Amenazas de bomba: Decenas de expedientes tiene trámite judicial

Amenazas de bomba: Decenas de expedientes tiene trámite judicial
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Las primeras amenazas de bombas comenzaron a recibirse en marzo. Lo que eran hechos aislados, terminaron siendo un serio problema. Hasta aquí son al menos 50 investigaciones que se abrieron por las alertas de existencias de artefactos explosivos en establecimientos educativos de la provincia.

Ayer se realizó la primera audiencia en contra de una mujer que era la titular de la línea del celular que llamó a la ENET 3. Pero no será la primera.

“Desde hace varias semanas que se está trabajando intensamente para tratar de identificar a los responsables de realizar estas amenazas”, aseguró la fiscala Mariana Rivadeneira. “Los resultados ya comenzaron a dar sus frutos y en los próximos días podrían realizarse al menos otras 10 audiencias de imputación”, añadió.

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La investigadora señaló que por orden del ministro Fiscal Edmundo Jiménez una oficina con expertos está trabajando desde hace varios días en estos casos. “Estimamos que son unos 45 y que todos tienen complejidades diferentes. Dar con los responsables lleva su tiempo, porque no es tan sencillo como muchos creen. Pero paulatinamente estamos dando con los supuestos autores. La política criminal es perseguirlos”, añadió Rivadeneira, que acusó a la mujer de intimidación pública.

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En el artículo 211 del Código Penal este delito se describe como dar voces de alarma, hacer señales o utilizar “otros medios materiales” para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes. Y las penas que fija van de los dos a los seis años de prisión. En caso de que realmente existiera una bomba, la pena sería mayor.

Según confirmaron fuentes judiciales, son unos 45 expedientes que están en manos de la Justicia ordinaria, mientras que hay otros cinco en la Federal que están siendo investigados por el fiscal Agustín Chit.

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Fuentes judiciales informaron que la mayoría de estos casos podrían cerrarse con soluciones alternativas. Una de ellas es que los responsables, ya sean menores o mayores, realicen una reparación por los gastos que le generaron al Estado. Esta fue una herramienta que se aplicó en Buenos Aires.

LaGaceta

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