Venta ilegal de mercadería: dictan prisión preventiva a un empleado legislativo

Venta ilegal de mercadería: dictan prisión preventiva a un empleado legislativo
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La cuestión laboral empeoró la situación procesal de Marcos Soria, el quinto detenido por la venta de mercadería de Desarrollo Social. El edil Emiliano Vargas Aignasse desmintió que se desempeñara en el Consejo Deliberante de la capital como pensaban los investigadores y aseguró que trabajaba para él. Sin embargo, las autoridades confirmaron que era empleado legislativo desde hace 15 años. Por esa situación, fue acusado de encubrimiento agravado al ser funcionario público y le dictaron la prisión preventiva por 30 días.

El sábado, en el marco de la investigación que desarrolla el fiscal Ignacio López Bustos, se allanó la casa de Rosa Margarita Ibáñez. En ese lugar se encontró los víveres que el Estado entrega para asistencia alimentaria. Varios testigos indicaron que Soria era el dueño y que él la ocultaba ahí.

En una audiencia, a la mujer la acusan de encubrimiento, pero su defensora Agustina Recalde logró que continuara el proceso en libertad. Horas después, Soria se presentó ante las autoridades cuando la Policía lo estaba buscando.

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La auxiliar Julieta Molé, siguiendo instrucciones del fiscal López Bustos, planteó su teoría del caso. Señaló que con la evidencia recolectada, sospechan que entre marzo y diciembre de 2023, Soria retiraba la mercadería de la empresa Hacha de Piedra y que, en vez de entregarla a los beneficiarios, se la vendía a Ibáñez y a su hija Alejandra.

Esa versión fue la que aportó el concejal Vargas Aignasse. Indicó en una entrevista con LA GACETA que él retiraba la mercadería y, con una hoja de ruta, supuestamente la entregaba a las personas que ellos ayudaban. “Nunca recibimos una queja porque no sabíamos lo que estaba haciendo”, indicó.

Molé pidió que se lo acusara de encubrimiento agravado, ya que al ser empleado de la Legislatura desde hace 15 años debía ser considerado como funcionario público. “Por el puesto que ocupa no podía desconocer el daño que causaba con su conducta. Estamos hablando que vendía alimentos que compraba el Estado con los aportes de toda la sociedad y que estaban destinados a personas vulnerables”, destacó.

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También pidió que se le dictara la prisión preventiva por 30 días porque podía entorpecer la investigación y presionar a las mujeres que testificaron en su contra. Informó además que Soria tuvo causas en la Justicia por tenencia de droga para uso personal y dos por violencia de género.

El defensor Víctor Padilla cuestionó la acusación al considerar que no había elementos necesarios. “La auxiliar dice que Soria recibía mercadería de un funcionario no identificado, pero no sabemos quién y si realmente estamos hablando de un funcionario”, destacó. “Después se apoya en una persona que dijo haberlo visto descargar mercadería que creía que podía ser de Desarrollo Social, pero no sabemos quién es. Además, también cuenta con el testimonio de la mujer que está imputada en la causa y de su hija”, razonó el profesional que también se opuso al dictado de prisión preventiva,

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La jueza Isabel Méndez aceptó los argumentos de la fiscalía y ordenó que Soria permanezca detenido por 30 días. Este es el cuarto investigado al que se le dicta la prisión preventiva. Los otros son Adrián y Juan Juárez e Ivana Sánchez, aunque esta última la está cumpliendo con la modalidad de arresto domiciliario.

Antes de que Padilla impugnara la resolución, la jueza se refirió al expediente. “Estamos ante un caso que generó un golpe institucional en la provincia que está generando un impacto social porque afecta a personas vulnerables”, destacó.

La Gaceta

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