Investigación: prisión preventiva para el ex jefe de la Unidad Regional Norte
El ex jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, estará con prisión preventiva durante los próximos seis meses mientras avanza la investigación en su contra por haber empleado bienes estatales y haber usado a cuatro penados y dos policías para llevar a cabo una obra de construcción en su casa en El Cadillal. La Justicia también dispuso la medida de coerción de mayor intensidad para los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, pero por el plazo de dos meses. Por orden del juez Eduardo González, los tres cumplirán la cautelar alojados en una unidad penitenciaria.
El jueves por la mañana se había iniciado la audiencia para que el Ministerio Público Fiscal formalizara la investigación y formulara cargos en contra de los acusados. Allí, la fiscala Mariana Rivadeneira imputó a Beltrán por los delitos de peculado de uso y de servicio en concurso real, de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público, en calidad de autor y de coautor por el tercer ilícito. A Trejo y a Teseira los imputó por el delito de peculado habiendo participado de manera secundaria en concurso real con el delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración y la fe pública.
Según explicó la titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, desde septiembre, Beltrán, sin solicitar autorización ni efectuar comunicación alguna a la autoridad judicial competente, dispuso el traslado de cuatro condenados hacia la dependencia de la Unidad Regional Norte, ubicada entre calles 9 de Julio y Monteagudo de la ciudad de Tafí Viejo, sin registrar dicho movimiento en los libros de la dependencia, para hacerlos trabajar en beneficio propio.
Tres de los mencionados, José Daniel Sarapura (46), Lorenzo Miguel Romano (47) y Juan José Santillan (53), tendrían que haber estado cumpliendo una condena por abuso sexual en la comisaría de Chuscha; mientras que Miguel Adolfo Navarro (62) debería haber estado alojado en la comisaría de Yerba Buena. Los cuatro, junto con Trejo y Teseira, habrían sido trasladados en móviles policiales hacia El Cadillal para trabajar en la vivienda de Beltrán.
Rivadeneira, que estuvo acompañada por los auxiliares fiscales Brenda Deroy y Federico Lizárraga, el jueves logró exponer su teoría del caso y enumerar las evidencias recolectadas hasta el momento, pero al momento de solicitar las medidas cautelares la audiencia tuvo que ser suspendida luego de que Teseira se descompensara. Frente a esa situación, el juez González resolvió decretar un cuarto intermedio hasta ayer a la mañana, para que el hombre recibiera la atención médica correspondiente.
El viernes a primera hora las partes se reunieron nuevamente -esta vez de manera virtual- para concretar los puntos que habían quedado pendientes. Sin aguardar un minuto más, la fiscala solicitó que Beltrán fuera sometido a seis meses de prisión preventiva. Para Trejo y Teseira requirió el plazo de dos meses. “Es un hecho que fue cometido con abuso de poder. Beltrán tenía un cargo policial en la plana mayor, contaba con recursos y con una logística; se ha acreditado que estaba en uso de un vehículo asignado para la prevención del delito y que se utilizó recursos del Estado, como el combustible, que son pagados por el Superior Gobierno de la provincia”, manifestó Rivadeneira.
La funcionaria judicial advirtió que con el avance de la investigación, los acusados podrían recibir nuevos cargos en su contra, como el de vejaciones, y dijo que incluso el MPF podría imputar a nuevas personas. “Esto venía sucediendo hace aproximadamente dos meses. El resto de los efectivos policiales que respondían a Beltrán tenían conocimiento. Entiendo que para que Beltrán se manejara con tal impunidad tiene que haber trabajado con complicidad de otros efectivos. Este es el puntapié inicial que tiene la Fiscalía para ahondar en la investigación de cómo es que venían sucediendo estos hechos y que nadie denunciaba”, afirmó.
Lizárraga confirmó que ya son ocho los miembros de la fuerza que fueron notificados oficialmente de la investigación penal en su contra. “Acá hay una pluralidad de víctimas. No son solamente los penados -porque no hay que dejar de lado que estaban en una situación de vulnerabilidad en la que no les quedaba otra que hacer lo que les indicaban-, sino que la sociedad entera se vio vulnerada en la confianza que depositamos en los funcionarios que estaban llamados a cuidarnos”, dijo Rivadeneira y solicitó que la causa fuera declarada de asunto complejo.
El pedido fue respaldado por el abogado José María Molina -en representación del Superior Gobierno de la provincia-, que en las próximas horas, por pedido de la Fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls, se constituirán como rol de querellantes y participarán activamente en el proceso./LaGaceta
