habían sido condenados por diferentes casos de abusos sexuales. Estaban alojados en los calabozos que la Unidad Regional Norte, pese a que a través de una acordada, la Corte Suprema de Justicia dispuso que todo penado debería estar en la cárcel, ya sea en el penal de Villa Urquiza o en el de Benjamín Paz.

Mucho por investigar
“En estos casos no aplica lo que se conoce como obediencia debida. Nadie de la fuerza puede callarse si observa semejante irregularidades”, sostuvo una fuente policial.

Los presos sólo pueden abandonar el lugar donde se encuentran detenidos con la autorización de un Juez de Ejecución.

Cada vez que abandonan el calabozo, la novedad debe quedar registrada en los libros que cada dependencia policial tiene.

Es responsabilidad del cuartelero, del personal que está de guardia (agente, suboficiales y oficiales), los jefes de la dependencia donde estaban alojados y el jefe de zona.

“Esta es una falta muy grave y tendrán que responder penalmente. Vamos a realizar una depuración en la fuerza. Los que cometan delitos se irán de la Policía”, finalizó Joaquín Girvau.

El decreto: un documento con fuertes afirmaciones
“Conductas incompatibles con la función policial…que afectan gravemente la confianza que la sociedad deposita en la institución policial”. Eso es lo que se aduce, en el decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad de la provincia para dar de baja al jefe y al subjefe de la Unidad Regional Norte. “Del análisis de la prueba producida, surge acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad disciplinaria de los agentes”, se puede leer en el documento que fue firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo. “Resulta aplicable la sanción de baja la cual constituye la respuesta adecuada frente a la gravedad de los hechos verificados”, se pudo leer./LaGaceta