Juicio a la Banda de “La Gata” Lizárraga: “Conformaron una compleja organización criminal logrando sortear durante años a la Justicia”

Juicio a la Banda de “La Gata” Lizárraga: “Conformaron una compleja organización criminal logrando sortear durante años a la Justicia”
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Así lo sentenció el fiscal de la Unidad de Robos y Hurtos I del MPF, Diego López Ávila, durante el alegato de apertura contra el jefe de la asociación ilícita y sus miembros. La pretensión punitiva para el líder y su hijo es de 23 años.

“Hoy se da inicio a un proceso histórico en la provincia de Tucumán, no sólo por su envergadura, sino también en lo que constituye el sistema adversarial, porque no recuerdo un juicio con semejante cantidad de audiencias tendientes a arribar a un veredicto. Es histórico por los actores que componen este plan criminal desarrollado en un contexto de epidemia mundial, con una sofisticada organización de carácter interprovincial que puso en aprietos a los organismos de investigación judicial y policial que importó metodologías y usos trascendentes de recursos humanos y tecnológicos tendientes a lograr estas actividades delictivas”.
Con estas palabras el titular de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Público Fiscal (MPF), Diego López Ávila, abrió el debate oral y público contra Miguel Antonio “La Gata” Lizárraga y los otros miembros de la asociación ilícita (Juan de Dios López, Néstor Lizárraga, Luis Ricardo Carreras, Walter Ernesto Caro y Cristian Nicolás Caro). “Conformaron una compleja organización criminal logrando sortear durante años a la ley y a la Justicia pero hoy se encuentran impávidos frente a la mera posibilidad de sufrir la consecuencia inexorable de la imposición de una pena privativa como resultado de la conducta que desplegaron. Desarrollaron un viejo y rentable negocio (de socios y familiares) en esta industria del escruche. Sostengo que esta empresa criminal proviene del tiempo y se muestra en distintos procesos (ya sea en forma conjunta o individual) de lo que nos permite deducir que los integrantes se asociaron para delinquir. Nuestra teoría del caso comprende un lapso de tiempo de aproximadamente seis meses, desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021, en el que se cometieron 12 asaltos a viviendas”, afirmó. “Desplegaron una inteligencia previa donde circulaban en vehículos, estudiaban la zona, analizaban los movimientos de los propietarios, hasta dos o tres días previos a cometer los hechos. Además de seleccionar las viviendas que atacaban y los vehículos que empleaban, podrán observar como en este reparto de tareas Miguel Lizárraga se encontraba bajo el constante monitoreo, comunicándose antes, durante y después”, agregó. Finalmente, López Ávila dijo: “En representación de las víctimas y de la sociedad confío en que este tribunal (integrado por Bernardo L’Erario Babot, Fanny Siriani y Eliana Gómez Moreira) no tendrá ninguna duda razonable que estos acusados se asociaron dolosamente realizando distintos hechos tendientes a vulnerar la intimidad de los hogares de las víctimas con el fin de sustraer dinero en efectivo y joyas, rompiendo la paz social de toda una comunidad que se vio conmovida, ante la reiteración de los hechos y las sumas siderales de las que fueron despojadas de casi $50.000.000 (cuando el dólar se encontraba a $97) que hoy deberíamos multiplicarlo en cinco veces. La modalidad incluye disparos a las fuerzas policiales en plena vía pública. Solicito que oportunamente al arribar al veredicto se imponga una pena justa y proporcional a tamaña empresa criminal”.
“La Gata” está acusado de ser jefe de la asociación ilícita y de perpetrar 20 hechos. La pretensión punitiva es de 23 años para él y su hijo Juan de Dios López. Para Luis Ricardo Carreras la pena solicitada es de 22 años, para Cristian Nicolás Caro de 17 años, Néstor Fabián “Tuta” Lizárraga de 12 años y Walter Ernesto Caro, de cinco años, respectivamente.

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La teoría del caso

En forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a cometer asaltos contra la propiedad, ingresando a inmuebles tanto comerciales como a viviendas que se hallaban temporalmente sin moradores, violentando los ingresos a dichos lugares apoderándose de joyas, dinero en grandes cantidades, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, entre otros, provocando con ello un grave perjuicio patrimonial a las víctimas. Como medio para lograr esa finalidad, se valían de distintas actividades ilícitas o maniobras, así los integrantes de la asociación procuraban en forma constante y continua obtener automóviles tendientes a ser utilizados como medio de movilidad en esos hechos delictivos, siendo que los rodados generalmente se encontraban registrados a nombre de personas con residencia en otras provincias, como ser Córdoba o Buenos Aires, otros eran adquiridos mediante boletos de compra-venta o mediante una transacción informal (sin documentación o sin efectuar la correspondiente transferencia), o eran registrados como titulares familiares o allegados de los integrantes, o sino utilizaban rodados cuyas patentes habían sido adulteradas y no se correspondían a su dominio (rodados con patentes truchas), todo ello con el afán de dificultar que los miembros de la organización pudieran ser descubiertos. Luego que los rodados adquiridos habían sido utilizados en algún hecho ilícito cometido por los integrantes de la asociación, los miembros de la misma tenían como parte de su plan criminal, deshacerse de los rodados, ya sea vendiendo los mismos a otras personas ajenas a la asociación, devolviéndolos de la concesionaria donde habían sido obtenidos o modificando sus características exteriores para evitar que pudieran ser hallados (como ser cambiar el color del polarizado, el color del vehículo, etc).
Otro de los objetivos delictivos de esta asociación era la utilización de armas de fuego para lograr los desapoderamientos mencionados. Los integrantes de la asociación también perseguían el propósito de actuar con total indiferencia ante la autoridad policial, haciendo caso omiso a las órdenes impartidas por los efectivos policiales e incluso atentando contra ellos.

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MPF

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