Colombia pide ayuda a países limítrofes para combatir grupos criminales vinculados a narcos
Colombia lanzará una ofensiva militar contra los grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico en sus zonas de frontera, para lo que solicitó la colaboración de Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, anunció el lunes el ministro del Interior, Alfonso Prada.
El país sudamericano de 50 millones de habitantes enfrenta un conflicto interno de casi seis décadas que ha dejado al menos 450.000 muertos, pese a los esfuerzos del Gobierno del presidente Gustavo Petro por silenciar los fusiles y detener el derramamiento de sangre.
Petro, quien en agosto asumió como el primer mandatario de izquierda en la historia del país, restableció recientemente una negociación de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela y busca implementar un acuerdo de paz que se firmó en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC.
En mandatario pretende incorporar a las facciones de las FARC que no aceptaron el pacto y a otras que regresaron a la lucha armada, mientras que a las bandas criminales implicadas en el narcotráfico se les ofrecerá un plan de sometimiento a la justicia, que incluye beneficios como rebajas de penas a cambio de la entrega de rutas y de fortunas obtenidas en forma ilícita.
«Hemos establecido un contacto con los países en la frontera, porque notamos una actividad en la frontera que vamos a combatir con nuestras fuerzas, pero también con la colaboración internacional de Ecuador, Brasil, Perú, Venezuela y Panamá», dijo Prada en una declaración a periodistas.
«Tendremos contacto en el nivel de los ministros de Defensa, de los comandantes de fuerza y de los comandantes regionales de cada uno de los sectores en la frontera», explicó el funcionario al término de un consejo de seguridad en la Presidencia sin suministrar más detalles.
El narcotráfico es el combustible que alimenta el conflicto armado interno y del que obtienen millonarios ingresos los grupos armados ilegales que combaten entre ellos por el control territorial de zonas estratégicas para la producción de la cocaína, de acuerdo con las Fuerzas Armadas a las que también se enfrentan.
