El Gobierno apura la conformación de la comisión bicameral que debe analizar el DNU

El Gobierno apura la conformación de la comisión bicameral que debe analizar el DNU
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En el contexto de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei para «desregular la economía», el Gobierno apura la conformación de la comisión bicameral que deberá analizarlo en el Congreso. Durante la tarde de ayer, la Cámara de Diputados solicitó a los presidentes de Bloque la nominación de representantes para integrar dicha comisión.

Javier Milei anunció en cadena nacional las principales medidas que empezarán a regir a partir de mañana cuando sancione el DNU de desregulación del Estado, que contará con más de 300 reformas centrales, entre ellas la derogación de la Ley de Alquileres, la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y el Observatorio de Precios y de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

Sin embargo, este enorme paquete de medidas todavía puede ser rechazado tanto por la Justicia como por el Congreso. El poder Judicial tiene la potestad de no aprobar artículos de los decretos si considera que van en contra de otros derechos o si son inconstitucionales.

Por el lado del Legislativo, hay un camino que debe recorrer el DNU dentro del Congreso donde los diputados y senadores definirán si aprueban o rechazan las medidas del Ejecutivo.

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DNU: ¿Puede el Congreso derogar las medidas del Ejecutivo?
Cada uno de los DNU promulgados por el poder Ejecutivo deben tener un paso previo por el Congreso. A lo largo del proceso, donde los legisladores analizarán si aprueban o no la medida, mantendrá fuerza de ley.

El jefe de Gabinete, en este caso Nicolás Posse, debe enviar en los próximos 10 días el decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, conformada por 8 diputadas y 8 senadores, cuyos nombres todavía deben definirse.

Luego, la Comisión debe elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras, también dentro de 10 días. En este dictamen, la Bicameral deberá expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y sobre la procedencia formal y la adecuación a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio.

Una vez que ingrese a cada Cámara, los Diputados y Senadores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el DNU, no hay instancias de suspensiones, agregados o cualquier tipo de modificación a la norma. La aceptación o el rechazo del decreto debe contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

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Si ambas cámaras rechazan el DNU, este pierde validez de forma permanente. De todos modos, en el período que comprende la promulgación del decreto hasta el final de su tratamiento en el Congreso, mantendrá la vigencia como una ley más.

DNU de Javier Milei: qué puede pasar con la justicia y el «per saltum» a la Corte Suprema
El abogado constitucionalista y profesor de la UBA, Raúl Ferreyra, trazó un preocupante panorama sobre el decreto de necesidad y urgencia publicado por el presidente Javier Milei, opinó que es «abiertamente inconstitucional» y sentenció que se trata de «una suerte de suicidio de la democracia».

«El decreto es abiertamente inconstitucional, porque la legislación que se quiera llevar a cabo con vocación de permanencia tiene que ser hecha por el Congreso. Es una atribución de la suma del poder público que se dirige al artículo 36 de la Constitución, que dice que es un atentado al orden democrático», explicó en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10. «Esto es una suerte de suicidio de la democracia», resumió.

Ferreyra no descartó que la decisión derive en la posibilidad de iniciar un juicio político al Presidente. «Han dado vuelta el orden institucional, si un estudiante nos dice que estas materias puedes ser legisladas por DNU, lo mandamos a estudiar de nuevo», graficó.

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Respecto a los mecanismos para intentar frenar los efectos de la medida, el letrado fue escéptico debido a que «la ley de control de los DNU es malísima, lo que provocó que ningún decreto de necesidad y urgencia haya sido controlados y rechazados. Es tan mala que no tiene plazo».

En el caso de intentar una presentación judicial, adelantó que «hay que ver si sea hace una impugnación global o punto por punto», aunque tampoco se mostró optimista.

«El per saltum es una manera de llegar rápido a la Corte, pero para eso hay que tener una sentencia favorable o desfavorable en primera instancia, es decir que hay que presentar una demanda y alcanzar una decisión. ¿Uno puede creer que la respuesta va a ser en el ámbito judicial? La Corte siempre fue reacia al control de las políticas económicas», recordó.

Por lo que, en su opinión, la respuesta está en el Congreso: «Es una tarea enorme que tienen los senadores y diputados, la respuesta recae sobre ellos».

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