La Legislatura sesionará la próxima semana para declarar la emergencia económica y social ante el impacto de las inundaciones
La Legislatura de Tucumán se encamina a sancionar una herramienta legal clave para enfrentar las consecuencias del temporal que azotó a la provincia en las últimas semanas. El objetivo central de la sesión ordinaria, convocada para el próximo jueves 26 de marzo a las 9:00, es el tratamiento de un proyecto de ley, consensuado por referentes del oficialismo y la oposición, para establecer la emergencia económica y social. Esta medida busca dotar al Estado de mecanismos extraordinarios para asistir a las familias que sufrieron pérdidas materiales y para apuntalar a los sectores productivos golpeados por los anegamientos, garantizando la recuperación de la infraestructura y los servicios esenciales en los departamentos más afectados.
La decisión de avanzar con este temario surgió durante una reunión de labor parlamentaria presidida por Miguel Acevedo, donde participaron autoridades de la Cámara y jefes de los distintos bloques políticos.
El proyecto de emergencia, que cuenta con las firmas de legisladores como Gerónimo Vargas Aignasse, José Manuel Cano, Walter Berarducci y Raúl Moreno, entre otros, estipula en su primer artículo: “Declárase la emergencia económica y social en todo el territorio de la Provincia de Tucumán, por el término de ciento ochenta (180) días, prorrogables por igual plazo, como consecuencia de las intensas precipitaciones e inundaciones registradas recientemente, que han provocado graves daños en viviendas, infraestructura, actividades productivas y condiciones de vida de la población”.
El documento fundamenta la urgencia en que durante los primeros días de marzo se registraron eventos meteorológicos extraordinarios, con precipitaciones que en algunas localidades del sur tucumano alcanzaron los 170 milímetros en una sola jornada, superando el promedio histórico de todo un mes. Según el articulado propuesto, la declaración tiene por finalidad “asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia”.
Para lograr estos fines, la ley prevé facultades amplias para el Gobierno provincial. El texto indica que se debe facultar al Poder Ejecutivo a “adoptar las medidas necesarias para atender la emergencia declarada, pudiendo disponer la reasignación de partidas presupuestarias, implementar programas extraordinarios de asistencia social, sanitaria y alimentaria”. Asimismo, el proyecto autoriza al Ejecutivo «a otorgar subsidios, ayudas económicas directas o programas especiales de asistencia destinados a las familias y sectores productivos damnificados, con el objetivo de facilitar la recuperación de las condiciones de vida y de la actividad económica”. También se priorizará la reparación de infraestructura pública y el restablecimiento de servicios esenciales.
Más allá de la emergencia climática, el orden del día incluirá otros temas de relevancia institucional y social. Se debatirá una modificación al Código Tributario Provincial, específicamente en el artículo 206, para actualizar los criterios de exenciones en el impuesto inmobiliario, buscando adecuarlos a la actual realidad económica de los contribuyentes, como fuera adelantado por Tendencia de Noticias. Por otro lado, en materia de salud, se tratará la autorización para destinar un inmueble en la comuna de Cebil Redondo a la instalación de un Centro de Atención Primaria (CAPS), respondiendo al crecimiento poblacional de la zona. Finalmente, el recinto abordará la adhesión a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, con el propósito de incorporar estos contenidos de forma transversal en todo el sistema educativo de la provincia./TDN
