Chile extiende la militarización a regiones del sur por el conflicto mapuche
La ministra del Interior chilena, Izkia Siches, informó hoy que el Gobierno extenderá el estado de excepción constitucional a otra región del sur de Chile, a raíz del aumento de ataques incendiarios en la zona atribuidos a comuneros mapuches.
Izkia Siches indicó que la medida regirá en la región de Los Ríos, que se sumará a las de La Araucanía y dos provincias de la del Biobío que ya están militarizadas, debido al crecimiento de ataques incendiarios en la zona: hubo 53 atentados en seis meses.
«Hoy vamos a tener una nueva evaluación de estado de excepción y vamos a hacer los respectivos anuncios, pero tal como la prensa suspicazmente ha calculado en torno a las renovaciones, los datos son evidentes y van a ir en esa línea», anticipó la ministra.
Además, adelantó que presentará un nuevo decreto para renovar el estado de excepción una vez que termine el actual, por lo que el Gobierno no tendrá que solicitar al Congreso la prórroga.
“Sería un nuevo decreto que entraría en vigencia con posterioridad del término del actual. Al ser de naturaleza nueva no tendría que participar de una renovación, pero quiero aclarar que no tengo problemas en ir al Parlamento. Estas medidas fueron conversadas con los parlamentarios de las regiones”, aseguró Siches.
Ayer, el presidente de Chile, Gabriel Boric, entregó indicios de esta medida tras ser consultado en una entrevista en el canal regional Vértice TV.
“No descarto en ningún caso el uso de las herramientas que la Constitución me otorga para poder garantizar la seguridad de todas las personas. Creo que hay que verlo caso a caso, vamos a tener noticias al respecto esta semana”, indicó el mandatario.
“Lo que no podemos hacer es naturalizar los estados de excepción como si fueran la única solución a los problemas, porque la verdad es que pueden otorgar una mayor sensación de seguridad, pero no resuelven el problema de fondo”, añadió.
El conflicto en esta zona del sur del país lleva décadas y se debe a una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los pueblos originarios.
En este contexto, el Gobierno de Boric aplicó el estado de excepción desde el 17 de mayo pasado, lo que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad que colaboran con las policías.
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