Presupuesto 2026: los fondos para educación nuevamente en la mira

El viernes el Gobierno tiene una sesión clave en el Senado. Pone en juego su proyecto de Presupuesto 2026 y su iniciativa de reforma del Régimen Penal Tributario (denominada Presunción de Inocencia Fiscal) pero, más aún, busca garantizarse un envión político: un triunfo podría iniciar una tendencia similar al del Congreso del 2024, cuando los dudosos siempre respaldaban sus propuestas, pero una derrota la puede tornar similar al de este año, cuando la oposición construyó una mayoría con agenda propia. Todo parece definirse en el artículo 30.

Ese apartado define la derogación de leyes que fijan mínimos de partidas presupuestarias a la educación y la ciencia. Entre sus reformas, remueve un párrafo de la Ley de Educación Nacional que establece un 6% como piso de inversión en todos los niveles del sistema educativo, en simultáneo a que elimina de la Ley Nº 27.614 el criterio de progresividad que debe tener el área de ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032. Además le pone fin al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, compuesto por un 0,2% de los Ingresos Corrientes, y al Fondo Nacional de Defensa, que representa un 0,8% de los Ingresos Corrientes.

Los argumentos del Gobierno nacional son que esas partidas educativas nunca fueron cubiertas por las pasadas gestiones y que la composición del Presupuesto deben tener una cualidad dinámica. Desde el peronismo, en cambio, señalan que la iniciativa quiebra el principio de no regresividad de las normas (es decir, que no se puede dar marcha atrás a una garantía o derecho establecido por ley) y que altera sectores claves para el desarrollo de cualquier economía nacional. Es por eso que convocaron este lunes a una conferencia de prensa junto a estudiantes y dirigentes vinculados a la Educación Técnica, cuyo financiamiento -según CEPA- caería 93% en términos reales con respecto a lo ejecutado en 2023 de aprobarse la redacción oficialista.

La actividad del justicialismo sólo acentúo algo que La Libertad Avanza ya advertía: luego de que se caiga el capítulo 11 en Diputados (que derogaba también la Ley de Financiamiento Universitario, entre otras propuestas), el objetivo es blindar ese artículo. Ya no se trata del equilibrio fiscal: de modificarse cualquier elemento de la redacción del Presupuesto 2026, el proyecto deberá regresar a Diputados, que tendrá sólo dos días para dictaminar y aprobar la iniciativa antes del fin de las sesiones extraordinarias, fechada para la medianoche del 30 de diciembre. Desde el oficialismo aseguran ya haber comprado pasajes de avión abiertos para los representantes provinciales en caso de que tengan que llegar a Capital Federal de urgencia.

Con el objetivo de alcanzar los 37 votos en el Senado, La Libertad Avanza (21 bancas, con la incorporación del rionegrino Enzo Fullone en reemplazo de Lorena Villaverde) convocó a una llamada virtual a una serie de senadores dialoguistas. De ese encuentro no se llevó la certeza de tener todos los respaldos para el artículo 30 y pone el ojo especialmente en la posibilidad de las abstenciones masivas, además de la dinámica de votación: en la oposición se ilusionan con modificar la definición por capítulos como fue en Diputados.

Dentro de los veinte artículos del capítulo II, donde está la redacción conflictiva, se encuentran una serie de apartados referidos a la vinculación con organismos internacionales de financiación, las partidas para el Fondo Nacional de Empleo ($11.290 millones), los fondos para protección de bosques nativos (superiores a $17,5 mil millones) y la eximición de derechos de importación a servicios portuarios y aeroportuarios. Además, se establece el presupuesto para el sistema universitario público en torno a los $4,8 millones, muy lejos de las estimaciones de $7,3 billones que la dirigencia académica asegura precisar. «En estas condiciones es imposible que las universidades públicas podamos desarrollar con normalidad todas las actividades en el 2026», señaló el Consejo Interuniversitario Nacional en un comunicado.

Cuando hace las cuentas, el Gobierno da por descontada una amplia aprobación de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y de la votación en general del Presupuesto 2026, pero no del artículo 30. Para ese momento, sabe que tiene respaldos de los oficialismos de Misiones y Tucumán, aguarda por un nuevo apoyo del PRO pese al reciente conflicto por la AGN y anticipa una postura dividida de la UCR (el bonaerense Abad y el catamarqueño Fama, de cercanos vínculos universitarios, rechazarían ese texto).Las expectativas están puestas en lo que decidan el correntino Espínola, la cordobesa Vigo, la salteña Royón, la chubutense Terenzi (todos responden a sus gobernadores) y los herméticos santacruceños Gadano y Carambia. Casa Rosada convocó a este último el lunes, con la meta de blindar su respaldo.

Más complejo está el apoyo de la neuquina Corroza: su par del oficialismo provincial en Diputados, Maureira, apoyó la votación en general y rechazó el capítulo que incluía este artículo en particular. La definición será al límite, pero los números en la previa corren a favor del oficialismo, más aún con el desgaste que sufrió la comunidad universitaria en su capacidad de tracción de voluntades, luego de dos años de manifestación y en pleno fin de año.

Las autoridades académicas no ven con optimismo que se revierta el panorama, pese a un reciente fallo judicial que instó al Gobierno a ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario: en su defensa de gestión, Alejandro Álvarez -el funcionario libertario encargado de las políticas para este sector- advirtió que “no está previsto el aumento de salarios en la medida que lo solicitan los sindicatos». Según CONADU, la pérdida salarial del sector (agosto del 2025 en relación a diciembre del 2023) en términos reales fue del 38,7%, y no se cierra una paritaria desde octubre del 2024.

En paralelo, la conducción del peronismo también teme quedar expuesto en la sesión. A una semana de conformar el interbloque Popular para consolidarse como primera minoría con 28 miembros, las posturas podrían estar divididas dentro del recinto. Los cinco senadores de Convicción Federal, por caso, apoyarían al Presupuesto 2026 en la votación general y prevén un repaso artículo por artículo en Nochebuena y Navidad para definir una postura uniforme en el resto del debate, con rechazo a todo recorte del financiamiento educativo. Similar posición tomarán los dos representantes del Frente Cívico por Santiago. Lo que sí es una seguridad es que las próximas 48 horas no serán de fiestas para el cuerpo del Senado.