Lijo abrió las cuentas de Adorni: ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete y su esposa
La investigación sobre Manuel Adorni dio este jueves un paso sensible y de alto voltaje judicial. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete, de su esposa Bettina Angeletti y de una firma de la que ambos son propietarios, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que intenta reconstruir el origen, la evolución y la consistencia de su patrimonio.
La decisión fue tomada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, que viene impulsando una batería de medidas para seguir la ruta del dinero y revisar si hubo movimientos incompatibles con los ingresos declarados por el funcionario. El levantamiento del secreto también alcanzó a seis mujeres que aparecen en el expediente como supuestas prestamistas o acreedoras de Adorni, lo que amplía de manera significativa el radio de la pesquisa.
Una medida clave para abrir el corazón de la causa
La resolución firmada por Lijo habilita a la fiscalía a ingresar en una zona que hasta ahora estaba protegida por confidencialidad: cuentas bancarias, productos financieros, depósitos, transferencias, créditos, inversiones y documentación fiscal de los involucrados. En términos prácticos, significa que la Justicia podrá acceder sin restricciones al detalle de movimientos que, por ley, solo pueden abrirse con autorización judicial expresa.
La decisión también incorpora el levantamiento del secreto contemplado en la normativa vinculada al lavado de activos, lo que le permite al expediente sumar otra capa de análisis sobre eventuales operaciones no justificadas, desvíos de fondos o inconsistencias patrimoniales.
El objetivo inmediato es claro: determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni y su entorno puede explicarse con sus ingresos, su actividad privada y la documentación presentada, o si por el contrario aparecen huellas de maniobras que puedan configurar delitos económicos.
La lupa sobre Adorni, su esposa y una empresa propia
Además de Adorni y Angeletti, la medida abarca a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja. La fiscalía pretende revisar el funcionamiento económico y financiero de esa sociedad como parte del mapa patrimonial general del funcionario.
La decisión de incluir a la empresa no es un dato menor. En causas de este tipo, las sociedades comerciales suelen convertirse en un punto de observación relevante para detectar ingresos, préstamos, transferencias o movimientos que no aparecen de manera directa en la esfera personal, pero que pueden tener conexión con ella.
Con esa lógica, el expediente ya no se limita a la situación individual del jefe de Gabinete. La pesquisa empieza a tomar una escala más amplia, donde las relaciones societarias, las operaciones privadas y las eventuales triangulaciones pasan a ser parte del mismo rompecabezas.
Seis nombres más bajo revisión
Lijo también ordenó levantar el secreto fiscal de seis mujeres mencionadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
La inclusión de esos nombres deja ver que la investigación no solo busca mirar los bienes del funcionario, sino también contrastar las explicaciones sobre préstamos, respaldos financieros y movimientos que pudieran haber servido para justificar parte de sus operaciones patrimoniales.
Ese punto aparece como uno de los más delicados del expediente. Si la fiscalía intenta seguir la trazabilidad completa del dinero, no alcanza con revisar el patrimonio de quien está bajo sospecha: también necesita verificar si quienes figuran como acreedores tenían capacidad económica real, si los préstamos existieron en los términos declarados y si el circuito financiero cierra.
Qué información pidió Pollicita
El fiscal solicitó que se releve toda la información bancaria, financiera y fiscal de Adorni, Angeletti y la firma bajo análisis desde el 1° de enero de 2022. Ese recorte temporal busca cubrir el período previo al desembarco del funcionario en el Gobierno y seguir también lo ocurrido desde entonces, para medir variaciones patrimoniales antes y después de su ingreso a la función pública.
Entre los datos requeridos figuran cuentas bancarias, cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas, plazos fijos, cajas de seguridad, préstamos, créditos y cualquier otro producto financiero. La fiscalía también pidió rastrear operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, cuentas de pago, CVU, alias y otras herramientas del sistema financiero digital.
A eso se suma el detalle de ingresos y egresos, transferencias emitidas y recibidas, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos tomados u otorgados, consumos con tarjeta y toda operación que ayude a seguir la circulación del dinero con identificación de fecha, monto, concepto y contraparte.
El expediente entra en una etapa más profunda
Pollicita también reclamó a ARCA toda la información tributaria disponible sobre los involucrados, incluidas declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, anexos, formularios, papeles de trabajo, presentaciones rectificativas y aperturas patrimoniales. En otras palabras, la fiscalía quiere reconstruir la película completa, no apenas una foto parcial.
Ese movimiento transforma el expediente. El levantamiento del secreto bancario y fiscal suele marcar un cambio de intensidad en este tipo de causas, porque ya no se trabaja solamente sobre bienes declarados o documentación aportada por las partes, sino sobre el flujo concreto del dinero y su consistencia con el relato patrimonial.
La decisión judicial, por lo tanto, coloca a Adorni en una instancia más comprometida. No implica por sí sola una definición de responsabilidad, pero sí expone que el expediente dejó atrás una fase preliminar y empieza a meterse en el núcleo duro de la investigación: las cuentas, las deudas, los préstamos, los activos y las operaciones que pueden explicar —o complicar— su situación patrimonial./Perfil
