No habrá cambios en la Fuerza: avanzan las investigaciones que involucran a personal policial

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, y el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo, con el fin de analizar las medidas adoptadas frente a irregularidades detectadas en la fuerza policial. Las actuaciones incluyeron allanamientos y detenciones ordenadas por la Justicia por diversos delitos que permanecen en estudio. Además, las autoridades evaluaron los avances de la investigación relativa a la expulsión de un exjefe regional y su segundo por el uso de personal policial y personas privadas de su libertad en tareas particulares en la zona de El Cadillal.

“No habrá cambios en la fuerza”, aseguró Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad, luego de una jornada en la que surgieron a la luz dos nuevos hechos de corrupción en que estarían involucrados jefes policiales. Un día que estuvo cargado de tensiones y versiones sobre renuncias que nunca se concretaron. Pero por ahora, ya que nadie púede asegurar qué ocurrirá con el avance de las investigaciones.

Con la salida del sol, decenas de efectivos realizaron una quincena de allanamientos en la casa de comisarios y de civiles. La fiscala Mariana Rivadeneira había solicitado las medidas porque investigaba una denuncia que recibió el lunes. Efectivos de la Unidad Regional Norte, que ya están siendo investigados por utilizar presos y efectivos en la construcción de la vivienda del ex comisario Gustavo Beltrán, fueron demandados nuevamente.

La denuncia
Una mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, se presentó en Tribunales para denunciar. Contó que era organizadora de fiestas que se desarrollaban en Lomas de Tafí, Tafí Viejo y Yerba Buena. Explicó que desde noviembre del año pasado personal superior de la URN le pedía dinero para que pudiera realizar los encuentros sin problema. Informó que aceptó pagar entre $800.000 y $1 millón todos los sábados.

Habría dicho que cuando se negó a pagar esa suma de dinero, los denunciados realizaban operativos sorpresa en las inmediaciones de los lugares donde se desarrollaba la fiesta o directamente ingresaban al interior de los lugares para detener gente. La mujer, ex pareja de un oficial de la fuerza cuestionado por sus posibles vínculos con un supuesto narco, indicó que terminó fundiéndose por la persecución policial.

Este año, según confiaron fuentes judiciales, la denunciante relató que cambió de estrategia para seguir desarrollando la actividad. Decidió utilizar el nombre de su madre para organizar los bailes. Dijo que cuando los uniformados se dieron cuenta, comenzaron a pedirle $1,5 millones para que no tuviera problemas. Ante este nuevo conflicto y la confirmación de que Beltrán y otros funcionarios de la URN habían sido procesados, se animó a realizar la denuncia en la Justicia.

La mujer presentó evidencias para demostrar sus dichos. Según trascendió, entre otras pruebas, capturas de pantalla de los mensajes que intercambiaba con algunos comisarios y comprobantes de los pagos que realizaba a través de transferencias bancarias. Uno de ellos, habría sido a la caja de ahorro donde percibe su sueldo uno de los comisarios denunciados.

La fiscala estima que se podría haber organizado una red de corrupción que consistía en que comisarios de distintas dependencias policiales cobraban sobornos que podrían haberles entregado a sus superiores.

La representante del Ministerio Público no descarta que al tomar estado público surjan nuevas denuncias. Rivadeneira realizó los allanamientos para secuestrar los celulares de los señalados. Allí podría encontrar las pruebas que necesita para sostener su hipótesis, pero por el momento no procesó a ninguno de ellos.

Los nombres de los efectivos cuyas casas fueron allanadas se mantienen en reserva. Entre otros, aparecen Beltrán (al que le dictaron seis meses de prisión preventiva y se encuentra alojado en el penal de Benjamín Paz por hacer trabajar a presos y agentes en su casa del Cadillal), su segundo Sergio Juárez, y Walter Colombres, nombrado recientemente como segundo jefe de la URN.

Entre los denunciados, aparecerían varios de los mencionados en el Caso Gargiulo, un hombre que fue acusado de vender drogas y después se probó que su detención se habría producido en un procedimiento irregular.

También fue mencionado Miguel Carabajal, titular de la ex Brigada de Investigaciones, que fue acusado por la denunciante de haber ingresado ilegalmente a un baile que realizaba. Sin embargo, hay actas oficiales en las que se documentó el procedimiento, en el que fueron aprehendidos dos acusados por robo. Anoche, las autoridades judiciales confirmaron que le habían devuelto el celular que le habían secuestrado.

“Esta es otra investigación que se inició por una denuncia en la que estaría involucrado personal de esa jurisdicción. No nos sorprende; entendemos que esto forma parte de la investigación que está desarrollando la Justicia. Vamos a colaborar”, explicó Agüero Gamboa.

El funcionario anticipó dos puntos claves. Uno de ellos es que los ascensos quedaron suspendidos por el momento; y el otro, que habría más efectivos implicados en irregularidades en la URN. Trascendió que serían 18 comisarios observados.

El caso generó una serie de movimientos en la Casa de Gobierno. El ministro de Seguridad se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo, encuentro al que luego se sumó el jefe de Policía, Joaquín Girvau. Mientras ello ocurría, se activó una usina de rumores que no sólo aseguraban que renunciaría toda la plana mayor, sino que comenzó la danza de nombres de sus posibles reemplazantes. Pero nada de eso ocurrió. “Hubo un respaldo a la fuerza y se analizó cuáles eran los planes que se pondrían en práctica para fin de año y reforzar los operativos durante las vacaciones”, añadió el ministro.

Dos detenidos
Mientras Agüero Gamboa confirmaba a los funcionarios, la Policía detenía a Jorge Mastafá, comisario retirado y ex director de Tránsito de la Municipalidad capitalina. Lo mismo ocurría con el comisario Marcelo Soraire, ex jefe del destacamento policial de Casa de Gobierno y que estaba al frente de la dependencia de Tribunales. “Esta es una investigación en la que la Policía tuvo una activa participación. Es una prueba de que estamos en plena depuración. Vamos a apoyar a los buenos policías y perseguir a los que actúan fuera de la Ley”, explicó Girvau.

Ambos quedaron detenidos por pedido del fiscal Diego López Ávila en una causa que ya lleva varios meses investigando. Ambos están acusados de integrar una asociación ilícita que usurpaba viviendas cuyos dominios no estaban en regla por problemas sucesorios u otras cuestiones legales. Según el expediente, esas propiedades eran vendidas a terceros con documentos falsos.

Según la teoría del representante del Ministerio Público, los policías acusados habrían cometido irregularidades a la hora de investigar los casos. Por ejemplo, podrían haber fraguado actas de constatación (medida que se solicita para comprobar la veracidad del hecho denunciado), presentado declaraciones a testigos falsos y brindado información sensible sobre inmuebles y el desarrollo de las pesquisas que se iniciaban en contra de la organización./LaGaceta